Transantiago: gobierno entrega últimos argumentos para salvar licitación

El Ministerio de Transportes no ha cesado en sus intentos de reactivar el suspendido proceso de licitación de Transantiago, que permitiría el ingreso de nuevos operadores, y a través de nuevos contratos modificaría las reglas en que opera el sistema de transporte de la capital.

En un escrito, ingresado la semana pasada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entidad que definirá si el proceso tuvo vicios en cuanto a limitar las posibilidades de algunos postulantes, el ministerio argumenta que "los mayores costos generales que han debido enfrentar los usuarios y el Estado se derivan también de las 'revisiones programadas', figura incorporada en los contratos de 2012", Y explican que dicha cláusula ha obligado a aumentar los pagos que se realizan a los operadores por cada pasajero como consecuencia del aumento de la evasión y la disminución de la demanda por los servicios (ver tabla).

Debido a esto, señala el documento, la eliminación de esta cláusula en los nuevos contratos "se traduce directamente en la posibilidad de rebajar los costos generales del sistema", y agregan que "esto, luego de un periodo de ajuste, podría traducirse en tarifas menores para los usuarios, o al menos, tarifas estables por tiempos más prolongados".

Consultada la ministra de Transportes, Paola Tapia, señaló que quisieron exponerle al tribunal el impacto económico que tendría el proceso de licitación. "Las revisiones programadas, que se deben realizar cada dos años, a la larga se han transformado en un pago fijo que reciben los operadores como compensaciones por la pérdida de demanda de pasajeros. Lo que nosotros le explicamos al tribunal es que al eliminar esto, no se produciría un incremento de los pagos a los operadores, recursos que provienen del subsidio y de la tarifa que pagan los usuarios".

Respecto de los posibles beneficios en la tarifa, Tapia agregó que "la competencia que produce la licitación permite que los pagos a los operadores puedan ser menores producto de las distintas estrategias de oferta que puedan presentar. Nosotros no conocemos esas ofertas, por eso le planteamos al tribunal abrirlas para conocer a ciencia cierta esos valores".

Para Álvaro Miranda, académico de la Escuela de Transporte y Tránsito de la Utem, el argumento expuesto por el ministerio "parece un tanto desesperado, porque no hay elementos que pudiesen hacer pensar que el proceso de licitación va a hacer que bajen los costos de operación. Al contrario, la nueva licitación implica mayor inversión de la empresas, infraestructura, buses eléctricos, que son más caros. Por lo tanto, no sé cómo esto podría reflejarse en una baja en la tarifa", afirma.

Una opinión similar tiene Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad de la U. Diego Portales, quien manifiesta que pese a lo positivo de eliminar las revisiones programadas, "no veo relación directa y no creo que esto incidiría en una baja del costo del pasaje. Hay muchos otros factores. Además la tendencia es que el valor de los pasajes va siempre al alza".

Basso agrega que "uno esperaría que los argumentos del gobierno fueran al fondo, y defendiera si esta licitación influye en la competencia entre operadores o no".