Bachelet firma indicación que establece penas de cárcel por delito de colusión

La Presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes una indicación sustitutiva que establece penas de cárcel para el delito de colusión y que contempla desde 541 días hasta cinco años de presidio para quienes hayan participado del acto colusorio, así como multas de $13 mil millones para la persona jurídica responsable.

La iniciativa se planteó en el último discurso del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet, a raíz del caso de colusión detectado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entre Farmacias Ahumada (Fasa), SalcoBrand y Cruz Verde.

"Esta ley tendrá un efecto esencialmente disuasivo y esto puede alentar las buenas prácticas comerciales. Creo que el país está dando un valioso paso para reforzar un marco de protección de la libre competencia a la vez de resguardar el derecho del consumidor", explicó la Mandataria.

La indicación que firmó Bachelet tipifica como delito el ilícito de colusión bajo determinados supuestos de especial gravedad, cuando se cometen los hechos constitutivos de colusión con la finalidad de afectar actividades económicas consideradas esenciales.

"La pena que se impondrá es de reclusión menor en su grado medio máximo, esto es de 541 días a 5 años. Procesalmente se establece que el delito sólo podrá ser perseguido previa querella del Fiscal Nacional Económico, lo que permitirá que sea esta institución la que tenga el primer impulso en la persecución, evitando persecuciones infundadas y carentes de fundamento", detalló la Jefa de Estado y explicó que esto es sin perjuicio de la persecución que el Fiscal efectúe respecto del ilícito administrativo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

"Se mantiene así la distinción entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, evitando la impunidad. En este sentido, la indicación es coherente con la distinción entre diversos tipos de conductas sancionadas, responsabilidades de distinta naturaleza y distintos sujetos responsables en cada caso", agregó.

Por una parte se ejercerá el respectivo requerimiento ante el TDLC con el fin de imponer a la persona jurídica responsable una sanción de multa que puede alcanzar la suma de 30 mil UTA, es decir unos $13 mil millones y, por otra  parte, de verificarse la comisión del delito se entablará la correspondiente querella ante el juez de garantía competente a fin de perseguir la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan cometido el delito.

"Además se reconocer como causal de exención de responsabilidad penal, la figura de la delación compensada respecto del primer delator, y así se mantiene el incentivo para desarticular carteles de competencia. Respecto de los otros delatores que concurran con posterioridad se aplica la atenuante de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos", precisó Bachelet.