Discusión de la Ley de Bancos partirá en marzo

Siete meses han pasado desde que se ingresó a tramitación legislativa el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria. Y aunque existe relativo consenso respecto de sus lineamientos centrales y la urgencia de aprobar esta reforma para adecuar las exigencias de capital del sistema financiero chileno a los estándares internacionales, la iniciativa no alcanzó a completar su discusión durante el actual gobierno, quedando su destino en manos de la administración Piñera.

No obstante, agentes de la industria, expertos, parlamentarios y la propia autoridad descartan que esto signifique que el proyecto, como ya se ha anunciado respecto de otras propuestas del actual gobierno -como la reforma pensiones-, se retire del Congreso o se modifique sustancialmente.

El superintendente de Bancos, Eric Parrado, sostiene que espera que la reforma se apruebe prontamente, pues no hay mayores diferencias entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos sobre su contenido.

"Hay un consenso bastante transversal con los distintos diputados y senadores de los distintos colores. Uno ve que hay un apoyo transversal a la necesidad de poner al día nuestra legislación bancaria", indica Parrado.

El presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, reconoce una "tramitación larga y exhaustiva" del proyecto, y que espera que la ley "salga lo antes posible, ya que Chile está atrasado en materia de regulación bancaria". Esto, considerando que la última actualización relevante a la LGB fue a finales de los noventa, advierte.

Tras su aprobación en general hace unas semanas, la iniciativa pasará a la sala en marzo y luego debe volver a la Comisión de Hacienda para su discusión en particular. Una vez allí, tres temas se perfilan como claves del debate: reserva bancaria, exigencias de capital según rubro económico y la integración de la Sbif con la nueva Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Para la banca, el primer punto es su principal preocupación. Schulin-Zeuthen afirma que esto "debe resolverse ahora".

"La atribución es amplia, por lo que debiera acotarse a personas específicas en investigaciones determinadas y el plazo para entregar la información debe homologarse a lo establecido en el artículo 62 del Código Tributario, 10 días", añade.

Sobre ese punto, el Gobierno ya se mostró abierto a precisar la redacción. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) - miembro de la comisión de Hacienda-, plantea que eso es un avance, pero mantiene su postura respecto de que este tema "parece superpuesto en el proyecto, como un parche", y que no tiene que ver con el resto de la iniciativa.

Sin embargo y al igual que su par Jorge Pizarro (DC), concuerda en la necesidad de dejar claro el ámbito de uso de la reserva, que es lo que causa mayor inquietud.

Para ambos parlamentarios, otro tema que será clave en esta segunda etapa de discusión será cómo aplicar las exigencias de capital a los bancos según rubro, sin afectar al negocio. "Todos estamos de acuerdo en que hay que subirla, pero el tema es ver hasta cuándo debe ser de tal modo de no afectar al negocio", añade Pizarro. "No se puede castigar a un sector por una percepción mayor de riesgo", acota Coloma.

Desde la mirada externa, el ex superintendente de Bancos Rafael Bergoeing enfatiza la necesidad de aprobar pronto el proyecto, de manera de iniciar también a la brevedad la integración de la Superintendencia de Bancos a la Comisión para el Mercado Financiero.

Ello, explica, porque "es muy diferente enfocarse sólo en el mercado de valores que además en el sistema bancario, que tiene una supervisión preventiva, y por tanto requiere expertise. Así que el desafío desde mi perspectiva es sacarlo lo antes posible". Ello aunque reconoce que tiene una sensación de "dulce y amargo" al respecto, dice, ya que en esa rapidez no está claro que se pueda abordar debidamente otro tema importante: la resolución bancaria.

En el gremio de bancos, otro asunto de preocupación respecto de la CMF es el perímetro regulatorio, ya que el proyecto da a la Comisión de Mercado Financiero (CMF) la responsabilidad de proponer al ministro de Hacienda las modificaciones que permitan adecuar el perímetro a la realidad cambiante del mercado financiero, velando por la fe pública, el riesgo sistémico y que todas las entidades estén bajo una regulación equivalente. "En el mediano plazo, debiera buscarse una fórmula que permita una mayor independencia económica de la CMF", añade Schulin-Zeuthen.