Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor: "El crédito que propone el gobierno es una verdadera bomba de tiempo"

Los rectores de planteles privados no están contentos con el proyecto del gobierno que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) para la Educación Superior. Algunos se han reunido para conversar sobre los puntos que les parecen negativos y se están preparando para llevar sus argumentos al Congreso. El rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, es uno de ellos y habló con La Tercera sobre las críticas a la iniciativa.

¿Por qué no les gusta el crédito propuesto por el gobierno?

Como todo proyecto, tiene aspectos positivos y varios negativos. Un mérito es haber sacado a la banca del sistema, además se consolida un sistema de financiamiento que les otorga seguridad a las familias para asegurar la educación de sus hijos. Y un tercer elemento positivo es que en la actualidad existe una odiosa y clara discriminación al existir dos créditos distintos (el CAE y el Fondo Solidario), con diferencias sustanciales en la metodología de pago solo por el hecho de que ese alumno esté matriculado en una universidad del Consejo de Rectores o no.

¿Cuáles son los aspectos negativos que ve?

Me parece curioso que este gobierno y sus autoridades del Ministerio de Educación extiendan tan fácilmente la gratuidad del primero al sexto decil en aquellas universidades incluso que no están adscritas a la gratuidad; es beneficioso para los alumnos, pero es tremendamente negativo para las instituciones.

¿Usted lo ve como un tipo de gratuidad?

En el mensaje del proyecto de ley han dicho que los alumnos del primero al sexto decil no pagan nada mientras estudian porque se prohíbe el copago. Y el mecanismo que utilizaron para no decir que es gratis es que las instituciones demos una beca interna o un crédito que otorgue la propia universidad, el que se pagará nunca.

¿Qué tan difícil es recuperar esos recursos?

El mecanismo de recuperación de ese hipotético crédito que la institución otorgue por lo que no cubra el crédito, es decir por el copago, se empieza a pagar una vez que el alumno haya pagado la mitad del crédito al Estado. Eso significa ocho años y medio después de terminar una carrera, y una universidad no tiene ni experiencia ni los instrumentos necesarios para hacer una cobranza adecuada; vale decir, es una letra muerta.

¿Piensa que generará una merma económica?

Por esta vía -y es contradictorio- se disminuyen los recursos totales al sistema. Los menores ingresos que van a tener las universidades por no poder disponer del copago, hemos simulado del orden de los $ 40 mil millones. A eso hay que sumarle que con la gratuidad se le sacan al sistema del orden de $ 110 mil millones adicionales. Es decir, el sistema en su conjunto dispone del orden de 270 millones de dólares menos para el financiamiento. Y esto es contradictorio, porque todos sabemos que la calidad es cara y requiere una inyección mayor de recursos por parte del Estado y/o terceros. Otro punto grave para todas las universidades es que, con esta política de asignar recursos, de asimilar el crédito a la política de gratuidad del primero al sexto decil, el financiamiento de nuestras universidades va a depender del arancel regulado que vamos a conocer año a año. Todo el sistema universitario va a quedar sujeto a la disponibilidad de la caja fiscal y de la voluntad política del gobierno de turno.

¿Cómo le afecta eso a ustedes?

A la Universidad Mayor esto le afecta económicamente, y los menores ingresos que vamos a percibir son del orden de los $ 5 mil millones con este crédito. Estos menores ingresos va a significar adoptar medidas y postergar proyectos de desarrollo y, en definitiva, con el nuevo crédito estamos en presencia de una verdadera bomba de tiempo que en algunos años va a explotar, y eso va a generar un déficit generalizado en las universidades chilenas y una baja sustancial en su calidad. ¿Eso es lo que queremos? Claramente no.

Usted fue crítico del gobierno pasado. ¿Qué esperaba de esta nueva administración?

Esperaba otra cosa. No esperaba que este gobierno fuese en estas materias una extensión del gobierno pasado, por varias razones ideológicas conceptuales, porque las actuales autoridades conocen muy bien el sistema universitario. En consecuencia, yo no me lo esperaba, fue una sorpresa.

¿Van a tener que apelar al Congreso para subsanar estas falencias, al igual que debieron hacerlo con el gobierno anterior?

Vamos a tener que ir a explicarlo al Senado. Espero que se rectifique para bien y no para mal, porque para nadie es un misterio que la Ley de Educación Superior es muy mala técnicamente y conceptualmente, y estamos viendo ya las consecuencias, por ejemplo, en la calidad. Esa ley no va a aportar a la calidad.

¿Qué le parece que las universidades no puedan cobrar copago a los alumnos del primero al sexto decil?

El tercer aspecto que me parece contradictorio con la visión que tiene esta nueva administración ministerial es que se fija una vez más los precios o los aranceles, pero caemos en la vieja práctica en que cayó la administración anterior de que la forma en que se fijaron los costos de las carreras fue absolutamente intuitivo y no dice ninguna relación con los costos reales del sistema universitario. Y resulta que del primero al sexto decil ellos van a financiar, a través del nuevo crédito, el arancel referencial más un porcentaje. Y se establece que la universidad garantiza o avala el 50% de la brecha que queda entre el arancel regulado y el diferencial que establece el Mineduc.

¿Qué problema les puede generar eso?

Cuando tú avalas a alguien -en este caso a un volumen bastante importante de estudiantes-, puede que tengas que responder ante el Estado en la eventualidad de que ese deudor -que está en el mercado laboral- no pague y deba hacerlo la institución que avala, es decir la universidad. En consecuencia, quienes hacen las auditorías externas te obligan a provisionar ciertos montos y eso hace que los recursos disponibles para inversión en la propia institución disminuyan. Tampoco puedo comprender que, en el fondo para crear la entidad que administrará el sistema de créditos, están creando una financiera estatal, con una sociedad anónima dependiente de Corfo, cuando el Estado dispone de una agencia financiera propia como es el Banco del Estado. Yo no creo en el Estado empresario, no es razonable que vaya creando empresas cuando existen instituciones propias.