Aportes estatales o privados, la mayor diferencia en consejo anticorrupción

A las 17.00 de ayer empezaron a llegar al salón O'Higgins de La Moneda los primeros miembros del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencia y la corrupción, para llevar a cabo la primera reunión.

A pesar de que los integrantes llegan con un diagnóstico común respecto a la crisis política generada por los casos Penta y Caval, al revisar las propuestas que varios de ellos han hecho en el pasado a título personal o en representación de sus respectivos centros de estudios o fundaciones, hay una declarada discrepancia por un tema crucial: cómo financiar las campañas y los partidos políticos.

De esta manera, el origen de los recursos para financiar la política -tanto en periodos normales como en elecciones- se anticipa como uno de los ejes centrales del debate iniciado ayer.

Por ejemplo, dispuesto a darle mayor peso al financiamiento fiscal a la política se ha mostrado en más de una ocasión el líder de la nueva instancia y doctor en Estadísticas, Eduardo Engel, quien, sin embargo, ha precisado que el centro de la discusión debe ser el fortalecimiento del Servicio Electoral (punto donde existe amplio consenso).

Según lo que propuso Engel, junto al centro de estudios Espacio Público, en diciembre de 2014, respecto al financiamiento por parte del Estado a los partidos, el economista ha planteado que el financiamiento fiscal debe ser "un incentivo para los partidos" a aumentar "los niveles de participación del electorado, en un contexto en que el voto es voluntario".

A favor del financiamiento fiscal se han manifestado ex director ejecutivo del Instituto Interamericano de DD.HH., Danilo Zovatto; el doctor en Derecho, Agustín Squella; la integrante del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repetto; el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, Claudio Fuentes; y la oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile, Marcela Ríos. Ellos, excepto Zovatto, firmaron una carta en 2012 en que planteaban que "el Estado debe proveer un financiamiento público transparente y auditable".

Sin embargo, hay consejeros que creen que el principal pilar del financiamiento político debe ser privado.  Incluso, algunos creen que  deben mantenerse los aportes reservados. En esta vereda se encuentra el abogado de la Universidad de Chile y subdirector del CEP, Lucas Sierra, quien en la comisión de Constitución de la Cámara el 27 de enero, señaló que "es bueno que las personas donen a la política, ya que fortalece a la democracia". A esta idea se le suma la subdirectora de Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa. El think tank ha planteado a través de documentos "mantener el financiamiento de empresas, con reglas claras y transparentes, introducir mejoras al sistema de aportes reservados".

En un receso realizado en medio de la reunión de ayer, el presidente de la comisión, señaló que "contando con 45 días para abordar una serie de temas que son importantes para el país- y que no hemos partido de cero- existen una serie de trabajos hechos, propuestas, proyectos de ley, lo más diverso; por lo tanto, nuestra primera decisión ha sido recoger lo que hay sobre este tema".

Respecto a la relación que tiene la instancia con los últimos acontecimientos como el caso Penta y Caval, el ingeniero civil y doctor en Tecnología indicó que "creemos que esa coyuntura que nos ha llevado a la creación de este consejo, no debiera estar pauteando cada una de nuestras decisiones".

El encuentro del consejo duró casi cuatro horas y se espera que las próximas reuniones se lleven a cabo en regiones.