Cascadas: las críticas que marcaron a la comisión que investigó el caso

Una bomba de información. Así percibieron en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el contenido de la carpeta azul marca Auca que el director de las sociedades cascadas, Patricio Phillips, puso la tarde del 1 de octubre sobre la mesa.

Phillips, asesor cercano de Julio Ponce, controlador de la minera no metálica SQM y uno de los principales sancionados en el caso, se preocupó de repartir a cada uno de los diputados presentes la misma carpeta, con los mismos documentos. Y todos, apuntando a la misma tesis: el rol que eventualmente habría jugado el ex Presidente Sebastián Piñera y sus funcionarios de gobierno, en el inicio de la investigación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

El contenido que reveló Phillips ese día tras ser invitado por los diputados a entregar su testimonio, marcó un hito en la Comisión, instancia fuertemente cuestionada desde su inicio por tener "una intencionalidad política de involucrar a Piñera".

En efecto, el director de las sociedades cascadas dio a conocer antecedentes que buscaban probar un eventual esfuerzo del ex Mandatario para fusionar a las compañías y obtener beneficios económicos. Y para ello, sacó de su carpeta azul documentos que mostraban un intercambio de correos que mantuvo sobre el tema con Julio Dittborn, ex subsecretario de Hacienda de Piñera. Entre ellos, mostró una conversación que Piñera habría tenido en una reunión social de la familia Cueto, donde le consulta al abogado Darío Calderón por este tema y asegura poder "encargarse" de la SVS.

Creer o no creer

El corazón de la Comisión Investigadora fue precisamente el debate sobre el rol que jugó Piñera y sus funcionarios de gobierno en el caso. Y para dilucidarlo, los parlamentarios, encabezados por el presidente de la instancia, Fuad Chahín (DC), se valieron de testimonios como los de José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte; el ex titular de la SVS, Fernando Coloma; el actual, Carlos Pavez y; la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic. Pero también de los abogados de las partes, como  Gabriel Zaliasnik, o el propio Phillips, entre otros.

El tema de fondo, dicen algunos de los que participaron en el debate, era "creer o no creer". Por ejemplo, cuenta uno de los asistentes, en las acusaciones de Phillips, pensando que fueron las más tajantes. Aunque, las posiciones de todas formas estaban claras desde un principio. Y este ánimo o, más bien, desánimo, fue el valor agregado de cada jornada, pues las visiones contrapuestas resultaron evidentes.

Y la última sesión de la comisión no fue la excepción. Una fuerte discusión enfrentó a Chahín con los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Patricio Melero (UDI), debido a que el presidente señaló no poder agregar un documento de la Fiscalía, por estar fuera de plazo, que ratificaba que ante tribunales no se había hecho ninguna mención a una eventual participación de Piñera. Y el descontento de los parlamentarios de la oposición se incrementó, pues finalmente fue el informe de la Nueva Mayoría impulsado por el propio Chahín el aprobado por la Comisión.

"No es posible para esta Comisión el determinar con absoluta certeza si el Sr. Sebastián Piñera E. cumplió o no con su deber público de abstención de involucrarse en negocios privados de su interés en su calidad de Presidente de la República a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados", dice el cuestionado documento.

Lo anterior, generó incluso que Melero acusara a Chahín de "abusar de su calidad de presidente de la comisión", en un episodio donde no se escuchaba más que sonidos de ambas voces mezcladas. Así también, Monckeberg indicó que dicha conducta de Chahín era "una prueba de su arbitrariedad y discrecionalidad". Frente a esto, el presidente de la Comisión insistió en que no había nada que se pudiera hacer, pues el documento había llegado de manera informal y extemporánea, por lo cual no podría haberse considerado dentro de los antecedentes de la investigación.

El diputado independiente, Gabriel Boric, también había puesto en tela de juicio la viabilidad de la Comisión, poniendo sobre la mesa eventuales conflictos de interés por los aportes a las campañas políticas de parte de Julio Ponce. Fue en la cuarta sesión de la instancia, con Pavez como invitado -tras un acalorado intercambio de argumentos respecto a la misma materia y al hecho de involucrar o no a Piñera-  cuando Boric llamó a los diputados a transparentar los aportes que habían recibido. No tuvo respuesta del oficialismo ni de la oposición.

Los descargos

Más de una semana ha transcurrido desde la última sesión de la Comisión, y el diputado Melero es enfático al decir que quedó fehacientemente acreditado que no había ningún elemento que permitiera vincular a autoridad alguna de gobierno realizando ese tipo de gestión. "Desde la Comisión Investigadora, por un lado, y desde los tribunales de justicia, por otro, quedó liberado de toda responsabilidad el ex Presidente Piñera, sin embargo, los miembros de la Nueva Mayoría, en una intencionalidad política, no se atreven a involucrarlo, pero sí dejan abierta la situación de que no es posible sostener que no lo haya hecho. Es un argumento muy feble", manifiesta. Y añade que "lo único que ellos (diputados) tuvieron como elemento, fueron las declaraciones de Patricio Phillips, contratado y socio de Julio Ponce, y comprometido en la investigación judicial.

Tal como se advirtió tempranamente, dice por su parte Monckeberg, esta Comisión terminó estando "al servicio de la causa de Julio Ponce y las sociedades cascadas". En esta línea, también criticó que, a su juicio, en ninguna parte del informe se menciona o se  considera inadecuado el actuar de las sociedades cascadas. "Eso para mí lo dice todo", afirmó, y agregó que "fue una comisión que desprestigió mucho la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados y que dejó en evidencia que aquí hay parlamentarios que no tenían independencia".

El fondo

Reconociendo que la labor de la comisión fue muy pertinente, dado los montos de dinero involucrados en el caso, el diputado Daniel Núñez (PC) dice que -al igual que Marcelo Schilling (PS)- sintió que al informe le faltaron cosas, que tiene relación con recomendar alguna exigencia o regulación para las operaciones de sociedades tipo cascadas.

Esto, explicó Núñez, "porque está en su naturaleza el permitir que el socio mayoritario actúe en contra de los minoritarios, y eso daña y afecta la transparencia y la confianza del mercado financiero".

En ese contexto, enfatizó, va a ser muy importante el debate del informe en la Cámara, que probablemente se realice en enero. "Creo que una de las cosas que como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana vamos a destacar con mucha fuerza, es la necesidad de que estos delitos económicos o de cuello y corbata, tengan realmente una pena mucho más grave y que en algunos casos, por supuesto, ameriten cárcel", comentó.