Vocero de la Suprema por DD.HH.: "No se han dado soluciones políticas"

La Corte Suprema se encuentra realizando un balance de lo que ha sido la gestión del Poder Judicial en materia de causas sobre derechos humanos. El recuento establece que el máximo tribunal acumula un total de 447 sentencias, ya sean civiles o penales, por casos ocurridos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

El ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, analizó lo que ha sido la evolución de la Corte Suprema en esta materia y aseguró que el golpe de Estado de 1973 provocó que el Poder Judicial fuera "impactado de manera importante". Un ejemplo de eso, dijo Cisternas, es que entre 1973 y 1983, de un total de 5.400 recursos de protección presentados, solo se acogieron 10.

En este sentido, el vocero de los jueces indicó que durante el régimen militar la Corte Suprema "fue renuente a ejercer sus facultades a favor de los derechos ciudadanos".

Cisternas, además, reconoció que "en el ámbito de los derechos humanos, el mayor peso ha quedado en el Poder Judicial". Según el magistrado, "en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales".

Al respecto, destacó la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la Ley de Amnistía y la decisión de los ministros de no aplicarla y "de considerar imprescriptible la responsabilidad penal, así como también la civil, aun cuando esto último no es unánime".

"Me parece evidente que la sociedad no pudo ponerse de acuerdo y llegar a una determinación política, de tal manera que se pusiera una norma o una pauta general para arreglar este tipo de problemas y las personas pudieran tener una solución rápida", comentó Cisternas. Sin embargo, el magistrado agregó que hay quienes consideran que "fue una decisión política que se trasladara al Poder Judicial, en vista de que no fue posible aquel acuerdo, entonces los jueces han tenido que asumir esto".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, afirmó que los magistrados de la Suprema "han tenido un compromiso con la verdad y la justicia. Ellos realmente se han dedicado con bastante compromiso en las causas". Sobre la deuda del sistema político, Lira explicó que desde el retorno a la democracia "ningún gobierno tuvo la voluntad de buscar los mecanismos necesarios para darles todas las herramientas a los jueces para que pudieran fallar de la mejor manera posible estas causas".

Sin embargo, para Lira uno de los errores de los magistrados, sobre todo de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte Suprema, fue no fallar respetando los tratados internacionales y "otorgarles libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad que no se lo merecían".

El abogado de los condenados de Punta Peuco, Raúl Meza, opinó distinto. "La Sala Penal de la Corte Suprema ha tenido un actuar confuso y vacilante desde el punto de vista jurídico-penal, al sentar una jurisprudencia muy contradictoria (...). El gran error del máximo tribunal es haberle comprado a la izquierda la tesis de los delitos de lesa humanidad", indicó Meza.

De las 447 causas falladas, hay 394 que tienen que ver con materias penales. De todas, 175 casos corresponden al delito de secuestro calificado, 108 a homicidio calificado, 50 a homicidio, 37 a secuestro, 16 a detenciones ilegales y 15 casos sobre aplicación de tormentos.

Además, entre 2014 y 2018 hubo 2.837 condenados en primera instancia. El máximo tribunal también ordenó indemnizar a las víctimas por más de $ 54 mil millones.