Rafael Garay abre "desfile" de casos de estafas piramidales en los tribunales

Un tipo específico de delito económico se convirtió en una de las principales preocupaciones de la policía y el Ministerio Público en el año 2016: las estafas piramidales. Así, lo que comenzó con un caso particular que implicaba a los clientes de la firma AC Inversions, pronto se amplió a otras empresas. En menos de seis meses, la fiscalía abrió un total de 11 indagatorias de esta naturaleza, que con el correr de los años han tenido distinta evolución.

Un balance realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI reveló que en total estos casos sumaron 10.527 víctimas y el monto defraudado llegó a $ 186 mil millones.

Dentro de este fenómeno, uno de los que mayor repercusión obtuvo fue el que protagonizó el ingeniero comercial Rafael Garay Pita. Este viernes se dará inicio al juicio oral contra el profesional, en que el fiscal Centro Norte, José Morales, está solicitando seis años de presidio. Su caso, de esta forma, dará inicio a un "desfile" que tendrán estas causas en los tribunales durante los próximos meses.

En el caso específico de Rafael Garay, ese 2016 marcó un antes y después en su vida. En el primer semestre de ese año apareció en diversos medios de comunicación entregando consejos de finanzas a personas. En agosto se le perdió el rastro. Dijo a sus más cercanos que padecía un cáncer terminal en el cerebro y que se iba a Francia, en busca de la cura.

A los pocos días, en Concepción, Cristián Mora, un joven inversionista, advirtió que el modelo de negocios que había presentado Rafael Garay podría ser ilegal y reveló que 25 personas de la zona le habían entregado su dinero al profesional para financiar empresas emergentes de la Región del Biobío. "En nuestro caso, nunca se hizo nada, porque éramos pocas víctimas y poca plata. Solo se formalizó al socio de Garay, pero a él nada", reclama Mora.

Así comenzó la búsqueda de Garay, primero con preocupación por su salud, luego con fines criminales. El cambio ocurrió cuando cerca de 30 personas que confiaron su dinero a la empresa de Garay, Think&Co, reclamaron que el ingeniero no les devolvió los fondos que le habían confiado. Se estima que, en total, el ingeniero habría defraudado a sus víctimas en cerca de $ 1.800 millones, utilizando la figura de la estafa piramidal.

Su abogado, Daniel Celis, señaló que "(Garay) reconocerá los delitos" de estafa reiterada e infracción a la ley de bancos, contra las 31 víctimas que lo denunciaron.

El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, querellante, indicó que "en el caso concreto de Garay hay todo un engaño que se ideó para consumar la estafa con la enfermedad ficticia y la huida".

Las otras 10 causas de estafas piramidales se encuentran radicadas en la Fiscalía Oriente, donde -dicen fuentes de la institución- se planea llegar a procedimientos abreviados. En todos estos, se buscará que los autores de las estafas sean condenados.

La excepción a este escenario es la que deberán enfrentar Patricio Santos y su medio hermano, Camilo Cruz, los imputados por el caso AC Inversions. El próximo 11 de septiembre deberán presentarse en tribunales, pues se dará inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en su contra.

Para Santos, el Ministerio Público está solicitando una pena de 25 años de prisión, acusado por los delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos.

Las defraudaciones imputadas a Patricio Santos significaron pérdidas monetarias para más de 300 víctimas, explicó el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Segovia.

Otro de los casos que estalló ese año fue el de Alberto Chang y el Grupo Arcano. El imputado actualmente se encuentra en Malta y su caso se verá en tribunales el próximo 19 de septiembre, cuando se analice por segunda vez el pedido de extradición en su contra.

En paralelo, "se repatriaron 6,2 millones de dólares desde un banco en Isla Man y quedan pendientes otros 2,8 millones de dólares desde un banco en Australia", señaló el querellante Rafael Gómez, para quien esos fondos "deben ser repartidos entre las víctimas", estimadas en 100 personas estafadas, en total, en cerca de 100 millones de dólares.