Tragamonedas: Servel amplía denuncia por financiamiento ilegal de campañas y tribunal alza secreto bancario a conservador de Santiago

La investigación por eventual lavado de dinero y delitos electorales conocida como "Tragamonedas" y que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, podrá seguir avanzado. Esto porque el Servicio Electoral comunicó este viernes que ha presentado una nueva denuncia en contra de personas naturales y jurídicas, lo que habilita al Ministerio Público a poder perseguir penalmente a más personas que han aparecido mencionadas en las diversas aristas de esta investigación penal.

"Ante nueva información aportada por el Ministerio Público, la que fue revisada y analizada por el Servel, el Consejo Directivo del Servicio, en sesión y con la participación del Director Nacional, decidió ampliar la denuncia formulada por la institución en marzo de este año por la eventual comisión de delitos electorales consistentes en el financiamiento ilegal de campañas políticas", dice el comunicado.

El Servel denunció al ex embajador de Chile en Ecuador y militante DC Nelson Hadad, quien fue candidato a diputado en las recientes parlamentarias. Su hijo, Alberto Hadad, quien es dirigente del gremio que agrupa a los dueños de las tragamonedas -FIDEN- va a ser formalizado el próximo 6 de agosto. A éste último la PDI le ha encontrado una serie de conversaciones, en el Whatsapp de su teléfono, que dan cuenta de aportes a la campaña de su padre que habrían sido entregados fuera de la nueva normativa que regula los dineros en las campañas políticas, reforma que se implementó tras los casos Penta, SQM y Corpesca.

La Fiscalía podrá perseguir las responsabilidades en delitos electorales de las empresas "Inmobiliaria Futuro del Sur Ltda", "Comercializadora Carlos Verdugo Zenteno E.I.R.L", "Aguas Antofagasta S.A." y el "Conservador de Bienes Raíces de Santiago".

Otro de los denunciados hoy por el Servel es "Carlos Méndez Gallo, por haber incurrido, eventualmente, en delitos establecidos en la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral". Éste último es el representante legal de la empresa Aguas Antofagasta.

Ya estaban denunciados -el 18 de marzo de 2019- los dirigentes de Fiden: Sebastián Salazar Bastidas, Francisco Javier León Von Mühlenbrock, Issac Latorres Ascui, Abdullah Jarufe Garrido y Alberto Hadad Abuhadba por la comisión de eventuales delitos electorales. Todos estos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas.

La ampliación de esta denuncia, según el propio Servel, ha dado cuenta además la existencia de personas naturales que si bien aparecen entregando aportes dentro de los montos permitidos no lo hicieron usando los conductos regulados por la ley. "Lo que constituiría una falta administrativa, que corresponde sea conocida y resuelta por este Servicio Electoral", dijo la entidad.

Asimismo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago alzó hoy el secreto bancario de cuentas relacionadas con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Según solicitó a la justicia el fiscal Sepúlveda se necesitaba acceder a las cuentas bancarias a propósito de antecedentes surgidos en la indagatoria que darían cuenta de aportes a campaña, fuera de la ley, de uno de los tres conservadores de la capital: Kamel Saquel.

El investigador sostuvo en el requerimiento que "existen numerosas conversaciones por la aplicación WhatsApp registradas en el teléfono móvil de Nelson Hadad Heresy, en las que este conversa con el coimputado Alberto Hadad sobre aportes en dinero a la campaña electoral, todos ellos a realizarse por distintas personas a la cuenta corriente ya mencionada de Alberto Hadad, no utilizándose la cuenta habilitada por el Servicio Electoral".

Acto seguido el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente detalla al tribunal que "en lo relevante para la presente solicitud, es destacable mencionar que Nelson Hadad le señaló a su hijo el 4 de octubre de 2017 que el señor Kamel Saquel efectuaría un depósito en su cuenta corriente personal, a título de aporte". Agrega que "como su señoría bien sabe, Kamel Saquel Zaror, es uno de los tres conservadores de bienes raíces de Santiago, específicamente, es el titular del Registro de Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar de tal oficio. Pues bien, esta conversación da cuenta que el día 6 de octubre de 2017 se hizo una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Alberto Hadad del Banco de Chile por la suma de $ 2.000.000. Conforme a lo informado por la institución bancaria aludida, esta transferencia fue efectuada a las 14:51 horas del día en cuestión, desde la cuenta corriente cuyo titular es el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, RUT 60.306.045-8".

Tras revisar los antecedentes la jueza María Carolina Herrera accedió a la petición del Ministerio Público y ordenó acceder a la cuenta corriente aludida.

Mediante un comunicado, Aguas Antofagasta rechazó "dichas especulaciones", así como también que Carlos Méndez Gallo haya realizado aportes a campañas políticas.

"En febrero 2017, Aguas Antofagasta suscribió un contrato de arrendamiento por un inmueble en la comuna de Vitacura, Santiago, en el marco de las políticas internas de la empresa, para el uso y habitación del señor Carlos Méndez y su familia, provenientes del extranjero, quien en ese entonces se desempeñaba como Gerente de Proyectos e Infraestructura, con el objetivo del cumplimiento de sus funciones en la empresa", señala la firma.

A su vez, agregan que "el arrendador de dicho inmueble era el señor Nelson Hadad, a quien se le canceló hasta octubre de 2018 el valor estipulado en el referido contrato por el arriendo de la respectiva vivienda, como se hace en cualquier operación de este tipo. Por lo anterior, no existe ninguna relación de esta operación normal de arrendamiento de un inmueble con algún financiamiento de campañas políticas".

"Aguas Antofagasta Grupo EPM mantiene una total y estricta política de transparencia e integridad en todas sus acciones y entregará todos los documentos correspondientes al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y a las autoridades competentes, demostrándose que sólo se trata de una común operación comercial de arrendamiento", asegura la compañía.