Presidente de la Suprema alude a delitos que “no eran frecuentes en nuestra sociedad” en inicio de año judicial 2024

Este viernes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dio por inaugurado el año judicial 2024 en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, del ministro de Justicia, Luis Cordero; del fiscal nacional, Ángel Valencia, entre otros.

Al inicio de su discurso, Blanco repasó la historia del máximo tribunal del país. “Hace dos siglos, en nuestra segunda Constitución Política se consagró un hito fundamental: se declaró a la Corte Suprema de Justicia como la primera magistratura judicial del Estado. Ello trazó el camino sin retorno hacia la independencia de la función jurisdiccional, llegando incluso a establecer expresamente dentro de sus roles proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales.

Asimismo, el presidente de la Suprema entregó varias cifras de lo que fue 2023. En ese sentido, afirmó que el año pasado se registró un alza en los ingresos de causas a los tribunales de primera instancia, en todas las competencias. En números, estas causas alcanzaron los 3.106.000, lo que implicó un aumento del 25,8% respecto del año 2022. “Esta alza se produjo por el incremento de causas en competencia civil, laboral, familia y cobranza laboral y previsional”.

Así las cosas, dijo que en la Suprema se puso fin a más de 2.041.000 procesos, lo que significa un aumento de 4,1% respecto al año anterior. Con todo, dijo que las causas en tramitación alcanzan los 2.795.000, lo que representa un incremento de un 12,6% respecto de 2022.

En las Cortes de Apelaciones, durante el año pasado ingresaron más de 256 mil causas, cifra que representa una reducción de un 69,4% respecto del año anterior, debido a la disminución de los recursos de protección contra Isapres. Los términos en los tribunales de alzada llegaron a los 508 mil, correspondiente a un 7,8% menos que el año 2022; mientras que las causas en tramitación llegaron a poco más de 76 mil 600, esto es, un 77,3% menos que el año anterior.

En ese sentido, Blanco señaló que los ingresos en la Corte Suprema superaron en un 47% a los del año 2022, aumentando de 171 mil a 252 mil. “El incremento se produjo por las apelaciones de protección, que tuvieron un alza de un 51,4%. Las causas terminadas en esta Corte mostraron un crecimiento de un 65,7%, alcanzando más de 243 mil; mientras que las causas en tramitación, al 31 de diciembre de 2023, ascendieron a las 40 mil 300″, dijo.

Siguiendo con su alocución, Blanco se refirió a los desafíos de la Corte Suprema en cuanto a la aplicación de las normas. “Un desafío creciente de los últimos años para el Poder Judicial radica en la implementación de diversas leyes de compleja ejecución, que obligan no solo a adecuar las actuaciones, tecnología y capacitación interna, sino también a coordinar esas acciones con los otros actores involucrados”.

En ese sentido, mencionó la reforma constitucional que posibilitó destinar los retiros de las AFP para el pago de pensiones alimenticias. Otro ejemplo de ese punto fue la ley que estableció el monitoreo telemático como medida cautelar en casos de violencia intrafamiliar, tanto en sede penal como de familia.

Por otra parte, Blanco tuvo palabras para las causas por violaciones a derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En ese ámbito dijo que 1.289 de estas causas se encontraban siendo investigadas en primera instancia al 31 de diciembre de 2023. “Por su parte, ante las Cortes de Apelaciones del país, en la misma fecha, se contaba con 78 recursos pendientes y en la Corte Suprema un total de 87. Cabe destacar que durante el 2023 este último tribunal, a través de su Segunda Sala, falló un total de 95 causas penales y 57 civiles, cifra superior a las 35 penales y 17 civiles del año anterior”.

También mencionó el Plan Nacional de Búsqueda, que lidera el Ejecutivo y que “tiene por fin esclarecer las circunstancias de desaparición forzada, muerte y paradero de las personas víctimas de estos ilícitos, al cual el Poder Judicial continuó aportando información y ejecutando labores de coordinación. Asimismo, se continuó prestando colaboración al Ejecutivo para dar respuesta a los requerimientos de información realizados al Estado chileno, por instancias internacionales en materia de Derechos Humanos”.

Finalmente, Blanco aludió a la crisis de seguridad que afecta al país desde los últimos meses. “Ahora dedicaré un espacio para los desafíos y lineamientos que guiarán esta presidencia”, dijo para introducir este punto.

“En el último tiempo, hemos experimentado la ocurrencia de delitos que no eran frecuentes en nuestra sociedad, ni en cantidad, ni en gravedad, ni en el modo de ejecución. Y esa realidad ha de ser atendida por todos los actores involucrados”, dijo.

En ese sentido, explicó cuál es el rol de los jueces. “En el sistema penal las decisiones que adopta la judicatura se producen en un contexto determinado por la ley. No tiene el juzgador el rol de impulsar el proceso penal, pues le corresponde resolver conforme al mérito del proceso, que en nuestro sistema se alimenta con lo que presenta el Ministerio Público y la defensa del requerido. Se trata de una labor en ocasiones poco comprendida, pero que tiene la virtud de fortalecer la democracia, pues no existe mayor tributo a ese concepto que fallar de acuerdo con lo que dicta la ley, con pleno respeto al debido proceso, resguardando con ello la legitimidad y eficacia del sistema de justicia penal”.

Por último, expresó: “A la preocupación general por la seguridad de la población, se debe añadir el deber de atender las medidas de protección necesarias para que los procesos judiciales se efectúen en condiciones adecuadas para todos los intervinientes. Por ello, nos encontramos desarrollando acciones dentro del Poder Judicial y fortaleciendo los vínculos interinstitucionales, particularmente, para las audiencias que se realizan en los Juzgados de Garantía y en los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal”.