Propuesta de aborto legal: Orellana afirma que “no solo queremos despenalizar” sino que “otorgar una prestación que no dependa del bolsillo de las mujeres”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó la apertura de 42 causas en 2023 por abortos fuera de las tres causales y apuntó que el anuncio del Presidente Gabriel Boric de avanzar en una iniciativa legislativa respecto a la materia busca no solo despenalizar sino que también “avanzar en otorgar una prestación que no dependa del bolsillo de las mujeres”.

De acuerdo a las cifras del Poder Judicial, durante 2023 se abrieron 42 causas relacionadas con abortos que no estaban enmarcados dentro de las tres causales reguladas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE). De ellas, 19 corresponden a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas; otras 19 por interrupciones sin consentimiento; y otras cuatro por procedimientos hechos por facultativos.

Al respecto, la secretaria de Estado dijo este sábado que la legislación actual en la materia considera las causales de violación, la inviabilidad fetal y el riesgo de vida de la madre para avanzar en un aborto. “Le pone una excepción y, por lo tanto, como es un delito, una vez se constata se inicia un procedimiento”.

“Hay bastantes estudios que muestran que, además, en las sanciones que establecen estos procedimientos se dan formas de castigo más moral a las mujeres que lo que se señala estrictamente en la legislación, como por ejemplo tener que donar o participar de sesiones con organizaciones antiaborto o cuestiones así, que van mucho más allá de lo que en verdad se modula en el Código Penal”, comentó Antonia Orellana.

Y respecto a las investigaciones de 2023, se refirió a las denuncias hechas por facultativos de la salud. “Queremos recordar que desde los años 2000 existe la circular en la que se señala expresamente el derecho a la privacidad de los pacientes de la saluda y que no se está obligado a denunciar aquello, que eso no obsta la atención de salud”, indicó la ministra de la Mujer.

“Esto tiene vínculo, por supuesto, con el anuncio del Presidente, que nos mandata a presentar un proyecto de legalización del aborto, porque precisamente lo que se busca no es solo que no sea un delito, eso sería solo una despenalización”, planteó.

“Lo que se busca es que haya igualdad en el acceso, porque tal como dijo la diputada Helia Molina -que le costó el cargo de ministra de Salud- en Chile se hacen abortos; las que tienen recursos lo pueden hacer con acceso a salud y las otras comprando quizás qué cosas por internet. Por lo tanto, no solo queremos despenalizar, sino también avanzar en otorgar una prestación que no dependa del bolsillo de las mujeres”, cerró.

En medio de la ceremonia de promulgación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la ministra también se refirió a la intervención del Ministerio de la Mujer en el caso de Ámbar Cornejo, la menor de edad que fue asesinada por Hugo Bustamante, quien recientemente confesó que había asesinado y enterrado a otras dos personas en el mismo lugar donde ocultó el cuerpo de Ámbar.

“Este es un caso contra una menor de edad. Recordar que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer realizan actividades de prevención, pero no podemos representar judicialmente en causas que tengan que ver con menores de edad, porque para eso existe otra institucionalidad, lo que es precisamente la que está al amparo de la subsecretaría de la Niñez”, aseveró.

Pese a que indicó que no es competencia de su cartera aseguró que “Ámbar tenía intervenciones desde distintas instituciones del Estado. Era usuaria del programa de integración escolar, contaba con medidas decretadas por el Tribunal de Familia relativo al pago de pensiones de alimento, que ella misma cobraba, encargaba solita de hacerlo. Ámbar contaba con una intervención respecto al Servicio Nacional de Menores de la época. Y, por lo tanto, algo que sí podemos decir en lo que hemos avanzado y que esta ley (integral de violencia de género) va a reforzar es la coordinación entre las instituciones, porque con todas esas intervenciones, aún así, no se detectó el riesgo en el que ella estaba”.