Acreditación: proyecto incluye multas a rectores y suma agencias extranjeras

Eliminar completamente la Comisión Nacional de Acreditación y pasar a una Agencia Nacional que estará a cargo de las acreditación obligatoria de las instituciones de educación superior.

Es la propuesta que el gobierno ingresará al Congreso en los próximos días, proyecto que ayer fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación, Harald Beyer.

El proyecto propone reemplazar los 15 miembros que actualmente componen la CNA y que eran designados por las mismas instituciones a acreditar, por un consejo de cinco integrantes, en el cual sólo el presidente tendría dedicación exclusiva y sería nombrado por el Presidente de la República.

Los demás integrantes serían seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública y, de una terna, nombrados por el Mineduc. De este modo se busca evitar conflictos de interés.

En este proceso la acreditación deja de ser voluntaria, y su obligatoriedad implica que si una casa de estudios pierde la certificación también queda sin el reconocimiento oficial del Mineduc, por lo que los títulos que otorgue no tienen valor.

El ministro Beyer recalcó que se busca una acreditación integral, lo que implicará que al certificar la institución también se revisarán dos carreras elegidas aleatoriamente, buscando así que todas las carreras tengan altos estándares de calidad. "La ley define 12 estándares generales, como tener gobiernos corporativo y responsables, que permitan llevar adelante su proceso de calidad académica", explicó el ministro.

Beyer agregó que en la evaluación institucional quedan fuera las agencias privadas y podrán participar agencias internacionales públicas, de países con modelos consolidados. La acreditación obligatoria regiría entonces por seis años. Las instituciones, en la media que venza su acreditación actual, ingresarían al nuevo sistema.

Beyer explicó que en caso de no cumplir gravemente con uno de los 12 estándares que se instaurarán "una institución no se va a acreditar, si tiene debilidades en uno de ellos podría haber una acreditación provisional por tres años".

El proyecto también dispone que para la creación de nuevas carreras, sedes o crecimiento de matrícula, debe consultarse a la Agencia. Si se llegase a probar que la acreditación fue obtenida de modo fraudulento, el proceso se reiniciará y además se multará a los rectores y los miembros de las juntas directivas de las casas de estudio.

El Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al Congreso e indicó que "no podemos seguir perdiendo el tiempo. Pido una tramitación rápida y expedita".

Expertos

Ernesto Treviño, directo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, valoró la eliminación de la acreditación en uno, dos o tres años.

"Esto obliga a las universidad e institutos a ponerse serios con el tema. Eliminar la participación de agencias privadas es una excelente señal, se generaban muchos conflictos de interés", dice, pero advierte que los cinco miembros de la comisión deberían ser de dedicación exclusiva.

Sobre las multas a los rectores, manifiesta que "me parece poco, creo que además tendría que tener consecuencias directas para la universidad".

El senador Carlos Cantero, de la Comisión de Educación del Senado, advierte que debe quedar establecido qué pasa con los alumnos en el caso de que una institución pierda la acreditación y dijo que "el hecho que la Alta Dirección Pública haga la selección de cuatro comisionados no es suficiente. Requieren ratificación del Senado para dar confianza y seguridad a todos los sectores del país".

El rector Juan Manuel Zolezzi, vocero del Consejo de Rectores, cree que no es bueno que cuatro consejeros sean elegidos por el Mineduc. "Debería haber una combinación, algunos deberían nombrados por el Ejecutivo y otros por el Parlamento", dijo.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, valora que el Estado regule el sistema y sobre las multas dijo que "no sólo deben ser a los rectores, si no a todos quienes puedan incurrir en infracciones".