Asesorías parlamentarias: las cinco aristas de la investigación que inquieta al Congreso

Todo comenzó tras la autodenuncia que la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, interpuso ante la Fiscalía Oriente el 9 de septiembre 2016 para dar cuenta de boletas supuestamente falsas entregadas a la diputada gremialista Claudia Nogueira. Durante la declaración, el fiscal Pablo Norambuena le preguntó a la periodista: "¿Tiene conocimiento de otros hechos que pudieran revestir carácter de delitos? ¿O sobre contratos por asesorías que pudieran no haberse prestado o haber retornado los dineros a los solicitantes de asesorías?".

Como respuesta, la ex funcionaria UDI relató lo que podría configurarse como un mecanismo instalado en la bancada del partido para triangular pagos por concepto de asesorías externas. Hoy la fiscalía indaga un posible fraude al Fisco y ha hecho extensiva la investigación a todas las bancadas de la Cámara al solicitar copia de los informes relacionados con asesorías externas que todos los diputados (no importando color político) hubiesen contratado entre 2011 y 2015.

Ante el riesgo de que se instale una verdadera caja de pandora, fuentes ligadas al Congreso aseguran que dirigentes de oposición y del oficialismo ya han tomado contacto para sondear un pacto de no agresión.

Tres empresas bajo la mira: Hasta el momento la fiscalía ha centrado sus diligencias en las asesorías que tres sociedades han prestado a catorce diputados de la UDI. Se trata de las firmas Sociedad Legal Ltda, Visión Legislativa y B&C Consultores Ltda. La primera pertenece a los hermanos Pablo y Luis Cantellano; la segunda fue formada por el abogado del caso tsunami, Carlos Ferlie y su mujer, Claudia Toro y la tercera es del ex diputado Sergio Bobadilla y su esposa, María Ximena Crovetto. "Se trata de empresas o agencias montadas de manera irregular para prestar servicios a parlamentarios, con la finalidad de buscar retorno de recursos", dijo Zúñiga en su declaración del 9 de septiembre de 2016.

Entre 2011 y 2016 las tres empresas cobraron en total por sus asesorías casi $ 400 millones. La fiscalía ya solicitó la contabilidad de tres empresas proveedoras de la bancada UDI.

Revisión de asesorías a todas las bancadas: Pese a que la denuncia original de Zúñiga se circunscribió a la bancada UDI, la fiscalía optó por ampliar la investigación a todos los comités de partidos. Los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo enviaron el lunes a la Cámara un oficio pidiendo remitirles todas las asesorías contratadas por los 120 diputados entre 2011 y 2015. Según explican fuentes ligadas a la causa, la apuesta por ampliar el alcance de la investigación se relaciona con el interés de la fiscalía de evitar cuestionamientos por un supuesto sesgo político en sus indagatorias. Tampoco, dicen las mismas fuentes, que la investigación también llegue al Senado.

Las asesorías verbales: Entre las materias que la fiscalía busca esclarecer está la legalidad de eventuales asesorías verbales. En varias causas sobre financiamiento irregular a la actividad política, distintos imputados han buscado justificar la existencia de los servicios prestados argumentando que éstos correspondían a asesorías verbales, de las cuales, por su naturaleza, no quedaban registros. En este sentido, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias -tras una consulta del Consejo de Defensa del Estado, en relación a una causa paralela en contra del ex ministro Jorge Insunza por asesorías de su ex consultora Sistema Consultores-, aclaró que para el Congreso las asesorías verbales no existen. Según la normativa expuesta por el Consejo Resolutivo, todas las asesorías deber ser acreditadas por medio de informes o formularios diseñados para ese propósito, donde se detallen los alcances de ese servicio.

El rol de los secretarios de las bancadas: Otro foco de la investigación de la fiscalía busca constatar el rol de los secretarios de cada comité parlamentario en el Congreso. Esto luego de que, según el testimonio prestado por Zúñiga, el secretario de la bancada de diputados UDI, Rodrigo Pinochet, (quien ha trabajado para el partido desde hace más de 20 años) sería el real controlador de algunas de las empresas proveedoras de asesorías. "Sobre la empresa Visión Legislativa Limitada, el dueño es Carlos Ferlie y su esposa, pero el dueño real sería el señor Rodrigo Pinochet que es la cabeza administrativa de la bancada de diputados de la UDI", dijo la periodista en su declaración. Según información registrada en Transparencia activa de la Cámara, una hermana de Pinochet, Claudia Pinochet Aros, también ha prestado servicios como asesora a diputados de la bancada.

El notario del caso firmas: Entre las diligencias de la fiscalía, se incluye un interrogatorio, en calidad de testigo, al ex notario Roberto Mosquera, ya sancionado por el caso firmas, por haber autorizado de manera irregular firmas para el proceso de inscripción de la candidatura presidencial de Franco Parisi en 2013. Según Zúñiga, Mosquera facilitaba su timbre oficial para que funcionarios de la UDI hicieran, por su cuenta las inscripciones de candidatos en distintas elecciones. "Mario Contreras (un militante UDI), en una conversación telefónica conmigo del día 5 de junio 2016 a las 21:16, me comentó sobre el timbre que facilitaba el notario Mosquera, quien dejaba el timbre en las oficinas de la UDI para los procesos de inscripción de los candidatos y apoderados de mesa, relatándome que él y Jorge Manzano (secretario ejecutivo de la UDI) eran los que firmaban los formularios de cada candidato y colocaban el timbre que les dejaba el notario. Cobraba $1.500 por cada documento", dijo Zuñiga en su declaración, la que acompaño con una grabación del audio de la conversación con Contreras. El notario Mosquera negó la acusación: "Yo era compañero de Jaime Guzmán y Jovino Novoa y sobretodo Jaime me pidió que yo fuera el notario de ellos", dijo respecto de su relación con la UDI. Y agregó: "Es mentira que yo les mandaba el timbre. Y que importaba que tuvieran el timbre si lo importante era mi firma. Nunca me hicieron la firma que yo sepa. Además no podían sellar, ya que carecían de este elemento que corresponde al sello de agua, el cual siempre está en la notaría", fue parte de la declaración del notario.