Alta tasa de desvinculaciones es principal traba a 10 años de la Alta Dirección Pública

La creación de un sistema que proveyera un mecanismo objetivo y basado en el mérito profesional para designar altos cargos de gobierno, fue una de las consecuencias del acuerdo político generado entre el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y la Alianza, para resolver el caso MOP Gate. Así se creó el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), un organismo dependiente del Servicio Civil que, a través de un concurso público, propone a la autoridad los candidatos más idóneos para ocupar los cargos de directores nacionales y regionales, entre otros, de distintos servicios del país.

De esta forma, un sistema que comenzó con la elección de poco más de 400 cargos del gobierno central, fue ampliándose con la designación de directivos de organismos de diversa índole (denominados cargos no adscritos), como directores de Codelco, consejeros de la Agencia de Calidad de la Educación, e incluso del Panel de Expertos que fija los precios del pasaje del transporte. Se suman varios cargos relacionados con el mundo educacional, como los jefes de Departamento de Educación Municipal (DAEM) o directores de escuelas y liceos municipales (ver secundaria).

No obstante, a 10 años de la implementación del sistema, la alta tasa de desvinculaciones de cargos directivos cada vez que cambia una coalición de gobierno, es sindicada como una de las principales trabas para el fortalecimiento del sistema.

"Hay una desvinculación muy significativa de cargos de primer nivel (directores nacionales), de cerca del 70% en cambios de coalición", explica el director del Servicio Civil y presidente del Consejo de ADP, Rodrigo Egaña. "Nos parece una proporción excesivamente alta y es la dificultad principal, porque es pérdida de cierto talento que tenía el Estado", añade.

De hecho, junto con el cambio de gobierno de Concertación a Alianza en 2010, el 63% de las personas que ocupaban cargos de primer nivel fueron desvinculados, mientras que entre marzo y octubre de este año, con la entrada de la Nueva Mayoría al poder, la salida de estos directivos llega al 64%. La situación se repite con los cargos del segundo nivel (directores de departamentos): en 2010 llegaron al 24% y en 2014 van en 42% (ver infografía).

"En muchos casos no es una desvinculación acompañada de una evaluación del desempeño de los directivos, sino muchas veces motivadas por razones de desconfianza política", explica Egaña.

Estos cargos duran tres años y pueden ser renovados dos veces, hasta un máximo de nueve. Sin embargo, el promedio de duración de una persona en el cargo es de 2,2 años.

Al respecto, Ramón Farías (PPD), presidente de la Comisión de Interior, Nacionalidad y Regionalización de la Cámara, afirma que "la idea del sistema de ADP es tener a la mejor gente y evitar el favor político, pero no se puede desconocer que dentro del aparato del Estado, los funcionarios altos y puestos de importancia deben tener la misma orientación que el gobierno correspondiente".

Una opinión que difiere a la del senador Alberto Espina (RN), miembro de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta. "El ADP ha sido altamente sobrepasado y que conduce que cada gobierno nombre a los simpatizantes de su sector. Hay que tener un sistema por el que las personas accedan a cargos por sus méritos y no debe ser removido cuando cambia el gobierno".

DESAFÍOS

Limitar la figura del "transitorio y provisional", directivos designados directamente por la autoridad para un cargo ADP y que ejercen mientras se realiza el concurso público para la nominación definitiva, es una de las principales propuestas que el Consejo de Alta Dirección Pública ha puesto sobre la mesa para enfrentar las desvinculaciones.

"Lo que señalamos es que al inicio de cada gobierno, y para 20% de los cargos del ADP, la propuesta de nombramiento venga del Ejecutivo y el consejo evalúa esa postulación sobre su idoneidad. Así, el nuevo gobierno puede disponer de un número importante de servicios para la puesta en marcha del programa de gobierno, pero no todos", afirma Egaña.

Asimismo, Beatriz Corbo, miembro del Consejo, agrega que "también planteamos que en los segundos niveles, si la autoridad nombra un transitorio y provisional, esa persona no pueda postular al proceso de nominación ADP. Eso desincentivaría mucho a las personas que quieren ser titular del cargo, a que acepten ser designados a dedo".

Estas y otras propuestas están contenidas en un documento que el Consejo de ADP hizo llegar al Ministerio de Hacienda, donde se avanza en la elaboración un proyecto de ley de fortalecimiento del sistema.

También se analiza el impacto que tendrán los proyectos de regionalización y descentralización, y la creación de mecanismos regionales para nombrar a los altos directivos de los nuevos servicios que serían creados.

"Creemos que es absolutamente necesario replicar el ADP región a región. Debemos usar el mismo modelo que tenemos con los Serviu y los Servicios de Salud. Tener un sistema nacional de ADP evita la captura política, que con mucha fuerza puede darse en regiones", puntualiza Egaña.