Bolivia abre los fuegos en el año más complejo de Chile en la región

TRES DEDOS. Evo Morales levantaba su mano y mostraba tres dedos para saludar de lejos a su par Sebastián Piñera, mientras llegaba a Espacio Riesco para participar en la cumbre Celac, el último fin de semana de enero. El gesto pasó inadvertido para la gran mayoría de los presentes, menos para los diplomáticos chilenos: el mandatario paceño aludía a los tres militares de su país detenidos días antes, el viernes 25 de enero, por ingresar de manera irregular a territorio chileno. “Hay carabineros para los soldados y no para los contrabandistas”, diría Morales el lunes 28, en una entrevista en TVN plagada de encendidas críticas a Piñera, con quien ya había sostenido un duelo verbal en la cumbre por el tema marítimo.

Las diferencias de esos días no harían sino escalar hasta esta semana, instalándose lo que en círculos diplomáticos califican como el primer episodio de tensión vecinal en un año particularmente complejo para la Cancillería chilena. Esto pues, además de la creciente virulencia en la relación con La Paz -signo de uno de los ciclos de mayor deterioro en el vínculo bilateral-, Santiago deberá enfrentar un reto mayor: el fallo que en julio próximo entregará la corte de La Haya ante la demanda limítrofe interpuesta por Perú.

Aunque con Perú lo que se abre es un escenario incierto, el gobierno de Ollanta Humala ha mantenido el compromiso de incentivar las señales de normalidad con Santiago, para generar un clima distendido en la antesala del fallo. La idea es no potenciar a los sectores nacionalistas que puedan hacer más difícil administrar las consecuencias de una sentencia negativa.

Con Bolivia es todo lo contrario, dicen en Chile. Esto, pues no hay certeza sobre lo que harán: demandar en La Haya, desahuciar el Tratado limítrofe de 1904 o reanudar el diálogo con el próximo gobierno chileno.

De hecho, en los últimos días, Chile ha monitoreado con especial atención una consulta realizada por el Senado paceño al Tribunal Constitucional (TC) de ese país: se pide aclarar si interponiendo una demanda ante cortes internacionales, Palacio Quemado cumpliría con la obligación -fijada en su nueva Constitución- de desahuciar (dejar sin efecto) o renegociar los tratados internacionales que no estén en concordancia con la carta magna.

El Tratado limítrofe de 1904 entre Chile y Bolivia estaría dentro de los que el gobierno de Morales debería desahuciar o renegociar. Esto, pues la Constitución paceña dice que el derecho de una salida al mar con soberanía es “irrenunciable”. Así, un tratado que fija la mediterraneidad del país debería ser dejado sin efecto. Además, la Constitución establece un plazo para ello: cuatro años desde que Morales asumió su segundo mandato, vale decir, diciembre próximo.

Ahora, sin embargo, el Senado boliviano preguntó al TC si presentando una demanda internacional -alternativa no mencionada en la Constitución- se cumple con la norma. “Para evitar que la denuncia (desahucio) de un tratado genere un daño mucho mayor”, argumenta el texto del Senado boliviano, al que accedió La Tercera, enviado al TC el pasado 6 de febrero, en medio de la fuerte polémica con La Moneda.

Dicho texto incluye otra consulta, que alienta un fuerte debate por estos días en La Paz: si Morales puede repostularse a las elecciones presidenciales de 2014. “Todo está marcado por el tema interno”, dicen en RR.EE.

Altas fuentes chilenas dicen que, más allá del nuevo giro, es positivo que Bolivia tome distancia de la idea de dar por muerto el Tratado de 1904. Y que por más negativo que sea recibir una demanda, es un escenario menos peligroso que hacer frente a un país vecino que dice no tener las fronteras comunes definidas.

Así, en RR.EE. dicen que la trastienda de la polémica de estas últimas semanas -con intercambio de notas diplomáticas, citaciones a los cónsules y ásperas acusaciones entre presidentes- es sólo un adelanto de lo que viene con La Paz: cualquier incidente puede terminar en crisis.

TENSION EN LA FRONTERA
Cerca de las 13.00 horas del viernes 25 de enero, 60 km al norte del paso fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, efectivos de Carabineros detuvieron a tres conscriptos bolivianos del regimiento Satinadores de Selva Manchego, por ingresar ilegalmente y armados con un fusil de guerra FAL 7.65 mm a territorio chileno.

