Caso CNA: corte deja en prisión a ex rectores y directivo por dañar "credibilidad del sistema"

La Corte de Apelaciones consideró que los imputados causaron un grave perjuicio a la institucionalidad.




"Tenemos la conciencia muy tranquila y sabemos que en el juicio, cuando tengamos la posibilidad de defendernos -porque aún no tenemos esa oportunidad-, se va a aclarar todo. No hay delitos", aseguraba ayer Angel Maulén Ríos, ex rector de la U. Pedro de Valdivia.

Cerca de las 17.50 de ayer, el empresario de 56 años llegó acompañado de su abogado, Gabriel Zaliasnik, para entregarse y cumplir con la prisión preventiva que la Corte de Apelaciones de Santiago decretó en su contra.

Maulén, quien entre 1995 y 1996 ocupó el cargo de subsecretario de Economía, dijo antes de ingresar al penal que "estoy muy tranquilo, seguiremos colaborando con el fiscal como lo hemos hecho desde el primer día".

Por orden del mismo tribunal, se revocó, además, la libertad del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz y del ex rector de la U. del Mar Héctor Zúñiga.

Los tres ex directivos fueron formalizados el 24 de noviembre por lavado de activos y cohecho. Además, Díaz enfrenta cargos por tráfico de influencias, negociación incompatible y violación de secreto.

La despedida

Fue en su domicilio de Reñaca, en la Región de Valparaíso, donde el ex rector de la U. del Mar se enteró, según dijo, de la decisión de la justicia.

Tras ello, cerca de las 16.30 horas, abandonó su casa vistiendo un traje gris y emprendió su viaje a Santiago. Minutos antes de las 18.00 y acompañado de su esposa, Zúñiga llegó al 8º Juzgado de Garantía para ingresar a cumplir con su arresto preventivo.

El tercer imputado, Luis Eugenio Díaz, abandonó pasadas las 15.50 de ayer su domicilio ubicado en Las Condes. En ese lugar se despidió de su familia, para luego presentarse ante el tribunal, portando un set de medicamentos. Consultado sobre la resolución judicial, el ex integrante de la CNA declinó hacer declaraciones.

El abogado Alejandro Laura, quien representa a Díaz, aseguró durante su alegato en la Corte de Apelaciones que su representado no ha incurrido en delitos. Dijo, además, que "nunca se sintió como un funcionario público" y que habría actuado de "buena fe" en los cuestionados procesos de acreditación.

Los detenidos realizaron los trámites de ingreso para cumplir la prisión preventiva a través del penal Santiago 1. Posteriormente, sus defensores solicitaron el cambio al anexo Capitán Yáber.

Sistema en crisis

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, el fiscal Carlos Gajardo aseguró que la investigación que lleva adelante reveló las debilidades del sistema.

Según el investigador, "a estas alturas, es un hecho indiscutible que el sistema de acreditación de las universidades en Chile está en serio riesgo y crisis, por la conducta que han mantenido estos imputados, por su conducta delictual que ha provocado un grave daño a la institucionalidad académica en Chile. Todo eso es innegable".

La indagatoria habría detectado "asesorías ficticias" para favorecer a planteles educacionales. Según la fiscalía, la forma de dar a conocer los avances de los supuestos trabajos habría sido "mediante comidas o cenas" entre los imputados.

El Ministerio Público, además, confirmó que también se investiga a la esposa de Luis Eugenio Díaz, por el posible delito de "encubrimiento".

Los argumentos que esbozó la corte

"Las conductas que se investigan en este proceso, y por las cuales han sido formalizados los imputados, afectan la credibilidad misma en el sistema de acreditación de las instituciones que aspiran a la formación de los alumnos de la educación superior".

Con este argumento, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó ayer la prisión preventiva contra los tres ex directivos.

Otro de los argumentos que utilizó el tribunal de alzada fue considerar el "grave daño" que habrían causado "a la institucionalidad vigente en esta materia".

La resolución de los ministros Manuel Valderrama Rebolledo, Patricia González Quiroz y la abogada integrante Paola Herrera consideró que la libertad de los sospechosos representa "un peligro para la seguridad de la sociedad".

El abogado Gabriel Zaliasnik, que representa a Angel Maulén, dijo que "creemos que hay antecedentes, incluso, para alivianar esta medida cautelar".

En tanto, la abogada de Héctor Zúñiga, María Elizabeth Foncea, señaló ayer que no habría "antecedentes suficientes, mínimos, para poder plantear la formalización".

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