Acoso sexual en Ues.: protocolos incluyen desde rebajas de sueldo hasta despido

Notorio revuelo ha causado en la comunidad estudiantil de la Universidad de Concepción el despido de Andrés Latini, profesor de Fotografía de la carrera de Periodismo, quien tras varios meses de investigación por denuncias de acoso presentadas por alumnas, fue destituido del plantel.

Al docente se le acusó de realizar comentarios sexistas y misóginos durante sus clases, además de mantener conversaciones supuestamente inadecuadas con alumnas por medio de redes sociales. Las denunciantes presentaron algunos pantallazos de estos diálogos como pruebas ante la Contraloría de la universidad.

"Estamos conformes con la decisión, ya que la investigación demostró que el profesor era responsable de acoso. La valentía de las compañeras fue valorada y permitirá que este tipo de prácticas no se normalicen", sostuvo Patricia Mansilla, presidenta de la coordinadora de estudiantes de Periodismo del plantel.

A este incidente se sumarían los de otros tres protagonizados por docentes de la misma carrera, quienes también fueron investigados: en dos casos el proceso sigue pendiente y en un tercero no se renovó el contrato de servicios.

La denuncia masiva se dio a conocer por los estudiantes en mayo pasado, con cerca de 18 testimonios que relataban presuntas escenas de acoso sexual. Sin embargo, el plantel penquista no es el único afectado. Las denuncias contra profesores y estudiantes tienden a incrementarse. Por eso, las propias comunidades universitarias -alumnos, docentes y funcionarios- han elaborado diversos protocolos de acción ante estos hechos.

Por ejemplo, en la U. Diego Portales. Desde el año pasado, la vocalía de género y sexualidad de la institución viene trabajando, en conjunto con los sindicatos, un protocolo. No obstante, según contó Camila Barrueto, vocera de la organización, cuando se aprobó hace un mes "hubo quejas de los estudiantes, porque muchas de nuestras acotaciones no se hicieron efectivas".

Si los implicados son docentes, las sanciones van desde amonestaciones escritas hasta una sanción económica -la retención de una parte del sueldo- o incluso la destitución. Barrueto sostiene que "no hay medidas que resguarden a las víctimas, creo que le falta una perspectiva de acoger y empatizar con ellas".

En la U. de Santiago, las sanciones son similares. "Pueden ser leves hasta la expulsión, en el caso de alumnos y docentes", explicó Stefano Buscaglia, vocero de la vocalía de la Usach.

Añadió que pese a que su protocolo, elaborado con la participación de alumnos, funcionarios y académicos, se aprobó en marzo pasado, "ya desde 2016 como vocalía teníamos un catastro con 80 denuncias".

La situación no es muy distinta en la U. Católica. Según explicó la presidenta de la Feuc, Sofía Barahona, su casa de estudios también tiene un protocolo de acción, pero que no especifica las sanciones, pues éstas son determinadas por la secretaría general.

Por eso, tampoco ha estado exento de críticas. "Nosotros proponemos que se levanten protocolos por facultades. Aquí los alumnos critican los tiempos de espera para recibir una respuesta de la secretaría. Hace poco una alumna esperó 11 meses", explicó la dirigenta. Y añadió que "este plan no contempla una visión estructural. Se hace cargo de las consecuencias, pero no de las causas".

En la U. de Talca su reglamento fue presentado recién este jueves. "El problema es que los alumnos tenemos una semana para hacer observaciones, pues fuimos excluidos del proceso de elaboración", explicó Eliana Adams, presidenta de la federación de estudiantes.