Caso cascadas: los primeros avances del Comité de Buenas Prácticas

En su reunión mensual, agendada para el próximo viernes 29, el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago partirá la etapa más intensa del trabajo que comenzó hace un mes, tras el estallido del caso cascadas. En las últimas semanas, los miembros de la entidad -los abogados Enrique Barros y Lisandro Serrano, y el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Leonidas Montes- han estado aproximándose al tema, para formarse cada uno su propia opinión sobre las modificaciones que requiere el mercado bursátil para mejorar su funcionamiento.

Cercanos a la comisión -que en calidad de suplentes integran el abogado Jorge Jaramillo y el ingeniero comercial Jorge Tarziján- afirman que estos han sido días de mucha comunicación entre los profesionales, quienes, además, han sostenido conversaciones con diversos agentes de la plaza a fin de formarse una visión completa sobre el escenario actual.

Con este material en la mano, volverán a reunirse, a más tardar, en la primera semana de diciembre, para resolver aspectos clave de la revisión que encabezan y que debería concluir en unos cinco meses. Uno de ellos es encargar un estudio que recoja la experiencia comparada de otros países y analice algunos temas definidos como prioritarios, relacionados con el funcionamiento del mercado.

Un profesional vinculado a esta labor asegura que el comité ya tiene una lista corta de posibles autores, y que el informe debería realizarlo un equipo combinado entre expertos del área económica y legal de alguna universidad o centro de pensamiento. Las conclusiones deberían estar a fines de enero, para su posterior análisis y formulación de recomendaciones a los agentes del mercado.

El organismo no se apurará. "El propósito no es tapar un hoyo, sino revisar la cancha. Y eso tomará tiempo", explica un profesional que conoce el trabajo de la comisión, el que abarcará "decenas de entrevistas" para detectar posibles falencias en las normas hoy vigentes.

Los dos ejes

El análisis se centrará en la figura de las órdenes directas y en los conflictos de interés. Ambos, temas muy debatidos desde que el 6 de septiembre la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formulara cargos contra Julio Ponce y tres profesionales de su entorno por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores, por operaciones bursátiles realizadas con las sociedades controladoras de SQM entre 2009 y 2011.

Este foco se explica por el énfasis que puso la SVS en las formulaciones de cargos. En primer lugar, porque gran parte de las operaciones cuestionadas se realizó bajo la figura de orden directa y, luego, porque atribuyó un rol instrumental en las transacciones concretadas por dos firmas del socio de LarrainVial, Leonidas Vial.

Tras su reunión del 21 de octubre pasado, el comité delineó su visión sobre el tema (ver recuadro), indicando que las órdenes directas se originan debido a restricciones legales y que es necesario avanzar para "que todas las operaciones sean efectivamente desafiables y abiertas a la competencia".

En cuanto a los conflictos de interés, el presidente de la instancia, Enrique Barros, afirmó que "hay que anticiparse a ellos", y que la capacidad de regulación y fiscalización del comité y de los organismos públicos debería "extenderse a todas las sociedades relacionadas con los corredores".

Una de las preocupaciones del comité es que sus recomendaciones no impacten negativamente al mercado. El propio Barros lo planteó así: "Cualquier proposición que uno tenga tiene que someterse al juicio de los expertos, porque uno de los graves problemas de las regulaciones son sus externalidades negativas".

Los aportes de los expertos

El Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, bautizado en su origen como Comité de Regulación, fue creado en 2006 como un órgano autónomo. Sus funciones son, entre otras, recomendar estándares de buenas prácticas a la Bolsa, sus autoridades y ejecutivos, los corredores y los emisores. Asimismo, puede indicar a estos mismos actores "medidas correctivas en casos concretos, a efecto de ajustar su actuación a las exigencias de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente".

En un principio, la labor del grupo estuvo enfocada en resolver reclamos de los clientes de las corredoras, pero desde hace un par de años, la mirada se ha dirigido hacia adentro. Es así como recibe todos los meses los informes de auditoría de la Bolsa y constantemente está revisando el funcionamiento del mercado para recomendar posibles correcciones. En ocho años de funcionamiento ha emitido documentos sobre conflictos de interés de intermediarios de valores, un manual sobre información privilegiada, un estudio sobre riesgos sistémicos del mercado y reglas sobre recomendaciones de las corredoras. Hoy, además de las aristas derivadas del caso cascadas, está revisando las condiciones generales que estipulan las corredoras en los contratos que rigen para sus diversos productos.