Según antecedentes de la Cancillería chilena, los tres militares integraban una patrulla que perseguía a contrabandistas de vehículos que habían huido hacia Chile. En tres automóviles, con tres soldados cada uno, los bolivianos entraron 20 km en territorio chileno e interrogaron a la población que encontraban a su paso. Algunas de estas personas los denunciaron a la policía chilena.

A casi cien metros de la frontera, Carabineros divisó a uno de los vehículos, sin patente, que por problemas mecánicos se había retrasado en su regreso a Bolivia. Ante la presencia de la policía, los conscriptos Alex Choque Quispe, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque -de entre 18 y 20 años- bajaron del vehículo y pusieron sus manos arriba.

Poco después, los militares bolivianos fueron llevados en avión hasta Iquique, para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Antes de abordar, dicen fuentes chilenas, Carabineros les preguntó si requerían la presencia del cónsul boliviano. Las mismas fuentes aseguran que ellos pidieron no advertir al cónsul, por temor a represalias posteriores.

Tanto las autoridades paceñas como el abogado defensor de los soldados, el chileno Roberto Celedón, afirmaron que los conscriptos fueron forzados a firmar un documento renunciando a recibir asistencia del cónsul. Recién el pasado martes 19 de febrero, en medio de las acusaciones paceñas, la Dirección Jurídica de la Cancillería chilena pidió a la Fiscalía de Iquique una copia de dicho texto.

En todo caso, en la Cancillería afirman que Chile cumplió los convenios internacionales que obligan a notificar al otro país de incidentes como estos. La tarde de ese 25 de enero, la intendenta regional Luz Ebensperger llamó por teléfono al cónsul de Bolivia en Iquique, Raúl Ruiz, y le notificó de la detención.

A eso de las 19 horas, el cónsul general de Bolivia, Ramiro de la Fuente, fue recibido en la Cancillería chilena por el director de Países Limítrofes, Pedro Suckel, quien le entregó una nota diplomática en que dice que se trata de una situación incómoda, que Chile espera que no se repita, pero que compromete colaboración para zanjar todo de manera rápida. Esa noche, además, el canciller Alfredo Moreno llamó a su par boliviano, David Choquehuanca.

Al día siguiente, el cónsul Ruiz se entrevistó con los tres militares y se quejó por la detención, calificándola de acto “inamistoso”. El mismo calificativo utilizó el Ministerio de Defensa paceño en un comunicado oficial.

Altas fuentes de Palacio explican que si bien, de acuerdo a las normas de extranjería, es posible expulsar a un indocumentado que traspase la frontera, esto no puede hacerse si se está en presencia de un delito. En este caso: el porte de un arma de guerra. Lo que corresponde en esta situación, dicen las mismas fuentes, es que la Fiscalía se haga cargo del tema, lo que bloquea una expulsión rápida.

“Cuando se traspasa la frontera de manera ilícita y se detecta un delito, lo que corresponde es ir ante la Fiscalía, y eso este gobierno lo va a respetar siempre”, dijo a La Tercera el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Esta línea, sin embargo, es calificada como “dura” en La Paz, donde dicen que no es lo mismo encontrar a un civil con un arma de guerra que a un militar con su armamento de servicio que, en labores de control, traspasó el límite. “Faltó criterio y voluntad”, dicen desde Bolivia.

Algunos diplomáticos chilenos dicen que Carabineros pudo haber mantenido a los soldados detenidos en Colchane, sin trasladarlos inmediatamente a Iquique, dando espacio para que los gobiernos acordaran una expulsión rápida antes de que la Fiscalía tomara el control del asunto.

En todo caso, en La Moneda dicen que -una vez instalado el tema en la Fiscalía- la falta de voluntad ha sido de La Paz. Las señales de eso: dos de los tres conscriptos se negaron a declarar y el abogado Celedón declinó aceptar un procedimiento abreviado, pues, para ello, los soldados deberían admitir que cometieron un delito.

Además, el 8 de febrero, el subsecretario de RR.EE., Alfonso Silva, citó por segunda vez al cónsul boliviano De la Fuente a la Cancillería. Silva le planteó avanzar a un procedimiento abreviado, para que los militares fueran expulsados con prontitud a La Paz. El diplomático boliviano no se pronunció.

Otro ejemplo: el martes pasado, el fiscal Guerra telefoneó a Celedón para pedirle reunirse, conversar una salida alternativa y que los soldados testificaran. Celedón dijo que sólo podía hacerlo ayer viernes.

