Vocera de Corte Suprema: “Leyes de amnistía muchas veces son cuestionadas, porque hay quienes piensan que llevan a la impunidad”

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, calificó de “complejo” la dictación de leyes de amnistía, al ser consultada por el proyecto de ley que se debate en el Parlamento para indultar a las personas que se encuentras encarceladas tras el estallido social y que ha provocado un fuerte debate en todos los sectores políticos de nuestro país.

En entrevista con Meganoticias, al ser consultada sobre si tal como ya lo ha manifestado la Corte Suprema en relación a que los indultos se aplican a las personas que ya están condenadas y si esto también se emplea en el caso de las amnistías, la ministra primero específico que “la amnistía viene del mismo origen de la palabra amnesia u olvido. Significa un olvido social, una especie de perdón que se da a ciertas conductas cometidas en un cierto tiempo que tengan que ver con situaciones críticas que las justifican”. Sin embargo, acotó que “luego de dictadas estas leyes de amnistía muchas veces son súper cuestionadas, porque obviamente hay quienes piensan que llevan a la impunidad. Pensemos en la amnistía del año 78, que luego se consideró espuria”.

En su opinión, “es complejo la dictación de leyes de amnistía”, e indicó que en ese proceso “puede considerarse a todas las personas que están siendo imputadas por delitos cometidos en un período (...) pero hay que tener una ponderación política que a los tribunales no les corresponde hacer”.

Consultada si afecta a la imagen del Poder Judicial que los primos José y Luis Tralcal -condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, en La Araucanía- hayan terminado con beneficios carcelarios, la vocera de la Corte Suprema indicó: “En primer lugar es importante decir que no todo aquello que sucede en relación con condenas, con juicios, con delitos, todo es atribuible al Poder Judicial. A veces se confunden las cosas y se ven como si fuera uno, no como que el Poder Judicial es lo mismo que el Ministerio Público, que Gendarmería, que los ministerios y son todos instituciones separadas, que tienen cada una sus propias atribuciones. En consecuencia, el Poder Judicial en los beneficios que Gendarmería da no tiene ninguna intervención”.

Añadió que “en ese sentido solo podemos decir que ojalá estas materias se puedan regular adecuadamente, de modo tal que se hagan consideraciones en estos temas y no haya de ninguna manera tratos diferenciados en el sentido de que algunas personas tengan beneficios de este calibre por los años que llevan y otros no del punto de vista de sus condenas. Porque así como que no queremos que haya un trato discriminatorio a una persona por tener un tipo de delito o por tener un tipo de etnia, por ejemplo, que tampoco sea el sentido contrario. Pero ese es un tema legislativo que tiene que ver con ese órgano y no con el Poder Judicial”.

Al responder si hubo una falla de la justicia en la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, tras ser condenada a cinco años de cárcel por malversación de fondos públicos, primero indicó: “Hubo una vocería de la Corte respectiva para explicar este tema”. Y luego añadió que “hubo una cautelar que se revocó tiempo atrás y nadie pidió que se volviera a decretar, y los jueces no pueden ir decretando medidas cautelares de oficio por cuenta de ellos. Lo que corresponde es que se soliciten por las partes. Esta señora quedó sin cautelar y nadie pidió que se repusiera”.

Luego cuando se le consultó sobre si Rojo pudo escapar del país debido a la tardanza de un mes de la Corte Suprema para ratificar la condena, puntualizó: “Cómo podría haberse demorado cinco días. Esto es una cosa de una persona que está pensando en no cumplir con su condena -ya sabe que está condenada- y hay recursos pendientes. No es lo que lo planifique porque la Corte se toma tanto tiempo. Lo planifica desde el momento que está viendo que arriesga esa posibilidad de condena. Son escapes planificados y es una lástima que esto haya sucedido, porque la idea es que las personas cumplan con las condenas que se les aplican, pero hay responsabilidad en las partes intervinientes en ello”.

La ministra Vivanco también se planteó sobre la detención ciudadana que acabó con un joven muerto en la comuna de La Florida. “Es muy grave para el sistema, para la ciudadanía, para el Poder Judicial, para todo el mundo, porque el Poder Judicial existe justamente porque las personas en un Estado democrático renuncien a hacerse justicia por si misma, lo que se llama la autotutela. Porque se trata que sea el Poder Judicial el comandado a resolver la situaciones delictuales y otras. Cuando las personas se hacen justicia por si mismas y encima a veces eligen mal y no se dan cuenta que la persona no es la indicada, y hay una daño gravísimo con la muerte de una persona inocente, significa que hay una falla en el sistema desde el punto de las confianzas. Y esto creo que es una gran tarea de todos los poderes del Estado para que el Estado de Derecho funcione”.

En su opinión, las detenciones ciudadanas deben existir. “Frente a la flagrancia de un delito, sí. Esto se admite por la Constitución vigente -ya veremos qué pasa con la nueva Constitución-, pero las detenciones ciudadanas no son una especie de una autorización o de aval para que los ciudadanos, además de detener la persona, la torturen, la golpeen, la lesionen... Ese es un camino muy largo de diferencia entre una cosa y la otra; ese camino no hay que transitarlo y hay que devolverlo a los cauces naturales donde realmente se espere que sean los órganos correspondientes que hagan justicia”.

La vocera del Máximo Tribunal, al apuntar a la propuesta del Consejo de Justicia que se discute en la Convención Constitucional, fue categórica en su juicio: “Primero nosotros hemos sido partidarios que exista este Consejo de la Justicia. Creemos que es bueno separar las funciones jurisdiccionales del gobierno y la administración judicial. El desgaste de combinar las dos cosas es alto, porque la Corte Suprema tiene muchas causas desde el punto de vista jurisdiccional. Pero, por qué es importante que este consejo esté integrado mayoritariamente por el Poder Judicial. Mayoritariamente, no únicamente, porque hay una cierta experiencia de temas y materias que se tienen que aportar en un organismo como éste. No se puede venir de la calle y entender toda la mecánica del Poder Judicial de un minuto a otro”.

Sobre una eventual incidencia política en la actuación de los jueces y en la calificación de sus fallos, respondió: “Obviamente, cuando hablamos de una integración mayoritariamente judicial tiene que ver con una expertise, con un aporte que no hay que desconocer. Y también con lo que nosotros tantas veces hemos mencionado como un principio que aplica en este caso y tantos otros que es el tema de la independencia del Poder Judicial. La calificación o la observación sobre la función judicial está bien, porque ninguna función puede ser exenta de controles, pero los controles tienen que atender aquello que es controlable”.

“En consecuencia -agregó- no se puede entender que los controles van a decirles a los jueces usted tiene que fallar de este modo o no nos gusta que haya fallado esto otro. Eso es inmiscuirse directamente en la función jurisdiccional. Y por cierto no es el papel que debe tener tener ese consejo. Y, además, hemos planteado que lo presida el presidente de la Corte Suprema, porque eso permite un buen link, una buena relación de contacto entre ese organismo y la Corte Suprema para que exista un buen diálogo”.