Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores: "La administración del sistema de admisión debe seguir en manos del Cruch"

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Las autoridades universitarias se reúnen hoy para analizar las indicaciones que el Mineduc propuso al proyecto de Educación Superior. Una de las principales críticas apunta a la idea del gobierno de que una subsecretaría se haga cargo del nuevo sistema común de acceso.




En medio de la rendición de la PSU y del proceso de selección 2018, se abrió el debate sobre la necesidad de hacer cambios al test que se utiliza para la admisión a las universidades. En paralelo, el gobierno puso urgencia al proyecto de educación superior y uno de los puntos de discrepancia con el Consejo de Rectores (Cruch) es la propuesta del Ejecutivo de que la nueva subsecretaría se haga cargo del futuro sistema común de acceso. En este contexto, rectores de universidades del Cruch, privadas y centros de formación técnica e institutos profesionales, proponen que la elaboración de la PSU sea licitada y no quede automáticamente en manos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, que hasta ahora tiene a cargo esa labor.

Hoy el Cruch sesiona de forma extraordinaria para analizar el proyecto del gobierno y evaluar sus pasos a seguir. En entrevista con La Tercera, el vicepresidente del consejo y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, analizó este escenario.

Hay críticas que apuntan a que el Cruch no quiere hacer cambios a la PSU. ¿Es así?

El consejo ha dado inicio a un proceso de evaluación de la validez predictiva de los distintos instrumentos de medición y selección, lo que incluye ciertamente a la PSU. Las conclusiones y propuestas de revisión y cambios, validados técnicamente, deben ser analizados por el plenario del Cruch y traducirse en acuerdos. Nuestra disposición es acoger las propuestas de cambios al sistema y a la PSU.

¿Ustedes accedieron a crear un comité de expertos para evaluar cambios ante las presiones del Demre?

El Cruch no acepta presiones y menos actuará conforme a ellas. Lo cierto es que el Demre ha hecho propuestas, no presiones, que al igual que otras, serán parte de ese proceso que antes señalé, que debe implementar el Sistema Único de Admisión (SUA) y corresponde al Cruch concluirlo, adoptando los acuerdos pertinentes. Estamos abiertos a escuchar otras opiniones y llamo a tener confianza y serenidad sobre este proceso.

¿Debería existir un sistema de admisión único administrado por el Mineduc?

No estamos de acuerdo en que el sistema de admisión quede en manos del Poder Ejecutivo en ejercicio. Ello pone en riesgo la autonomía de las instituciones en un componente muy sensible del sistema de educación superior. Siempre hemos dicho que el proyecto de ley confunde decisión pública con decisión del gobierno. Somos partidarios de un sistema en que las instituciones tengan la decisión tanto respecto de los instrumentos, los procedimientos y la administración del proceso de admisión, con participación de la autoridad pública.

¿El Cruch tiene un contrato o convenio con la U. de Chile para hacerse cargo de la prueba?

La relación del Cruch con la U. de Chile en materia de admisión responde a una larga tradición. Se funda, por lo mismo, en la convergencia fundamental de que es necesario que el país cuente con un sistema de admisión confiable, transparente, de carácter nacional y que garantice un proceso de selección imparcial, donde solo se evalúa y decide el ingreso sobre la base del mérito y el esfuerzo de cada postulante. Hemos tenido diferencias, pero siempre se resuelven en el contexto antes señalado. Una consecuencia de ello es que la U. de Chile contribuye anualmente al financiamiento del SUA.

¿Debería el Cruch evaluar cada cierto tiempo el desempeño del Demre y la posibilidad de contar con más organismos técnicos?

La evaluación se produce cada año y no tenemos dudas sobre el desempeño del Demre, su profesionalismo y sentido público. Eso no obsta ni es incompatible con la necesidad de una contraparte técnica integrada por expertos nacionales y extranjeros, que respondan a una voluntad externa al propio Demre para validar dicho desempeño constantemente. Pero esta relación es diferente a un acto de licitación. El Cruch debe conservar la decisión sobre el carácter de la relación con el organismo que elabora las pruebas y su aplicación, así como en la determinación del mismo.

El gobierno puso urgencia al proyecto. ¿Cómo toman eso?

Está muy bien dar urgencia al proyecto de reforma a la educación superior, pero no estoy de acuerdo en que se debilite el marco regulatorio para las universidades privadas, especialmente si van participar del financiamiento público en cualquiera de sus formas, menoscabando a las que se incorporan a la gratuidad en relación con las otras. Los recursos públicos, sea que se otorguen mediante becas o créditos, deben garantizar fines públicos y ello no está claro en el proyecto antes, ni menos después de las indicaciones. Tampoco estoy de acuerdo con que las vacantes, los aranceles y el sistema de acceso sean decididos por el Poder Ejecutivo, sin los contrapesos y equilibrios que las instituciones requerimos para salvaguardar nuestra autonomía y la de nuestros proyectos educativos y de desarrollo. Esto contraviene una larga y valiosa tradición tanto en la institucionalidad pública como en la cultura del sistema de educación superior del país.

El gobierno propone que la nueva subsecretaría se haga cargo del sistema común de acceso para todas las instituciones. ¿Qué le parece?

La administración del sistema de admisión debe continuar en manos del Cruch y el proyecto de ley debe regular ciertos aspectos como la apertura o incorporación al mismo, estableciendo condiciones objetivas.

Hay rectores que señalan que si esta facultad quedara en manos de la subsecretaría, la elaboración de la prueba de selección debería licitarse y no mantenerse directamente en el Demre. ¿Cuál es su opinión?

No estoy de acuerdo con la licitación de su administración, lo que acontecería si la ley reserva este sistema a la potestad reglamentaria del gobierno en ejercicio. Este es uno de los efectos, no reconocidos ni declarados por el gobierno, que puede tener el proyecto si se aprueba tal como está.

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