Sólo el 0,9% de expulsiones administrativas se ha materializado desde abril: las fórmulas con que el gobierno busca agilizar la deportación de migrantes irregulares

“Hemos implementado esta ley y nos hemos dado cuenta de la burocracia que hace difícil la operatividad, tanto de la Policía de Investigaciones (PDI) como del aparataje del Estado”.

Con esas palabras fue que la entonces ministra del Interior Izkia Siches anunció el 4 de agosto que el gobierno ingresaría un proyecto para modificar la Ley de Migraciones aprobada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, a fin de facilitar los procesos de expulsión de extranjeros que ingresan por pasos no habilitados. Y es que como dan cuenta cifras de la PDI, entre abril y agosto de este año se han emitido 1.006 resoluciones de inicio de procedimiento de expulsión administrativa, pero sólo se han materializado 9.

Si bien fuentes del Ejecutivo señalan que hace semanas que dicha iniciativa estaría lista para que la Segpres inicie formalmente su tramitación en el Congreso, será recién en los próximos días que la cartera dirigida por Ana Lya Uriarte concretará el trámite, lo que ha gatillado cierta presión interna en el oficialismo. Desde hace semanas que el diputado por Arica y principal rostro del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, ha estado insistiendo en que urge que el gobierno presente la comprometida modificación.

Sin embargo, como aquello no ha ocurrido, la jornada del 5 de octubre su bancada ingresó un proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados solicita formalmente al Presidente Gabriel Boric presentar a la brevedad un proyecto de ley que modifique la ley 21.325 de Migración y Extranjería, principalmente a efectos de facilitar la expulsión de inmigrantes que cometan delitos relacionados a la ley 20.000, sobre tráfico de drogas.

“La situación de inseguridad en el norte es muy grave y por eso le pedimos al gobierno que mande lo más pronto esta ley, esperamos que el gobierno reaccione respecto de esta situación crítica que tenemos en la zona, donde bandas de crimen organizado han disparado los indicadores de homicidio y han puesto a nuestra población en pánico”, sostuvo Mirosevic tras ingresar la petición.

Aunque desde las filas de dicho partido aseguran que no existe molestia con La Moneda, y que en ningún caso buscan presionar a las autoridades, lo cierto es que a raíz de dichas declaraciones la oposición ha retomado sus reproches. Hay voces que se han limitado a lamentar el retraso, pero los más críticos advierten que derechamente se está ante una falta de voluntad política. De acuerdo con representantes de derecha, el gobierno simplemente no quiere expulsar a migrantes, porque -enfatizan- incluso podrían hacerlo sin mediar modificaciones a la norma.

“El gobierno está absolutamente al debe. Hay una serie de incumplimientos de compromisos de llevar adelante procedimientos de expulsión. Esto ha llevado a que la Cámara de Diputados deba presionar a que cumplan, pues han intentado maquillar las cifras. Acá se buscan excusas, levantan procedimientos que son exactamente los mismos que existían hace unos meses en el anterior gobierno, donde no se pudo expulsar más porque personeros que hoy están en el Ejecutivo fueron quienes presentaron recursos de amparo para impedir las expulsiones. Hoy el gobierno está siendo cómplice de la migración clandestina”, dijo en ese sentido el diputado por Iquique Renzo Trisotti (UDI).

En la oposición recuerdan que el Frente Amplio completo -incluyendo al Presidente Gabriel Boric- votó en contra de la Ley de Migraciones, mientras que Revolución Democrática incluso la llevó ante el Tribunal Constitucional, el que eliminó seis de sus artículos. Además, el propio Mandatario y asesores clave de su gobierno fueron críticos de las expulsiones realizadas por Piñera.

Con todo, cercanos a Palacio manifiestan que antes de la actual ley no estaba normado el procedimiento de expulsión y que la persona era notificada cuando el decreto ya estaba firmado, generalmente sólo por carta certificada. Así las cosas, aseguran que si no se ha ido más rápido es por problemas en la ley, que buscaba facilitar las deportaciones. En esa línea, afirman que durante esta administración se ha expulsado, principalmente por la vía judicial, a un total de 564 personas, cifra que es casi idéntica a la reportada entre enero y agosto de 2021, cuando fueron 565 (228 administrativas y 337 judiciales). Por lo demás, recalcan, se mantienen contratos vigentes con dos agencias por $ 210 y $ 300 millones para la compra de pasajes.

Pese a los cuestionamientos, desde La Moneda insisten en que la fórmula se ingresará en los próximos días y que no será una única acción, pues se presentará en conjunto con un segundo proyecto que busca expulsar a migrantes condenados por infracción a la Ley de Drogas, lo que con la normativa no está permitido.

De acuerdo con los detalles que pudo recabar La Tercera, el primer mensaje presidencial estará dirigido efectivamente a flexibilizar los procesos de expulsión por la vía administrativa, proponiendo que se modifique el artículo n° 132 de la mencionada ley, para que las notificaciones de inicio de procedimiento no deban realizarse de manera presencial, sino que se puedan hacer vía carta o correo electrónico. Esto, pues en el gobierno estiman que el aprobado cuerpo legal es “demasiado garantista respecto del debido proceso”.

Con la medida -aseguran quienes conocen el contenido de la moción- se mantienen las consideraciones para que el proceso se realice respetando las garantías del migrante en cuestión, pero flexibiliza el margen de acción para las autoridades.

El segundo proyecto, detallan personeros oficialistas, dice relación con que condenados por infracción a la Ley de Drogas puedan ser expulsados por la vía judicial. Esto, porque en el marco de la discusión de la nueva normativa de migraciones, se introdujo una disposición en el artículo 175 que imposibilitaba a extranjeros sancionados por la ley 20.000 acceder a la expulsión como pena sustitutiva, debiendo cumplir la pena en Chile.

Según estiman en la actual administración, dicha situación podría implicar un grave colapso en las cárceles nacionales, y de ahí, comentan desde Palacio, la urgencia que tienen por realizar el cambio.

Si bien hasta ahora se ha continuado con expulsiones judiciales de condenados por delitos de tráfico de drogas cometidos hasta el 12 de febrero de este año -cuando entró en vigencia la ley-, en el Ejecutivo consideran que si no se hace la modificación “estaremos ante un grave problema de saturación de cárceles y baja en las expulsiones judiciales”.

Conforme con el detalle que había dado al respecto la ministra de Justicia, Marcela Ríos, podrán optar a la expulsión quienes sean primerizos y estén condenados a penas de hasta 5 años y 1 día.

Otra de las trabas observadas por el actual gobierno en el marco de la implementación de la ley, es que las reconducciones de quienes ingresaron por pasos no habilitados simplemente no están operando, puesto que la mayoría lo hizo desde Bolivia, y ese país no acepta el reingreso de los ciudadanos “devueltos”.

Hasta agosto, de las 12.193 reconducciones ordenadas, sólo 1.225 (10%) se han materializado.

Como advierten desde la actual administración, eso se produjo porque se aprobó el mecanismo sin hacer las coordinaciones necesarias con los países vecinos, lo que se ha tenido que ir haciendo sobre la marcha. De hecho, la canciller Antonia Urrejola ha mantenido una serie de encuentros con autoridades bolivianas para avanzar en la materia.

Fruto de las conversaciones, autoridades oficialistas trabajan en el diseño de un protocolo para las reconducciones a Bolivia. Según la planificación, si la propuesta es visada por ese país en el próximo encuentro, este podría estar operativo antes de fin de año.