Valencia vs. Palma: la pugna que enciende a la Fiscalía

La mañana del viernes 16 de agosto los ánimos amanecieron caldeados al interior del Ministerio Público. Era interferiado y los fiscales regionales fueron convocados de urgencia por instrucción del fiscal nacional, Ángel Valencia, a un tercer consejo extraordinario en lo que va de este año.

Los persecutores recibieron un mensaje del secretario de dicha instancia y también titular de la Unidad Jurídica del organismo, Luis Saffie, donde se les indicaba que a eso de las 11.30 horas debían reunirse de manera telemática para abordar aspectos de seguridad interna y un asunto que, a esas alturas, mantenía inquieto al sucesor a la máxima autoridad.

Y es que en las horas previas Valencia había recibido información “delicada” de parte de la fiscal Carmen Gloria Wittwer. Esto, respecto de eventuales irregularidades cometidas por el líder del Ministerio Público en la Región de Aysén, Carlos Palma, y que habían quedado al descubierto en la investigación que se lleva en su contra por eventual delito de omisión de denuncia.

Palma estaba siendo indagado por conversaciones que tuvo con la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, pero con los nuevos antecedentes -que surgieron en medio de la revisión del celular del penalista Luis Hermosilla (imputado en el caso audio)- la causa se amplió a violación de secreto.

En concreto, se indicó que Palma habría entregado a Hermosilla información presuntamente reservada de una causa por tráfico de drogas que se formalizó en octubre de 2022, por lo que se decidió abrir una indagatoria en su contra. De hecho, en conversación con Mesa Central, de T13, mismo medio que destapó el caso, el fiscal nacional no descartó que se le pudiera suspender de sus labores, ya que es probable que por estos hechos también se agregue en su contra una nueva investigación administrativa, adicional a la que hoy lidera Juan Castro Bekios por la eventual omisión de denuncia.

El día del consejo, Palma no estuvo presente y en su lugar asistió el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, por lo que fue recién durante la jornada de ayer viernes que hizo sus primeros descargos. Negó contactos irregulares con el citado penalista y recalcó que le escribió porque le pareció extraño que uno de los defensores de los imputados era un abogado del estudio de Hermosilla, y como este, en esa época, litigaba para el Estado, era -a lo menos- incompatible.

“Quiero dejar muy en claro que la conversación con el señor Hermosilla se produce el segundo día de la formalización, cuando los antecedentes ya no eran reservados y se habían expuesto ante el tribunal. De hecho, me llamó la atención justamente que ellos, el estudio, estuvieran defendiendo a un imputado por narcotráfico”, comentó el persecutor a La Tercera. Y agregó: “A Hermosilla lo conocí como abogado del Estado en el caso Huracán y hay prohibición de que quienes litigan para el Estado, a su vez, representen a imputados por ley de drogas. Eso es todo, las fechas, las audiencias son posteriores a la reserva y vuelvo a reiterar, no he infringido el secreto del caso”.

Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, dijo ante la prensa algo similar.

Por eso, no pocos al interior del Ministerio Público recordaron, cual déja vú, lo ocurrido en el pasado entre el exfiscal nacional Jorge Abbott y el entonces fiscal regional Emiliano Arias. Este último estuvo suspendido de sus funciones más de 900 días por hechos por los cuales fue absuelto. Sorteó, asimismo, una solicitud de remoción ante la Corte Suprema y, pese a la distancia con su entonces jefe, regresó a su cargo al mando de la Fiscalía de O’Higgins.

Aunque quienes comparan la situación hacen la salvedad de que en el caso de Palma y Valencia, la pugna vendría desde hace más de un año. Ambos fueron contendores en el pasado concurso para fiscal nacional. Los dos estuvieron en la quina elabora por la Corte Suprema y, por ende, en la línea de fuego que por esos días había en soterradas acusaciones entre todos los aspirantes que tenían más chances de llegar al poder en el Ministerio Público.

No hay claridad, en todo caso, de cuándo se corta la relación entre Valencia y Palma, ni tampoco cuándo se da inicio a esta pugna que ya está desatada.

Y si bien una vez estallado el “caso convenios” Valencia le dio una de las aristas más importantes al fiscal regional de Aysén a investigar, la de ProCultura, también es cierto que a los pocos meses se la quitó.

Algunos de los fiscales regionales partícipes del cónclave del viernes pasado instalan una suspicacia. “Si el tema se abrió la semana pasada, ¿por qué esperar a este jueves a revelarlo, con cuña oficial desde la propia Fiscalía Nacional y en medio de la formalización de Hermosilla? A lo menos parece extraño”, dice uno de los presentes en la cita extraordinaria.

Palma siempre ha sido visto como cercano a la PDI, tiene algún tipo de grado de parentesco con el exdirector Héctor Espinosa y una estrecha relación con Sergio Muñoz. Ambos formalizados en causas penales. El primero, defendido por Hermosilla, por su mal uso de gastos reservados: el segundo, por revelar secretos al penalista. Aún así, dicen fuentes consultadas, la pugna Valencia-Palma esconde otras motivaciones que podrían destaparse en algunos días.

Y es que la caída del fiscal Carlos Palma comienza luego de allanar la Gobernación de Valparaíso e intentar una medida intrusiva con el gobernador Claudio Orrego, ambas cartas del oficialismo. “Habrá que sentarse y esperar”, dice un fiscal de Aysén.