Universidades alertan sobre “momento crítico” por recorte de recursos

El financiamiento de la educación superior sigue trabando el despacho de la Ley de Presupuestos. El Consejo de Rectores (Cruch) acusa que la propuesta del Gobierno reduce en $42 mil millones los fondos basales de esas instituciones, dinero que sería redestinado para cubrir el ingreso de nuevos planteles a la gratuidad.

Los rectores afirman que ese recorte podría ser fatal para su sustentabilidad. Piden que se revierta y que el presupuesto vuelva al menos al nivel que tuvo este año; que se permita que las universidades estatales puedan endeudarse a largo plazo; que se autorice el uso de los excedentes del Fondo Solidario para morigerar el impacto de la pandemia en los estudiantes; y que se suspenda la aplicación de los aranceles regulados por el Estado, pues podrían traducirse en más pérdidas.

Hasta ayer, las universidades y el Mineduc seguían negociando sobre la reducción de los fondos basales y se habría llegado al acuerdo de que el recorte fuese del 2% y no del 5% de los recursos, como era originalmente. En todo caso, la decisión final se tomará en la comisión mixta de mañana.

Pero ya algunos planteles empiezan a vislumbrar el impacto que la Ley de Presupuestos tendría en su quehacer. Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule y presidente del G9, que agrupa a las universidades no estatales del Cruch, dice que “este presupuesto es un golpe a la línea de flotación de las universidades”.

“La investigación y la infraestructura se verán limitadas, se puede ver afectado incluso el empleo, porque estamos haciendo esfuerzos por sostener a nuestros trabajadores. Hay áreas de investigación que serán postergadas al no existir recursos y a esto hay que sumar los recursos que necesitamos para enfrentar la pandemia”, dice.

“Este es el momento más crítico de las universidades, nunca se había golpeado a los fondos basales de las instituciones”, agrega Durán, quien ve en esta propuesta presupuestaria “una visión más restrictiva del financiamiento a la educación superior, limitado a la gratuidad” y “un entendimiento del ejercicio financiero de las instituciones que es bastante limitado”.

Mauricio Cataldo, rector de la Universidad del Biobío, dice que ya tuvieron que postergar algunas obras de infraestructura, como la construcción de las dependencias de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y de la Dirección de Género y Equidad, las que no se podrían retomar sin los recursos. “Se verán afectadas las actividades de investigación, vinculación con el medio y cultura, porque tenemos que priorizar el pregrado”, sostiene.

Eduardo Hebel, rector de la Universidad de La Frontera, dice que también postergaron proyectos de inversión y de infraestructura, y que se comprometieron a que no habrá despidos ni que se expulsará estudiantes por razones económicas. “Entramos en un plan de austeridad, pero aquí se puede ver comprometida la viabilidad de las universidades. Ojalá que no aparezca el fantasma de los despidos”, plantea.

Y Óscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos, cree que se podría ver afectado el ingreso de alumnos a través del Programa PACE, pues perdería el 15% de su financiamiento. “Nunca antes en la historia un Gobierno le intentó sacar dinero a las universidades estatales para llevárselas a las privadas”, acusa.