Con estos elementos sobre la mesa, la lectura en RR.EE. es que la defensa de los soldados demoró el proceso sólo para viabilizar la ofensiva política y diplomática de Morales: el 14 de febrero, el mandatario encabezó un masivo acto en La Paz, por el desembarco de Chile en Antofagasta en 1879, la primera acción de la Guerra del Pacífico. Al día siguiente, la Cancillería paceña entregó una nota de protesta, a la que se sumó otro texto enviado a la ONU, mientras Morales viajó a Nueva York para hablar el miércoles sobre el tema, en una rueda de prensa en Naciones Unidas. Ese mismo día, el Consulado de Chile en La Paz, a cargo de Jorge Canelas, fue objeto de una inédita y masiva protesta. Finalmente, La Paz anunció el viaje de parlamentarios y del vicecanciller Juan Carlos Alurralde para visitar a los conscriptos.

Esto, cuando ya se esperaba que todo decantara ayer y que -al cierre de esta edición- los soldados finalmente testificaran ante la Fiscalía, abriendo la posibilidad de una salida alternativa al proceso y una pronta expulsión.

En todo caso, más allá de lo que pasara en la Fiscalía, la tensión política estaba lejos de amainar. En una rueda de prensa en La Moneda, el Presidente Piñera criticó ayer con dureza a Evo Morales, llamándolo “a actuar con mayor respeto por la verdad, por el Derecho Internacional” y agregó haber recibido “con cierta indignación” las acusaciones paceñas de que los Carabineros estaban coludidos con los contrabandistas.

En círculos diplomáticos se comentaba ayer que tanto en La Paz como en Santiago el tenso episodio bilateral comenzó a cruzarse con la política interna.

CONTACTOS VECINALES
En Santiago se asume que la relación con La Paz seguirá igual de deteriorada. Pero la idea es que las turbulencias no se extiendan a la agenda con Perú o Argentina. Con el gobierno de Cristina Kirchner, de hecho, se conversó para evitar tensiones, pese a que desde Inglaterra se desclasifiquen documentos con antecedentes nuevos sobre el apoyo de Chile a Londres en la Guerra de las Malvinas.

En este contexto, un hito delicado, dicen en RR.EE., es la cita que los cancilleres de Perú y Bolivia tendrán en marzo. La Paz buscará respaldo a su aspiración marítima, con miras a la tradicional conmemoración del “Día del mar”, el próximo 23 de marzo. Hasta ahora, dicen en Chile, la administración de Humala ha evitado mezclarse en la polémica, diciendo que se trata de un asunto “bilateral”.

Por lo mismo, Chile reforzará la agenda con Perú. El canciller Moreno viajará el 5 de marzo a Lima para reunirse con su par Rafael Roncagliolo, cita en que definirán cuándo realizar un encuentro emblemático: el “2+2”, de ministros de RR.EE. y Defensa, suspendido en 2008 tras la demanda en La Haya. Moreno asistirá también a una cita del Consejo Empresarial binacional. Con los empresarios disfrutará un cóctel en la residencia del embajador Fabio Vio y será recibido por Humala.

En RR.EE. señalan que la agenda con Perú está definida sólo hasta el momento del fallo de La Haya. Después se abrirá un complejo intervalo para “ejecutar” la sentencia, que puede ser costosa para ambos países.

Mientras, la agitada agenda vecinal y la posibilidad de un cambio de gobierno han activado en Santiago al Partido Socialista. La directiva de Osvaldo Andrade lanzó hace algunos meses un activo plan -a cargo de los dirigentes Alvaro Elizalde y Carlos Parker- para retomar los contactos con los gobiernos de la región, con miras a un eventual triunfo de Michelle Bachelet.

Así, se planea un viaje a La Paz para reunirse con Evo Morales. El mensaje: Bachelet está disponible para retomar el diálogo, pero eso es posible sólo si el mandatario boliviano baja los niveles de tensión y desecha la idea de demandar en La Haya.

Con Perú, las gestiones ya se produjeron: el senador Camilo Escalona se reunió el 27 de febrero con Humala en Santiago, aprovechando su presencia por la cumbre Celac. Según presentes en la cita, Escalona dijo al mandatario limeño que el PS se comprometía a respetar el fallo y a trabajar en una agenda “post Haya”. Aunque no mencionó a Bachelet, fuentes peruanas dicen que el mensaje quedó claro.