Carabineros da de baja a cabo que disparó a Catrileo argumentando faltas a ética profesional

Cerca de las 16.00 horas de ayer, el cabo segundo Walter Ramírez recibió un llamado telefónico del coronel José Eugenio Gouhrdet, jefe del Departamento de Fomento Equino de Carabineros, al cual estaba destinado. El policía estaba pasando sus vacaciones junto a su familia, en la zona centro del país, cuando contestó el celular. El oficial -dicen en el entorno de Ramírez- le manifestó que, por razones de ética profesional, había sido dado de baja de la institución.

Según estas fuentes, el coronel añadió a Ramírez que hoy debería firmar el acta de resolución y hacer entrega de sus especies fiscales, como uniforme y placa.

Ayer por la tarde, a través de una declaración, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que "el gobierno respalda plenamente la acción de Carabineros (...). Uno de sus miembros no dio cumplimiento a la ley y fue condenado judicialmente por ello, lo que obligó a su alto mando a darlo de baja".

De esta manera terminaban los 17 años en la institución del cabo, a quien la Corte Marcial condenó en 2010 a una pena de tres años y un día, bajo libertad vigilada, por violencia innecesaria con resultado de muerte contra el estudiante Matías Catrileo.

De acuerdo con la justicia militar, el joven falleció tras recibir un disparo por la espalda de parte de Ramírez mientras participaba en la toma del fundo Santa Margarita. Según la resolución penal, el hecho ocurrió en el entorno del fundo propiedad de Jorge Luchsinger, en La Araucanía.

El llamado recibido por Ramírez se produjo horas después de que la Contraloría difundiera un dictamen dando respuesta a las dos consultas formuladas por Carabineros, a través de la Dirección General y la Dirección Nacional de Personal, sobre la legalidad de la permanencia del cabo Ramírez en la institución.

En el texto publicado ayer por Contraloría, también se da respuesta a la consulta sobre el caso efectuado por el defensor de Ramírez, Gaspar Calderón.

En el documento, la entidad sostiene que "Carabineros de Chile cuenta con mecanismos jurídicos para disponer la baja de los funcionarios que, a su juicio, hayan incurrido en faltas graves, con prescindencia de la existencia de un fallo judicial concerniente a los mismos hechos, medida que, en todo caso, debe ser adoptada fundadamente".

El documento también establece que en caso de que la entidad decidiera adoptar una baja, debe "indicar con claridad, en el acto correspondiente, los motivos, razones y causas que tuvo para tomar la decisión", con el objetivo de que "permita al interesado conocer cabalmente el contenido del acto que le afecta, a fin de que pueda decidir si hace uso de los recursos judiciales y administrativos que la ley le concede".

En el texto se señala que el dictamen difundido ayer (y de fecha 17 de enero) confirma los pronunciamientos de 2012 del organismo, donde se planteaba que no era obligatoria la baja de Ramírez, debido a que éste cumplía su pena bajo libertad vigilada.

Días previos a la salida

La situación en Carabineros del cabo Ramírez volvió al debate público luego de que el 3 de enero de este año, en el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, desconocidos quemaran la casa de la granja Lumahue, en Vilcún, donde se encontraba el matrimonio Luchsinger Mackay.

En la agresión murieron Vivian Mackay y Werner Luchsinger, primo de Jorge Luchsinger, propietario del fundo donde falleció Catrileo.

Este lunes, en el marco de las rondas de trabajo sostenidas por personeros de gobierno, parlamentarios, autoridades regionales y voceros del mundo mapuche, representantes de los comuneros plantearon la necesidad de que, para mantener el diálogo, el cabo Ramírez fuera dado de baja.

El martes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la materia, sosteniendo que "señalamos desde el primer momento que nos parecía que Carabineros debiese haber separado de sus filas a una persona que estaba condenada, y nos sorprendimos con la decisión del organismo contralor".