Ricardo Díaz, presidente Asociación de Gobernadores: “El control de las policías debe corresponder siempre al gobierno a nivel central”

La tarde del martes 31 de enero la Asociación de Gobernadores sentaron las bases de lo que será el acuerdo con el Gobierno en torno a las transferencias de competencias que se les harán en materia de seguridad. Esto vía la eliminación de los delegados presidenciales, lo que ha sido un compromiso de la administración del Presidente Gabriel Boric desde que llegó a La Moneda.

Y aunque no todos los planteamientos de los gobernadores fueron incluidos, el presidente del la asociación, el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (IND), aseguró que en esta temática, “lo más relevante es que todos tenemos que llegar a un gran Acuerdo de Seguridad. La ciudadanía está pidiendo que demos respuestas concretas respecto a la grave crisis que estamos teniendo. Aquí nos sobran ideas y faltan manos, por lo que necesitamos a todos trabajando en conjunto”.

Además, señaló que “cualquier persona o representante político que no sea capaz de entender que la seguridad es una urgencia del país hoy, está muy perdido respecto de su cargo de representación. Esta es una demanda ciudadana y tenemos que responderle a la gente”.

¿En qué consiste el acuerdo alcanzado con la ministra Carolina Tohá?

En líneas generales, hay acuerdo en reconocer el rol preventivo que pueden generar los gobiernos regionales en torno al delito, la creación de una división de seguridad dentro de los gobiernos regionales y también la desaparición de la figura del delegado presidencial mediante la creación de un seremi de seguridad. Lo que nos parece que es muy relevante. Se reconoce el rol que podemos generar en torno a la creación de planes y programas de atención a las víctimas.

Eso sí, hay ciertas discrepancias en torno a la redacción del documento y con ciertos acápite ya que estamos porque no se limite la autonomía que pueden tener los gobiernos regionales.

¿Autonomía en qué materias?

Como en lo referente a la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan deducir querella. En eso no hubo acuerdo, pero entendiendo que hay proyectos en el Parlamento que están avanzando en ese sentido, nos gustaría que la discusión se siga llevando ahí. En términos generales nos parece que este es un muy buen acuerdo, porque avanzamos en competencias y en reconocimiento.

¿Qué acciones van a poder emprender con estas nuevas competencias?

Nosotros ya veníamos generamos acciones en el ámbito preventivo. Podemos concurrir con recursos y programas de prevención de seguridad barrial. Como alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, iluminación en barrio, recuperación de espacios públicos.

Entendemos que el rol de control de las policías corresponde principalmente a una facultad privativa del Ministerio del Interior, y así debe seguir. Por eso sabemos que esas atribuciones, con el fin de los delegados, deberá cumplirlo el seremi de seguridad. No está en nuestro afán duplicar los esfuerzos de control del delito desde el Estado, sino que más bien trabajar con el conocimiento territorial que tenemos y con la capacidad de acción que tenemos para apoyar en este rol preventivo.

Ahora, sin duda que con estas modificaciones podremos concurrir con mayor fuerza en aquellas cosas en las que el Estado ha estado ausente, como en el tratamiento a víctimas. También podremos ir coordinando con la policía o con distintos servicios, financiamiento de iniciativas que den mayor certeza y ayuden en procesos investigativos, pero todo respetando las indicaciones que den las mismas policías. Podríamos acompañar compra de vehículos u otros insumos.

Indica que esto ya lo hacen ¿Cuál sería la nueva atribución?

Es que hoy no existe el reconocimiento del rol preventivo en seguridad de los gobiernos regionales. No existe eso, pero lo hacíamos porque efectivamente hay una demanda ciudadana y nuestra principal preocupación era que se reconociera eso que estábamos haciendo. Con este acuerdo eso se logra.

¿Cómo se prevé la interacción con los futuros seremi de Seguridad?

Los gobernadores ya trabajamos con las distintas seremías, porque muchos de los proyectos que se ejecutan en las regiones a través de Convenio de Programación se realizan en coordinación con nosotros. Muchas veces los gobernadores al concurrir con recursos podemos hacer indicaciones respecto de cómo se van a ejecutar con cierta prioridad los proyectos. En ese sentido, no creo que haya mayor dificultad de poder irse coordinando con los distintos servicios y con el nuevo representante de seguridad.

Lo que nosotros hemos planteado siempre es que se hace necesario una articulación de todos los elementos del Estado cuando, por ejemplo, vemos que hay crimen organizado y bandas especializadas operando. Deberíamos concurrir todos nosotros a un trabajo en conjunto, donde desde lo regional podamos apoyar la labor que van generando distintos servicios. Eso se podrá hacer porque se reconoce que podemos ser parte de los Consejos Regionales de Seguridad y del Consejo Nacional, donde se definen acciones y planes.

¿Cuál es el plazo para la eliminación de los delegados?

En el acuerdo que se firmó en Antofagasta se indicó que la presentación del proyecto de ley que supone su eliminación será en mayo. Y nos gustaría que estas otras medidas, que igual pasan por la presentación de un proyecto, también se aceleraron hacia el mes de mayo, puesto que nos parece que es un tema de urgencia. Es un tema donde tenemos que concurrir con con la mayor celeridad posible, por lo que esperamos que haya conversación con el Parlamento.

¿Está definido qué pasará con las atribuciones que no son de seguridad que ejercían los delegados?

Nosotros recibiremos atribuciones en el ámbito de la prevención, no es que todo lo que tenía el delegado se pasa a los gobernadores.

¿Y cuando se elimine esa figura que pasará con esas otras funciones?

Hay elementos de coordinación de las seremías que hay que ver cómo se pueden realizar. Porque efectivamente los gobernadores, a través de distintas instancias, tenemos cierto espacio de coordinación de las distintos servicios públicos. Entiendo, de todas maneras, que no todo se traspasaría a nosotros. De hecho, hemos sido claros en que el control de las policías debe corresponder al gobierno a nivel central.

Este acuerdo es relativo a seguridad ¿Cómo avanzarán con el resto de las atribuciones que ustedes demandan?

Hemos estado trabajando en 3 áreas con el gobierno. En este tema de seguridad, en rentas regionales y en lo referente a descentralización. Ahí están también esas otras atribuciones, a nosotros nos gustaría algunas transferencias de servicios que nos permitan ir trabajando mejor los temas que preocupan a cada una de las regiones. Esas conversas siguen abiertas, hay coordinaciones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el Ministerio de Hacienda.