Subsecretario de DD.HH. compromete para diciembre catastro de víctimas del estallido social y nueva estrategia de reparación

Dos son los temas prioritarios que han copado de forma importante la agenda del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, desde que asumió en marzo pasado. Estuvo centrado en afianzar relaciones y trabajar con agrupaciones de derechos humanos en función del Plan Nacional de Búsqueda -que se radica en la repartición que encabeza- y de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, pero también ha dedicado espacios a diseñar las estrategias necesarias para cumplir con la promesa de entregar reparación integral a las víctimas del estallido social.

Esto último, dado que el propio Presidente Gabriel Boric fue quien adquirió dicho compromiso al llegar a La Moneda, considerando que se trataba de un deber del Estado.

En agosto de 2022, de hecho, el Mandatario fue enfático en esta materia: “Me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder, pero no solamente a que no puede volver a suceder, sino que con ustedes tenemos que trabajar por la memoria, tenemos que trabajar por la reparación, tenemos que trabajar por la verdad”.

Por lo mismo, y a pesar de que el Plan Integral de Reparación sería presentado a fines de abril y no se cumplió con ello, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguran que no se va a eludir lo pactado y que se continúa con las labores para fijar la fórmula más adecuada.

En ese sentido, ante la conmemoración del cuarto aniversario del estallido social, el subsecretario Xavier Altamirano confirmó a La Tercera que en diciembre entregará al Presidente un catastro de las víctimas y, además, nuevas medidas de reparación. Esto, como indicó, para que así el Mandatario pueda definir los pasos a seguir.

“Hasta la fecha, hemos dado respuestas lo más expeditas posible mediante derivaciones a otros servicios y coordinaciones con Salud. Para políticas más integrales y permanentes, estamos preparando propuestas que entregaremos en diciembre”, comentó el subsecretario a este medio.

Durante el mes que el cientista político se instaló como el sucesor de Haydée Oberreuter a la cabeza de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Mesa de Reparación Integral culminó sus labores y entregó un informe en el que se incluyeron las “Propuestas y Recomendaciones para una Reparación Integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia institucional durante el Estallido Social”.

Tras ello, en coordinación con lo dispuesto por el ministro de Justicia, Luis Cordero, se encargó a un equipo que estuvo dirigido por la psicóloga Elizabeth Lira, premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, una evaluación de dicho informe, para así, en definitiva, fijar las políticas sectoriales que permitan cumplir con el objetivo.

En paralelo, Altamirano -manifestaron desde la cartera- ha ido implementando las modificaciones dispuestas para el Plan de Acompañamiento y Cuidado a personas víctimas de Trauma Ocular (Pacto), que comenzó a brindar atención a lesionados graves y a víctimas de heridas por perdigones. Y también, aseguran fuentes de Justicia, ha intentado que quienes sufrieron consecuencias producto de las manifestaciones, se acerquen al Estado y tomen las horas que están dispuestas para, por ejemplo, atención psicológica.

Para cumplir con el compromiso que se autoimpuso para diciembre, además, el subsecretario -aseguran desde la subsecretaría- ha requerido antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al Ministerio Público y al Ministerio de Salud, para así cotejar antecedentes respecto de cuántas son las personas consideradas como víctimas.

Asimismo, ha trabajado en convenios con organismos como Sence, Sercotec y Senadis, para establecer una oferta que le permita a víctimas “recuperar sus trayectorias laborales”. Lo mismo, agregan desde la repartición, se estaría realizando con centros educacionales, para también disponer planes en ese sentido y darles continuidad a quienes interrumpieron sus estudios.

Junto con esto, seguirá con jornadas de acceso a la justicia, como la que tendrá lugar este sábado 21 y donde contarán con la colaboración de la Corporación de Asistencia Judicial y de clínicas jurídicas de universidades. La idea de esto es que víctimas puedan conocer sobre el estado de sus causas o, eventualmente, iniciar nuevos procesos.

Considerando que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente, en todo caso, agrupaciones de víctimas han insistido en que sus propuestas sean recogidas.

“Han sido lamentables estos cuatro años. Hemos sostenidos reuniones, hemos intentado hacer entender lo que estamos exigiendo -porque fueron agentes del Estado los que ocasionaron nuestros daños-, pero no tenemos un balance positivo. En realidad, ha sido un proceso lento, esperábamos que a través de la Mesa de Reparación Integral tener resultados, pero estuvo bastante lejos de lo que esperábamos. Las expectativas que teníamos eran altas y el resultado fue lamentable. Ahora esperamos que haya una respuesta más transversal y más rápida“, sostuvo al respecto la vocera de Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés.

Entre otras medidas, por ejemplo, la Agrupación de víctimas de violencia por parte de agentes del Estado, Avidvae Chile, piden que en el corto plazo se sumen al “Plan Pacto” todas las víctimas y familiares de las violaciones de derechos humanos, considerando como “universo inicial” a las personas relacionadas con querellas presentadas en Fiscalía, y la creación e implementación de una comisión de verdad, para el reconocimiento de las víctimas.

Asimismo, piden la modificación de la Ley Nain-Retamal, pues considera que asegura impunidad; entregar más recursos a la PDI para establecer unidades de derechos humanos en todo el país; y dar más recursos a la Corporación de Asistencia Judicial.

Sobre aquello, Juan Francisco Alarcón, presidente de dicha agrupación, indicó: “Este cuarto año de conmemoración de la revuelta debiese tener una lógica de Estado. Nosotros creemos que tiene que haber un reconocimiento y un acto por parte del Estado con los sobrevivientes del estallido y los familiares. Eso debiese ser lo básico, porque hasta ahora, se ha criminalizado a quienes salieron a manifestarse por un Chile distinto, y de la mano de eso, no ha existido reparación de manera integral”.

“La reparación ha sido excluyente, porque sólo se ha acotado al trauma ocular, lo que ha dejado fuera a todos los otros sobrevivientes. Han habido esfuerzos, sin embargo, se han hecho críticas a la ineficiencia de los planes que no se han acogido. Cuando hablamos de reparación integral, nosotros insistimos en que eso no existe, por lo que creemos que no hay un trato adecuado a los sobrevivientes. Es mucho lo que se dice, hay mucho discurso, pero en la práctica hay ausencia de justicia, ausencia de reparación y el balance es negativo”, complementó.