Reforma a notarías costará más de $ 2 mil millones

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Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Una vez el nuevo sistema entre en régimen, significará un gasto anual de $1.234 millones.


El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que pretende modificar el sistema registral chileno, el cual es acompañado por el informe financiero con los recursos necesarios para plasmar la iniciativa.

Según el documento, poner en funcionamiento este nuevo esquema costará al Estado $ 2.120 millones, los que se deben ejecutar durante el primer año desde publicada la ley. En tanto, una vez el nuevo sistema entre en régimen, significará un gasto anual de $1.234 millones.

Entre los principales cambios a los que aspira el gobierno con el proyecto se encuentra la creación del fedatario, auxiliar de justicia dedicado a los trámites "de mesón", como legalizaciones y contratos de arriendos.

Además, se traspasa la fiscalización desde los ministros de la Corte de Apelaciones a los fiscales judiciales. Para fortalecer las capacidades de estos funcionarios, se considera una inversión inicial de $280 millones.

En este último aspecto, se propone fortalecer a los equipos de fiscales para así permitir una óptima vigilancia de notarios y fedatarios. Estos últimos, de acuerdo al proyecto, no tendrán un límite de cupo, una situación por la que han manifestado sus dudas la Asociación de Notarios y parlamentarios de oposición.

No obstante ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, enfatiza que el proyecto aborda esta situación.

"Esta inversión permitirá tener un verdadero sistema de fiscalización para estos nuevos ministros de fe. Los costos tienen que ser ponderados con los beneficios. Este sistema será muy ahorrativo para las personas en su gasto en dinero y tiempo", indicó.

Desde el gobierno, en tanto, señalan que las fiscalías contarán con la capacidad para esta labor, enfatizando que desde la creación del Sistema Procesal Penal y los Tribunales de Familia han disminuido sus cargas de trabajo solo al resguardo de la probidad de jueces y funcionarios judiciales.

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