Walmart defiende proyecto El Peñón ante Comité de Ministros

La gigante Walmart ha redoblado sus esfuerzos para defender el denominado Centro de Distribución El Peñón en Chile, que requiere una inversión de US$ 180 millones y que ha enfrentado una férrea oposición incluso en tribunales.

Ante el Comité de Ministros, la multinacional defendió la legalidad del proyecto que permitirá el abastecimiento de las diferentes tiendas de la cadena (Líder, Líder Express, Ekono, Súper Bodega, aCuenta y Central Mayorista).

A pesar de obtener su permiso ambiental en abril del año pasado, recién esta semana Walmart activó las obras preliminares del proyecto catalogado por la propia estadounidense como el más relevante fuera de Estados Unidos. La iniciativa permitirá la recepción, clasificación y almacenamiento temporal de sus productos.

El pasado 19 de enero, el Director Ejecutivo (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, órgano que cumple funciones de Comité de Ministros, resolvió reanudar el procedimiento de reclamación. Ello tras concluir la judicialización del proyecto en tribunales ordinarios, luego que la Corte Suprema confirmara el rechazo a los cinco recursos de protección que presentarán opositores a la iniciativa.

Ante el Comité de Ministros, Walmart cuestionó la estrategia de los opositores al proyecto, entre los que se encuentran los municipios de Calera de Tango y San Bernardo, y el diputado (PS) Leonardo Soto.

"Cuestiones políticas o que no son técnicas, tales como la mantención de la ruralidad, u otras, no son posibles de ser analizadas en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, existiendo otros instrumentos de carácter político-administrativo, como por ejemplo los planos reguladores que definen este tipo de situaciones", sostuvo la compañía representada por estudio Asesoría y Desarrollos Abogados.

De hecho, Walmart pidió al Comité de Ministros -que a contar del 14 de marzo será presidido por la nueva ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos-, no "caer en el juego de los reclamantes de calificar el nivel de participación sino limitarse a revisar la legalidad del proceso, y en particular, a comprobar que cada una de las observaciones transcritas en los recursos han sido debidamente consideradas durante el mismo".