Cascadas: Fiscalía separa investigación contra Ponce de arista principal del caso

A pocos días de que expire el plazo de dos años de investigación penal en el caso Cascadas, el martes 27 de diciembre, el Ministerio Público abrió esta semana una nueva causa en esta indagatoria, que apunta al controlador indirecto de SQM, Julio Ponce, y otros 12 ejecutivos. Así lo comunicó el pasado lunes el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La arremetida del Ministerio Público apuntaría a buscar un nuevo plazo de investigación en espera de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se pronuncie sobre antecedentes de eventuales delitos tributarios que obtuvo la Fiscalía. Según una pericia realizada por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (Ceal), se habría detectado la presunta evasión de tibutos en una operación de venta de acciones de Oro Blanco por cerca de US$ 60 millones realizada en 2009, la que no estaría registrada en la contabilidad de esta sociedad.

Si bien la nueva indagatoria remite a los mismos hechos que han sido investigados hasta ahora en el caso, se busca hacerlo bajo una nueva causa. A la fecha, la investigación de la Fiscalía ha estado centrada en detectar infracciones a la Ley de Mercado de Valores y el único formalizado por ello ante la justicia es Aldo Motta Camp, ex gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande, a quien se le atribuyen delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado.

Adicionalmente, en septiembre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó con cerca de US$ 164 millones a ocho personas y a LarrainVial, por infringir las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones bursátiles realizadas entre septiembre de 2010 y 2011 con títulos de SQM y las sociedades Cascadas que controlan a la minera.

Mediante un oficio fechado en agosto de este año, el fiscal Montes envió al SII los antecedentes "que podrían ser constitutivos de delito", dice el documento. Fuentes del SII señalaron que el peritaje y la contabilidad cuestionada, y que apuntarían a Ponce, están siendo objeto de revisión por parte del Departamento de Delitos Tributarios, de la Subdirección Jurídica del organismo.

La decisión del SII será fundamental, ya que el Ministerio Público está inhabilitado de perseguir ilícitos tributarios si no cuenta con una denuncia o querella previa por parte de Impuestos Internos.

"Cascadas II"

Mediante el escrito presentado al tribunal, Montes señaló que "se ha separado investigación" y detalló que serán investigados bajo el Rol Único de Causa (RUC) 1601171310-3 las siguientes personas naturales: Julio Ponce Lerou, Aldo Motta (con excepción de los hechos que ya fueron formalizados), Patricio Contesse, Roberto Guzmán Lyon, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc, Cristián Araya, Canio Corbo, Luis Enrique Saldías y Fabio Gheilerman. Asimismo, se seguirá la persecución penal respecto a las personas jurídicas de Larraín Vial Corredoras de Bolsa, Banchile Corredores de Bolsa, CHL Asset Management LLC y Citygroup.

La pericia clave que activó el trabajo que lidera Montes es el análisis financiero realizado por Ceal y que ya está en manos del SII. En una de sus conclusiones, dice que en 2009 "existe una operación no registrada en la contabilidad, ello pese a tener registro de haberse realizado en la base de datos".

Según los datos, se facturó el 15 de octubre de 2009 $ 41.438.986.519 correspondiente a la venta de 5.267.379.969 acciones de Oro Blanco a Inversiones Saint Thomas y terceros.

"Esto significa que hay una venta desde el punto de vista contable y financiero no contabilizada, no obstante haberse materializado esta transacción en la práctica (...) desde el punto de vista tributario al no estar contabilizada la factura, hay un menor gasto por comisión no incluido en la contabilidad, lo que incide sobre la base imponible", dice el informe.

La decisión del Ministerio Público sería rebatida ante tribunales por la defensa de Ponce, el resto de los ejecutivos y las firmas indagadas, quienes estudian alegar una ilegalidad, ya que con esto seguirían siendo investigados más allá del plazo legal de dos años.