Tras polémica con rectores, diputados mantienen el cobro de aranceles en la educación superior

Las instituciones de educación superior llevan varias semanas en “estado de alerta”. Y no solo por el coronavirus, sino que por la tramitación de un proyecto de ley que buscaba suspender el cobro de aranceles y matrículas mientras dure el estado de excepción constitucional que rige al país.

Según los planteles, esta iniciativa, impulsada por siete diputados de oposición, podría provocar su desfinanciamiento e incluso su quiebra, lo que hizo que rectores de distintas visiones, como Ennio Vivaldi (U. de Chile) y Carlos Williamson (U. San Sebastián) se movilizaran en su contra.

Tras la polémica, este martes los parlamentarios modificaron el proyecto: en la Comisión de Educación de la Cámara, por unanimidad, descartaron la suspensión de cobros de aranceles y, a través de indicaciones del oficialismo y la oposición, la reemplazaron por la obligación de que todas las instituciones cuenten con planes de apoyo para los estudiantes.

En la nueva propuesta se establece que las casas de estudios deben entregar ayuda académica y económica a los jóvenes que acrediten que su situación económica se ha visto menoscabada.

Además, se aprobó una indicación de la oposición que establece que las instituciones “no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula” a esos alumnos afectados, lo que mantiene, en parte, el espíritu de la propuesta.

El diputado Juan Santana (PS), autor del proyecto, dice que, pese a que se mantienen los cobros arancelarios, “se garantiza la continuidad de los estudiantes en las instituciones de educación superior y que no tendrán que enfrentarse a cobros e intereses abusivos”.

Agrega que “nunca el proyecto tuvo como objetivo perjudicar a las instituciones, pero estas se sintieron atacadas y reaccionaron como si quisiéramos atacar sus finanzas. Nosotros solo queríamos constatar la realidad que vive el país, que es que miles de familias no pueden pagar su arancel”.

En tanto, para el diputado Diego Schalper (RN) es necesario que el proyecto llegue a un equilibrio, pues, “por un lado, hay estudiantes que están muy complicados económicamente y, por otro, debemos cuidar que las instituciones de educación superior no caigan en la insolvencia”.

El rector de la Universidad Católica del Maule y presidente de la Red G9 de universidades, Diego Durán, dice comprender la preocupación de los parlamentarios por los alumnos, pero cree que el haber suspendido el cobro de aranceles “era un remedio peor que la enfermedad”.

Sostiene que “otorgar una situación de no pago de aranceles era ponerles la lápida a las instituciones, no habría que resistir los embates de esa situación. Lamentablemente, los parlamentarios partían de la desconfianza de que las instituciones no estamos haciendo nada por los estudiantes, y eso no es así”.

Según el catastro de la Subsecretaría de Educación Superior, 105 instituciones están flexibilizando el pago de aranceles, 45 planteles están condonando multas y 20 casas de estudios están entregando becas internas. Con esta ley, ahora todas las instituciones estarían obligadas a otorgar ayudas.

La tramitación continuará este miércoles, con la votación de una indicación que obligaría al Ministerio de Educación a reabrir la postulación a la gratuidad, becas y créditos, ya que muchas familias cambiaron su condición socioeconómica en los últimos meses. Sin embargo, esta idea requiere la aprobación del gobierno, por involucrar más recursos. “Pusimos celeridad en la votación, porque sabemos que muchos estudiantes y familias están esperando estos alivios para la crisis que vivimos”, dice la presidenta de la comisión, la diputada Camila Rojas (Comunes).