“Se niega lugar a la formación de causa en contra del honorable”: Corte de Copiapó rechazó desafuero de Jaime Mulet

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de la Fiscalía de Atacama para desaforar al diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet.

La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Marcela Araya Novoa.

“Se rechaza la solicitud de desafuero del Ministerio Público y en consecuencia se declara que se niega lugar a la formación de causa en contra del honorable diputado señor Jaime Mulet Martínez, respecto del delito consumado de cohecho”, señala la resolución del tribunal de alzada leída este viernes.

La primera sala de la corte copiapina, integrada  por los ministros Marcela Araya Novoa, Aída Osses Herrera y Rodrigo Cid Mora, rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen al legislador no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.

Mulet fue formalizado a principios de octubre.

Según el Ministerio Público, el legislador habría facilitado un acuerdo para que la Municipalidad de Tierra Amarilla desistiera de una demanda ambiental en contra de la Minera Candelaria. La firma habría pagado US$7 millones a cambio de que el exalcalde, Osvaldo Delgado, condenado por delitos de corrupción y ya fallecido, desistiera de las acciones contra la minera. El Ministerio Público sostiene que Mulet y dos abogados “desplegaron conductas destinadas a formar la resolución delictiva del alcalde”.

“Basta una somera lectura de los hechos que se le imputan al diputado señor Mulet Martínez para poder advertir que no existe un desarrollo claro, concreto, específico y categórico respecto de la hipótesis de autoría que se le imputa, ya que solamente se observan expresiones absolutamente genéricas, vagas e imprecisas por medio de las cuales se le sindica como quien planificó los hechos por los cuales fue formalizado, incidiendo en forma determinante en las acciones que habría cometido el señor exalcalde de Tierra Amarilla, don Osvaldo Delgado Quevedo –actualmente fallecido–, pero sin explicar o justificar de modo alguno cómo se habría producido en la práctica dicha inducción, logrando doblegar la voluntad del referido edil”, sostiene el fallo de esta jornada.

“Este fallo de la Corte de Apelaciones Copiapó pone las cosas en su lugar y me permite confiar que mi inocencia se impone finalmente ante los tribunales de justicia, como corresponde, en los que siempre dije confiar. Estoy contento, disfrutando, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros y compañeras de partido, que vieron que obviamente esto me afectaba, pero que siempre confiaron en mí”, sostuvo Mulet tras conocer la resolución.

Su abogado defensor, Ciro Colombara, en tanto, afirmó que “el diputado Jaime Mulet es absolutamente inocente de las acusaciones que irresponsablemente han hecho funcionarios y abogados del Ministerio Público de Atacama”.

“Desde esa perspectiva, la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó de rechazar el desafuero y no hacer lugar a la formación de causa, es plenamente satisfactoria para nosotros. Esperaremos conocer el contenido de la sentencia para tener una opinión más detallada”, indicó.

Conocida la decisión del tribunal de alzada, la Fiscalía de Atacama emitió un comunicado en el que destaca que el ente persecutor “ha cumplido su rol constitucional con toda objetividad y, por lo mismo, analizará el contenido del fallo y decidirá si apelará o no” ante la Corte Suprema.

“El Ministerio Público tiene el convencimiento de que en este caso hay antecedentes suficientes tanto de la existencia de un delito como de la participación del honorable diputado en el mismo, cuestión que, como se dijo, fue compartida por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quien votó por desaforar al parlamentario”, dice el comunicado, agregando que la Fiscalía de Atacama respeta el fallo “pero lamenta no poder, por ahora, llevar al diputado a un juicio donde se puedan probar los cargos” que “se encuentran fundados y acreditados”, según afirman.