Casa Blanca sale en defensa de su orden migratoria ante ola de fuertes críticas

Ante las crecientes críticas y numerosas protestas que provocó la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de siete países predominantemente musulmanes, el Presidente Donald Trump y su equipo salieron ayer a defender la medida. "Nuestro país necesita fronteras fuertes y vetos radicales. AHORA. Miren lo que ha pasado en toda Europa y en el mundo: ¡Un desastre horroroso!", escribió ayer en Twitter.

Mientras que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Preibus, afirmó ayer que no se vivía un caos en los aeropuertos y que de los 325 mil viajeros entraron al país, 109 fueron detenidos.

El funcionario señaló que el gobierno no descarta "llevar aún más lejos" la medida y que la lista de siete países puede verse ampliada "a su debido tiempo". Eso sí, retrocedieron en la dureza de la orden y aclararon que este veto temporal a la entrada de estos ciudadanos no afectará a quienes poseen la tarjeta de residente permanente "green card" (que otorga derecho a trabajar en Estados Unidos y posteriormente acceder a la ciudadanía), aunque dijo tendrán que someterse a un mayor escrutinio.

Los medios reportaron tanto el sábado como ayer la situación de caos y confusión en los aeropuertos, debido a que a los funcionarios aduaneros intentaban interpretar la orden ejecutiva y no existía claridad sobre cómo proceder con las personas, por ejemplo, que tenían Green Cards.

Priebus matizó que el veto tendrá un impacto en los residentes si "van y vienen" a esos países, pues estarán "sujetos a un mayor escrutinio". Al ser preguntado si los ciudadanos estadounidenses también pueden sufrir el impacto de ese bloqueo, Priebus respondió que dependerá de la "autoridad discrecional" del funcionario de aduanas de turno. Según The New York Times, esta última declaración parece agregar mayor incertidumbre sobre cómo la orden ejecutiva será interpretada y aplicada en los próximos días.

La orden ejecutiva fue firmada el viernes a las 4.42 de la tarde. Y en ella se suspende la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados por 120 días, aunque en el caso de los sirios la medida es indefinida. Además se bloquea la entrada al país por 90 días de ciudadanos de siete naciones: Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

De esta forma, con apenas una semana en el poder Trump fue acusado de extralimitarse legal y constitucionalmente por parte de dos inmigrantes iraquíes. Por este caso, el sábado, una jueza federal de Nueva York, a demanda de asociaciones de defensa de derechos humanos, prohibió las deportaciones de personas detenidas que hubieran arribado con su documentación en regla en todos los aeropuertos estadounidenses. Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas se negaban ayer a embarcar en vuelos a EE.UU. a los ciudadanos de los siete países que menciona la orden ejecutiva, aunque posean una visa en regla.

Irán, por ejemplo, es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de ciudadanos que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Muchos de ellos trabajan en Sillicon Valley, donde las empresas ya han manifestado su preocupación. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses.

En su programa GPS de la cadena CNN el analista Fareed Zakaria cuestionó que el listado no haya incluido a ciudadanos de Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Arabes Unidos y señaló que el comentario generalizado era que en esos países Trump tenía negocios u hoteles.

Otra de las críticas radicaba en que parte de la orden ejecutiva da un tratamiento preferencial a los cristianos que tratan de entrar a Estados Unidos de países con mayoría musulmana. En un mensaje de Twitter Trump deploró las matanzas de cristianos en Medio Oriente, sin mencionar la de musulmanes.

La oposición demócrata, por su parte, pidió que se retire el decreto por su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.

Mientras en el seno de la mayoría republicana el malestar también era perceptible. Pocos legisladores defendieron públicamente el decreto y un puñado de ellos lo condenó total o parcialmente.

Para el legislador republicano Justin Amash, el decreto parece estar más motivado por cuestiones políticas que de seguridad. "Si uno se preocupa del radicalismo/terrorismo, ¿Porqué no Arabia Saudita, Pakistán y otros?", escribió en Twitter.

"Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos", comentó con prudencia Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.

Los fiscales generales de 16 estados, entre los que se incluye California, Nueva York y Pennsylvania, emitieron una declaración conjunta condenando la orden ejecutiva. "Estamos comprometidos a trabajar para asegurarnos que la menor cantidad gente posible sufra de esta situación caótica que ha creado", señalaron.

Por otro lado, una serie de protestas se realizaron en distintas ciudades del país como Boston, Nueva York y Washington.