Subsecretaria Martorell: “Hoy día estamos en un país con una ley de armas que está completamente obsoleta”

Los delitos con violencia como robos con intimidación, encerronas y portonazos han adquirido mayor notoriedad los últimos meses. Si bien la cantidad de delitos ha presentado una baja -producto del mismo contexto de pandemia y consecuentes cuarentenas-, estos se cometen con mayor violencia.

Así lo indica información de PDI y la Subsecretaría del Prevención del Delito. “Está ocurriendo un fenómeno que es bastante especial: uno es que los delitos en general han disminuido, incluso el robo con violencia o intimidación, pero hemos visto un aumento en la violencia que se ejerce en este tipo de delitos y el uso de armas”, dijo Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito, en conversación con Radio Agricultura.

La autoridad hizo una crítica a las medidas de seguridad que como Estado no se están tomando para proteger a los ciudadanos y -precisamente- prevenir que se comentan este tipo de delitos.

“La política pública en materia de seguridad requiere dos miradas que son igual de importantes: la primera es que los delitos disminuyan, y la otra es cómo enfrentamos el temor de las personas o percepción de seguridad, porque eso afecta su calidad de vida”, dijo Martorell.

Lo anterior a propósito de una encerrona sufrida el día de ayer por una mujer junto a sus cuatro hijas en Colina. En entrevista con diversos medios, la víctima de este ilícito relató que “había preparado” a sus hijas para una situación así.

“Se ve reflejado en Catalina, al decirle a sus hijas cómo reaccionar en caso de encerrona, y se ve reflejado también en compra de candados, luminarias, alarmas o miedo de salir de sus casas. (...) Eso significa que es esa materia de seguridad pública donde tenemos que poner mayor foco, porque la calidad de vida de las personas también depende de eso”, dijo la subsecretaria.

Tal como expresó en otras oportunidades, Katherine Martorell criticó fuertemente la Ley de Armas que actualmente rige en nuestro país y la ausencia de reformas necesarias a esta.

En 2008 se presentó por primera vez una modificación a esta legislación, pero según puntualiza la subsecretaria, aún tiene “problemas gravísimos”, como la falta de control continuo desde que se inscribe y entrega un arma a una persona, o la ausencia de responsabilidad que el poseedor tendría sobre las balas detonadas.

“Una vez que una persona quiere sacar un arma, tiene que hacer una prueba, pasar un examen psicológico y recibe el arma. Nunca más tiene que demostrar que el arma está en buenas condiciones, ni se hace responsable de las municiones. Además, solo puede ser fiscalizado por Carabineros, lo que se puede realizar a ciertas horas, y si la persona se niega a que ingresen a su domicilio, Carabineros no tienen ninguna forma de entrar y registrar. No existe ADN balístico, o sea tengo el arma, pero no me hago cargo de las balas”, detalló Martorell.

Según información recabada por PDI, y comunicada por la subsecretaria en la entrevista, un 90% de las armas incautadas están inscritas, las que estima en aproximadamente 800 mil.

En 2008 comenzó la discusión en torno a la Ley de Armas, pero no es hasta el 2018 que se llama a una suerte de “gran acuerdo nacional”, que contó con ministros, subsecretarios, alcaldes y parlamentarios de todos los colores políticos, según relató la subsecretaria.

“Se llega a un acuerdo de reforma a la Ley de armas. Se presenta y lleva dos años de tramitación en el Congreso. Estamos en un mundo muy complejo, porque tenemos una ley de armas que está obsoleta, una ley de armas que no contemplaba las hechizas, la violencia que vemos hoy, la necesidad de que las personas tuvieran que seguir bajo control permanente a sus armas”, dijo Martorell.

Un ejemplo que dio la subsecretaria para graficar la urgencia de esta reforma, guarda relación con los crímenes de violencia intrafamiliar. “Si hoy día una persona tiene permiso para tener un arma, y esa persona es victimaria de Violencia Intrafamiliar, no tiene ninguna obligación de entregar su arma. O sea, si yo hago una denuncia por temor a que termine en femicidio, no hay obligación en la ley que haga que esa persona entregue su arma”.

Según dijo Martorell, la reforma está con “suma urgencia”, y el pasado martes la Comisión de Defensa del Senado sesionó y avanzó en esta materia. “Siento que estamos muy preocupados de ver la solución rápida de las cosas, que está bien, pero no estamos entendiendo que hay un problema de fondo que es urgente. Las personas sienten miedo de las armas, y como Estado no hemos sido lo suficientemente rápidos y fuertes para responder a esa necesidad que se viene acarreando hace años”.

Si bien un 90% de las armas están inscritas, según señaló la subsecretaria Martorell, un gran proporción está en manos del crimen organizado. “Hoy día es muy difícil que a alguien le hagan una encerrona o un robo con intimidación con un cuchillo. O la hacen con un arma a fogueo modificada, o con una 9 mm”.

“El año pasado con el cierre de fronteras, cierre de regiones y toque de queda se generó una situación de crimen organizado muy compleja, porque el delito de oportunidad empieza a desaparecer y empieza a crecer o mantenerse el crimen organizado, que es una suerte de empresa de delincuencia que no deja de operar”, dijo Martorell.

“Cuando hay menos droga y menos posibilidad de cometer delito, empiezan las peleas territoriales, y parte de eso es lo que vimos reflejado en el aumento de homicidio producto del encierro de la pandemia”, explicó la subsecretaria añadiendo que de los cerca de 700 homicidio cometidos en 2020, la mayoría fueron provocados por armas de fuego.