El proyecto de ley que enfrenta a feriantes y alcaldes

Las "ferias libres" tienen más edad que Chile como nación independiente. La primera oficialmente constituida fue en la Plaza de Armas de La Serena, en 1789, y significó que cada primer sábado de cada mes se vendía toda clase de legumbres, frescas o secas, aves y carnes -vivas y muertas-, manufactura de loza, tejidos y algodón.

Mucho después, hacia 1938, se aprobó en Santiago el uso de las calles para el comercio, pero nunca ha existido una norma legislativa sobre su ejercicio. Cada municipio se ha encargado de establecer ordenanzas para administrar a sus vendedores de frutas y verduras.

La relación entre feriantes y alcaldes han tenido diferentes hitos, encuentros y desencuentros. Por ello, la Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de ley sobre el tema.

El proyecto busca analizar conceptos de concesión y asociación de micro o pequeños empresarios, y estipula, entre sus objetivos, que los feriantes tengan derecho a capacitación y modernización de emprendimiento. También fija un número de puestos y tiempo para cada concesión.

Y allí empiezan las peleas. La Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres ha manifestado a algunos legisladores la intención de que puedan ser hasta 10 años cada concesión. "Nos interesa tener la seguridad de nuestro trabajo, que se nos reconozca como aporte a la ciudad y que nuestros puestos puedan ser heredables ", comentó Mario Cortéz, de la feria de Avenida Argentina, Valparaíso.

Según los comerciantes, la calle resulta inestable por los famosos "coleros", que extienden sin pago alguno las ferias. Esos que se ponen al final. También manifestaron su supuesta "inseguridad" respecto de la administración municipal, que puede tomar decisiones unilaterales sobre el funcionamiento de una feria, tiempo de permisos e incluso el traslado del comercio.

Se estima que en Chile hay 1.114 ferias libres, con 113 mil comerciantes asociados.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) , Felipe Delpin, reparó sobre varios puntos. "Es el municipio el que debe seguir entregando el bien de uso público, cobrando derechos y analizar la prorrogación de éstos. Un feriante puede perder su permiso por malas relaciones con sus compañeros, por cometer un delito o dañar el entorno", expresó

En esa línea, el edil se refirió a que "existen mafias que sustentan a los ambulantes y entorpecen el trabajo de los verdaderos feriantes. Por otro lado, cuando dicen que aportan económicamente, no es tan así, porque en La Granja, por ejemplo, son los vecinos quienes subsidian a las ferias. Con el pago de permisos no alcanza ni para gastos de aseo; a nosotros no nos aportan ni un peso".

Desde la Comisión de Economía, el diputado Boris Barrera (PC) explicó que la iniciativa "busca dar la seguridad jurídica y estabilidad a los feriantes, con garantías ante los alcaldes y la entrega de permisos. Pensamos de un tiempo de cuatro años por permiso".