Transantiago: evasores llegan a 47% las noches de los fines de semana

Que es malo el servicio, el pasaje muy caro o que no se les debe cobrar a los estudiantes son algunas de las razones esgrimidas por las personas que no pagan el pasaje del Transantiago, según un estudio realizado por la U. Católica, solicitado por el Ministerio de Transportes. En la investigación se construyen los perfiles más comunes de los evasores, horarios y explicaciones que dan al fenómeno, con el objetivo de que la cartera pueda elaborar nuevas estrategias para combatir esta situación.

El estudio -realizado por el Centro de Políticas Públicas, de Diseño y el Cedeus de la UC- recopiló los antecedentes tras continuas observaciones realizadas al servicio 502 de la empresa Metbus, el que une Cerro Navia y Lo Barnechea a través de 84 paraderos. Se hicieron entrevistas a conductores y usuarios frecuentes. En el recorrido seleccionado, la tasa de evasión global llega a un 24,2%, la mayor evasión se presenta los días de semana (25,8%) y durante los fines de semana (29,8%). También se plantea que la evasión en las noches de los días laborales llega a 28,9%, mientras que durante los fines de semana y en ese mismo horario presenta un 47,7% de personas que no cancelan.

En el análisis se añade que seis de cada 10 personas que no pagan son hombres y la cifra alcanza un 37,2% en el caso de las mujeres. De ese grupo, los pasajeros menores de 25 años registran una alta evasión, con 39%. Esta situación contrasta con el comportamiento de las mujeres adultas (entre 25 a 60 años) y adultas mayores (60 años), con tasas de 13,8% y 13,9%, respectivamente.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, dice que con este tipo de investigación "se pueden elaborar mejores estrategias para combatir la evasión, que sigue afectando mucho al sistema". Además, remarcó que con estos datos, considerados por la cartera como representativos de los servicios del Transantiago, se pueden definir medidas como el aumento de los puntos de carga de la tarjeta bip!, los que hasta ahora alcanzan a 2.871.

El reporte incluye la descripción de seis perfiles de evasores: el trabajador, el "choro", las mujeres con coche, los estudiantes secundarios, el usuario que hace recorridos cortos y quienes carretean. Por ejemplo, los trabajadores que viajan gratis sostienen que lo hacen porque la tarifa es cara ($ 660 en bus), mientras que el "choro" es un pasajero desafiante, que no cancela, porque prefiere guardar ese dinero para otros fines. Se describe que los estudiantes suben por la puerta delantera y piden permiso al conductor, pero creen que por su estatus no deben cancelar. Y quienes van de "carrete", viajan en grupos de cinco personas y afirman que durante la noche se acostumbra a no pagar. Una declaración recurrente de los pasajeros es que los servicios son "malos", porque la flota no está en buen estado o no tiene la frecuencia esperada.

Los torniquetes en las zonas de ingreso tampoco son una barrera infranqueable. El sistema a nivel general posee 2.534 buses con estos dispositivos y, a pesar de eso, en el estudio se indica que el 44% de los evasores se sube por delante sin validar. La cifra alcanza a 89% cuando el vehículo no tiene este dispositivo. Los torniquetes generan molestias a cierto tipo de pasajeros al subir, como es el caso de mujeres con coche, las que se transforman en evasoras al subir por atrás y no validan adelante.

El subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la UC, Cristóbal Tello, explicó que tras el estudio se realizaron recomendaciones como que las empresas podrían contemplar la entrega de un monto para "cargar la bip! a sus trabajadores, tal como se hace con los bonos de colación, dado que muchos declaran que es caro el pasaje, porque tienen bajos ingresos". La ministra Hutt dice que, por ahora, concretar esa ayuda no es posible, porque tiene un alto costo para el Estado.

El académico añade que también es clave dialogar con los conductores que, muchas veces, facilitan la evasión al dejar subir sin reparos a quienes no cancelan. Otro punto abordado es la necesidad de ampliar la fiscalización, debido a que en horarios nocturnos o los fines de semana no hay control alguno de las personas que se suben, a diferencia de la semana, cuando se implementan zonas pagas o inspectores.