El trágico final del juez investigado por corrupción

"Estamos contentos de tener nuevamente a Marcelo como ministro interino de esta corte. Le damos una cordial bienvenida y sabemos que hará un gran trabajo". Las palabras son del entonces presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, durante el juramento de Marcelo Albornoz (56) como ministro interino del tribunal. Es julio de 2017 y el magistrado iniciaba su tercer periodo como reemplazante, en un cargo que en noviembre de ese año asumiría de forma definitiva.

A partir de esta ceremonia, Albornoz y Vásquez no solo compartirían labores, sino también acusaciones. Ambos ministros, junto a Emilio Elgueta, enfrentan un proceso de remoción por la Corte Suprema, acusados de eventuales hechos de corrupción. Esto generó una crisis en el Poder Judicial y el máximo tribunal debió salir en diversas oportunidades a dar explicaciones.

En la mañana de hoy, Albornoz decidió poner fin a su vida y con eso al proceso en su contra. El magistrado se quedó solo en su casa, pues su esposa, Liliana Carulla, salió a dejar a sus dos hijos al colegio. A su regreso, encontró el cadáver del juez en la habitación matrimonial. Tenía un disparo en la cabeza y una pistola calibre 9mm en su mano.

Pese a que los peritajes aún no confirman el motivo de muerte, el fiscal regional (S) de Rancagua, Javier von Bischoffshausen, indicó que "la tesis más fuerte y evidente es que se trataría de un suicidio". Hasta esta tarde no se había encontrado carta ni nada que podría relacionarse a un mensaje.

El martes, la Corte Suprema votó a favor de la propuesta de la ministra investigadora, Rosa María Maggi, en relación a la apertura de un cuaderno de remoción en contra del magistrado. La decisión no había sido unánime, aunque sí sorprendió a Albornoz y a su abogado, Gonzalo Linasazoro. El jurista, minutos previos a conocerse el desenlace, comentaba a La Tercera cómo había recibido el magistrado la noticia: "Con impacto, no he hablado de lo emocional con el ministro Albornoz, pero con impacto. Si yo lo estoy, imagínese él". Minutos más tarde, el propio abogado confirmó el hecho y apuntó a la resolución: "Estoy deshecho, es una causa totalmente injusta, lamento que se haya producido esto".

Fuentes de la Corte de Apelaciones de Rancagua indicaron que tanto Albornoz como el resto de los jueces indagados se habían alejado del tribunal desde que se los apartó de sus funciones, como medida cautelar al proceso. Desde su entorno, confirman que el riesgo de abandonar la carrera judicial le pesaba sobremanera a Albornoz, a quien definen como un magistrado reservado e introspectivo, muy diferente al perfil de otros jueces del tribunal. Enfatizan que convertirse en ministro de corte había sido durante años su gran objetivo profesional.

Maggi acusó a Albornoz de haber solicitado $ 1,5 millones al médico Luis Arenas, con quien compartía en la Logia Masónica N°56 de Rancagua, mientras este permanecía imputado por venta ilegal de psicotrópicos. En el informe que la magistrada entregó a la Suprema está la defensa del juez: "La solicitud de dinero se hizo en el contexto de una conversación privada, cuando no cumplía funciones de juez, y en el ámbito de actividades propias de la orden masónica, como era crear un fondo de ayuda a un hermano de logia. Termina argumentando que no se realizó la reunión, que nunca recibió el dinero, que Arenas no obtuvo beneficio procesal de su parte y que no ha incurrido en infracción al principio de probidad".

Si bien con la muerte de Albornoz la causa en la Suprema termina, esta sí continuará contra Elgueta y Vásquez. Estos dos últimos, de hecho, son además investigados como imputados por el Ministerio Público. Respecto de Albornoz, al menos hasta mediados de abril no existían antecedentes en su contra.

Egresado como abogado de la U. Diego Portales , Albornoz ingresó al Poder Judicial en 1990 como oficial del Primer Juzgado Civil de Santiago. Luego tuvo pasos como secretario del Tercer Juzgado de Letras de Arica y desde 2001 como juez del Tercer Juzgado de Letras de Curicó. En 2003 se trasladó a Rancagua, donde se desempeñó como juez de Garantía hasta 2017, cuando pasó a ocupar un asiento en la Corte de Apelaciones. En paralelo a su trabajo judicial, era académico en la U. de la República, donde asumió como jefe de la carrera de Derecho en marzo de 2018. De estas últimas labores también fue suspendido cuando se conoció la investigación.

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que "el momento de la muerte no es el mejor para hacer especulaciones sobre otras relaciones o conexiones que uno pudiera efectuar. Solo es momento de lamentarla".

Para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la muerte del juez "es algo muy doloroso, particularmente porque se da en circunstancias muy difíciles, en medio de una dura investigación". En este sentido, aseveró que "el proceso aún no termina y no podemos hablar sin que la sentencia esté pronunciada, pero todos los hechos que han permitido que la Corte Suprema abra un expediente de remoción son gravísimos y esperamos que ello permita esclarecer estos hechos y evitar que se repitan".

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