Vivanco gana primer “asalto” en pugilato judicial: visan tramitación de amparo y se ordena a Fiscalía proteger chats y datos privados de la jueza

“Téngase por interpuesta acción de amparo en contra del Ministerio Público -Fiscalía Nacional-, en su condición de responsable de los datos contenidos en el celular incautado al imputado Luis Hermosilla Osorio”.

Así se lee en la resolución firmada este martes por la ministra de fuero (s), Érika Villegas, y que le fue notificada al Consejo de Defensa del Estado (CDE), representante del órgano persecutor penal, y a los abogados de la ministra Ángela Vivanco. El dictamen responde a la presentación de un amparo por bloqueo de información personal y datos sensibles, habeas data, interpuesto por los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio en contra de la institución que dirige Ángel Valencia.

Junto con visar la tramitación, la magistrada de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió también la medida precautoria presentada en el mismo libelo y que -según los entendidos-, es vital con miras a crear una acción contra las filtraciones que la han afectado y dará pie, en un futuro, para una demanda de perjuicios.

“Que el tenor de los fundamentos de la acción intentada y lo expresado en la documental acompañada a la misma, permiten asentar la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, a lo que se suma el peligro en la demora, no solo con la falta de pronunciamiento de la solicitud planteada al Fiscal Nacional, sino también con la nota de prensa que da cuenta de filtraciones relacionadas con causas penales en actual investigación, antecedentes que resultan suficientes -con el estándar provisional que exige la ley-, para estimar la concurrencia de los presupuestos legales para la concesión de la medida que se solicita, en los términos que se dirá”, se lee en la resolución.

En el amparo presentado por la defensa de Vivanco se cuestionaba que el 11 de septiembre, ella solicitó por escrito a Valencia que “bloqueara o impidiera el acceso de mi información personal a terceros de conversaciones WhatsApp contenida en la base de datos de la Fiscalía Nacional sobre extracción de conversaciones WhatsApp de don Luis Hermosilla Osorio” y que, sin embargo, hasta la presentación del “habeas data”, aún no tenía respuesta de la autoridad del Ministerio Público.

“En nuestro país todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar el bloqueo en la entrega de datos personales, cuando su tratamiento o utilización se realiza fuera del ámbito que fija la normativa, hipótesis -precisamente- en virtud de la cual ingresamos la solicitud al Ministerio Público, la que no ha sido respondida a la fecha”, se lee en el documento.

Esta falta de respuesta fue considerada por la ministra Villegas, quien actuando como subrogante decretó que “a contar de esta fecha y sin notificación previa, la medida precautoria en contra del Ministerio Público -Fiscalía Nacional- en su condición de responsable de los datos contenidos en el celular incautado al imputado Luis Hermosilla Osorio, consistente en la suspensión de otorgar a terceros ajenos a la investigación penal en curso, conversaciones e información relativas a la reclamante Ángela Vivanco y que se encuentren en dicha base de datos, con excepción de aquellas requeridas por la autoridad judicial en causas penales, administrativas y/o disciplinarias en curso en contra de la reclamante”.

Asimismo, la magistrada dio un plazo de cinco días al CDE para contestar a las infracciones presuntamente cometidas por el Ministerio Público y que son materia del amparo presentado por los abogados de la aún jueza, quien enfrenta un proceso de remoción de la Corte Suprema y dos acusaciones constitucionales en el Congreso.

Cristóbal Osorio, abogado y parte del equipo de Vivanco, sostuvo que la resolución “es un avance en la protección de bases de datos y esperamos que no existan nuevas filtraciones que enturbien los procedimientos en curso”.

Entre sus cercanos no cantan victoria, pero al menos confidencian que es la primera vez que la justicia les da la razón en la batería de peticiones que han hecho en una verdadera batalla con el Poder Judicial, que ahora se extiende, también, al Congreso.