Blanco pidió en enero a Gendarmería contratar a cuatro funcionarios

"La facultad de efectuar contrataciones recae en los directores nacionales de los servicios y este ministerio ha sido respetuoso de esa atribución". Con estas palabras, el martes recién pasado, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, desmintió las declaraciones entregadas por el ahora ex director de Gendarmería Tulio Arce, quien en una entrevista en CNN Chile aseguró haber recibido presiones por parte de ella y el subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez para subir de cargos a funcionarios en la institución.

El miércoles, tras sostener runa reunión con el ministro de Interior, Mario Fernández, la titular de Justicia profundizó en sus palabras y declaró: "Nosotros no vemos contrataciones de servicio, eso le corresponde exclusivamente al director nacional en atribuciones exclusivas".

Sin embargo, de acuerdo a un documento al que accedió La Tercera, en enero de este año, la ministra Blanco solicitó a Arce, a través de un oficio con orden Nº 342, proceder a la contratación de cuatro personas.

En el texto, firmado por la secretaria de Estado, se lee: "En necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas, de esta cartera de Estado, a fin de dar cumplimiento a los compromisos laborales establecidos para el año 2016, es que solicito a usted proceder con la contratación de las personas que se detallan, en los grados, estamentos y calidad jurídica que a continuación se indica".

Junto con entregar la nómina de las contrataciones, el documento especifica el tipo de contrato que deberán tener, así como también el grado en la Escala Única de Sueldos (EUS) y la unidad en la que deberán ser incorporados.

Así, se detalla que las personas que deben ser contratadas son Roberto Gónzalez Mateluna, Juan Pablo Cárdenas Castro, Héctor Opazo Zamora y Alejandro Pérez-Cotapos Santis.

De acuerdo a la página de transparencia de Gendarmería, las cuatro personas fueron incorporadas a la institución bajo el régimen de contrata, con sueldos que van desde los $ 3.5 millones a $ 4.3 millones bruto.

En el caso de Roberto González Mateluna, es un contador auditor que aparece bajo el cargo de personal de gestión y recibe una renta bruta de $ 3.551.585 con contrato vigente por todo 2016. Anteriormente, en 2014 y 2015, se desempeñaba como encargado de auditoria interna de la Subsecretaría de Trabajo, ministerio a cargo -en ese momento- de la ministra Blanco. Ahí recibía un sueldo de $ 2.043.353. Su paso por el servicio público, sin embargo, se inició en 2009 en la subsecretaría de Interior. De ahí en adelante figura en distintos cargos en el Ministerio de Desarrollo Social.

El abogado Juan Pablo Cárdenas Castro aparece con un renta bruta de $ 3.207.466 en la página de Gendarmería. El militante del PS figura, además, como funcionario de la Subsecretaría de Justicia entre 2006 y 2007.

Por su parte, Héctor Opazo Zamora es un abogado que recibe una renta bruta de $ 3.043.816. Aparece anteriormente como funcionario del Ejército.

Finalmente, Alejandro Pérez-Cotapos Santis es un ingeniero comercial que durante el segundo semestre de 2014 se desempeñó como profesional de apoyo del Instituto de la Juventud (Injuv). En ese momento recibía una renta de $ 1.524.644. Hoy percibe una renta bruta de $ 4.337192 bajo el cargo de personal de gestión. En febrero de 2014, Pérez-Cotapo se identificaba como militante DC. Esto, de acuerdo a una carta enviada al entonces presidente del partido, Ignacio Walker.