Observatorio Fiscal advierte concentración en proveedores municipales en 2017

Luego de levantar la semana pasada una alerta por riesgo de malas prácticas en las compras municipales, detectando un alto uso de contrataciones directas en vez usar licitaciones públicas, el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile dirigió ahora su análisis a los proveedores, nuevamente encontrando señales de riesgo por una alta concentración en la oferta de servicios.

Según destacaron, pese a que el 88,7% de las órdenes de compras municipales de 2017 fueron distribuidas entre más de 28 mil empresas del país, el 11,3% restante -poco más de US$ 221 millones- se repartió entre solo 10 proveedores. A juicio del Observatorio Fiscal, "la concentración del mercado en pocos proveedores es un foco de riesgo importante y que llama a revisar las razones detrás de estos contratos".

Al respecto, señalaron que "uno de los principales focos de riesgo de corrupción son las compras públicas, que por su magnitud -en términos de montos, como de volumen de transacciones- se vuelven altamente sensibles para el Estado. Especialmente la concentración que algunos proveedores tienen".

El análisis del Observatorio arrojó que la empresa que mayores montos en órdenes de compras municipales se adjudicó en 2017 fue "Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.", llegando a$ 36.180,9 millones (más de US$ 60,8 millones).

La firma, dedicada a la mantención y construcción de áreas verdes, se adjudicó compras de nueve municipios, y prácticamente todos sus contratos (99,8%) los obtuvo mediante licitación pública.

En tanto, tres contratos directos se realizaron con la Municipalidad de El Bosque (Gran Santiago), sumando poco más de $ 40,1 millones, y uno con el municipio de La Calera (Valparaíso), por $ 3,5 millones.

Consultado al respecto, el gerente de Administración y Finanzas de la empresa, René Gutiérrez, destacó que "nuestra empresa no tiene ningún contrato directo con municipios", agregando que "todo se realizó a través de procesos de licitaciones".

Luego se ubicó "Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A.", llegando a poco más de US$ 35,7 millones en total, transado a través de cuatro municipios. "Constructora Andes y Cía. Ltda", fue tercera en el ranking, tras anotar más de US$ 21,5 millones.

Distinto fue el caso de la cuarta empresa en el ranking, Copec S.A., que si bien se adjudicó US$ 21,1 millones en 2017, estuvo distribuido a lo largo de 251 municipios. Además, el 75,2% de sus compras se realizó mediante la modalidad del convenio marco, que de acuerdo a Chile Compra, busca generar ahorros en la gestión, de manera que aquellos bienes de menor valor que ya han sido adjudicados en una licitación, no deban ser licitados nuevamente.

Más allá del monto, el foco del Observatorio Fiscal se agudizó en el caso de las empresas Demarco S.A. y Starco, quinta y décima en el ranking, ya que ambas pertenecen a KDM empresas.

Sumando las órdenes de compra en 2017, ambas llegan a más de US$ 28,5 millones, y ocuparían el tercer lugar del ranking nacional. Además, se destacó que Demarco S.A. tuvo los mayores montos por trato directo (casi US$ 4,7 millones), a lo que se suman los US$ 28.661 que obtuvo Starco por esta modalidad de pago.

José Luis Navajas, gerente general de Starco Demarco, planteó que "en los servicios de recolección de residuos municipales el trato directo es una modalidad extraordinaria de contratación que se puede usar en determinadas condiciones", por ejemplo, "cuando la licitación convocada es declarada desierta y no es posible hacer un nuevo proceso dentro del plazo que queda al contrato vigente".

La empresa Dimensión S.A. también fue apuntada, tras obtener contratos directos por US$ 4,2 millones.

La directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, advirtió que "las licitaciones públicas pueden parecen competitivas frente a los ojos de la ciudadanía, pero ¿quién sabrá si, en algunos casos, estas empresas no estarían controlados por el mismo dueño?".

Agregó que "no conocer quiénes están detrás de las compras públicas implica costos para el sector empresarial, por amenazar su libre competencia y dificultar los negocios". Además, remarcó que "en los tratos directos, el anonimato podría esconder lazos familiares o de amistad con los encargados de compras en los servicios púbicos". Así, reiteró su llamado a transparentar la información en Chile respecto de quienes son los "beneficiarios o dueños finales" de las compañías, planteando que " ni el Servicio de Impuestos Internos, ni la Unidad de Análisis Financiero tienen datos exactos sobre ello".