Auditoría del Congreso detectó problemas de uso de asignaciones en tres senadores

El pago de contribuciones de una propiedad de un partido político fue uno de los gastos cuestionados a un senador, que arrojó la fiscalización -del período 2011 y 2012- al uso de asignaciones parlamentarias.

El caso, que es detallado en el informe anual del Comité de Auditoría Parlamentaria -órgano fiscalizador del Congreso-, motivó que el senador instruyera la devolución del dinero gastado, dado que las asignaciones son "recursos públicos".

Según el informe, en total hubo tres senadores que presentaron problemas en sus asignaciones. La fiscalización realizada en las circunscripciones de Los Lagos, Araucanía Sur y Maule Norte detectó nueve situaciones -referidas a estos tres senadores- que fueron objeto de reparos o solicitudes de aclaración.

En algunos casos se trataba de errores contractuales o administrativos, que fueron despejados posteriormente. Pero igualmente, los senadores afectados debieron devolver al menos cuatro gastos mal realizados (ver columna derecha).

Entre los episodios más delicados, además del pago de contribuciones a un partido, el informe detalla el uso de recursos públicos en gastos comunes y servicios básicos de un inmueble que formaba parte del patrimonio personal del senador.

Aunque el legislador fiscalizado también devolvió estos dineros, el problema se habría originado porque el senador no declaró debidamente que usaba este inmueble privado como su oficina "pública". La actual normativa permite esa situación, siempre y cuando la asignación no sea usada para pagar un "autoarriendo" de esa oficina.

Las identidades de los senadores, sin embargo, se mantienen en reserva, en vista de que el Comité de Auditoría concluyó que ningún caso ameritaba ser denunciado ante la Comisión de Etica del Senado.

Además, algunos de los gastos cuestionados ocurrieron a fines de 2011 e inicios de 2012, período concebido como "marcha blanca" para instaurar la nueva institucionalidad sobre asignaciones. Entonces, la anterior normativa era más permisiva para los gastos de parlamentarios.

"Son situaciones menores, si hay gastos que no proceden, se hace el descuento", dijo Hosaín Sabag (DC), presidente de la Comisión Revisora de Cuentas del Senado, uno de los órganos que controla el correcto uso de dineros de la corporación.

A juicio de Sabag, esto demuestra que los controles del Congreso están funcionando y agregó que en los problemas detectados no hubo mala fe. "Muchos senadores ni siquiera llevan sus papeles ni tienen idea de sus gastos", explicó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Etica del Senado, Hernán Larraín, dijo no conocer aún el detalle del informe, pero agregó que la instancia disciplinaria intervendrá, "si es que corresponde".

En el caso de la Cámara, el informe del Comité de Auditoría había sido transparentado en agosto del año pasado. Entonces, el texto sólo reveló problemas del diputado Pedro Alvarez-Salamanca, más bien por el trato displicente que tuvo con los auditores. En ese momento, la Comisión de Etica, presidida por Patricio Vallespín, lo sancionó por su actitud, pero lo eximió de haber cometido alguna irregularidad.

La nueva institucionalidad para regular el manejo de asignaciones fue diseñada como respuesta a una seguidilla de escándalos que entre 2004 y 2006 afectaron al Congreso. Las irregularidades derivaron en una investigación de la Fiscalía a cinco parlamentarios y culminaron en la condena del ex diputado Maximiano Errázuriz (ex RN).