Caso Farmacias pasa a juicio oral y Fiscalía dice que buscará "las condenas que correspondan"

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, señaló este viernes que el Ministerio Público acatará el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la suspensión condicional del proceso a los 10 imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios, en el denominado "Caso Farmacias".

"Lo que es importante para nosotros es lo que se va a hacer ahora que es llevar esta causa a juicio oral y que se condenen a estas personas como ha señalado la corte que se debe hacer", dijo Morales.

En este sentido explicó que "se va a preparar este caso como se preparan los demás casos que nos toca enfrentar, de forma acuiciosa y con un equipo que no solo integra la Fiscalía Centro Norte, sino que también funcionarios de la Fiscalía Nacional y pretendemos que en este caso se logre la condena que corresponde".

El Ministerio Público había acordado con los imputados que pagaran en conjunto unos $255 millones, los que se destinarían a la Cruz Roja, Coaniquem, el Instituto Nacional del Cáncer y la Liga Chilena Contra la Epilepsia, por la suspensión.

Morales explicó que la razón por la que la Fiscalía había optado por la suspensión condicional era porque "estimamos que esta era una forma en derecho que reparaba en algo el daño social que se había causado a estas personas y estamos convencidos de que era una alternativa válida, pero que ahora ha sido rechazada por la Corte y haremos lo que nos corresponde, que es llevar esto a juicio oral".

La Corte de Apelaciones de Santiago considera que, en la causa, no se cumplen los requisitos legales para decretar la suspensión condicional del procedimiento, en consideración a que la reiteración del delito de  alteración fraudulenta de precios de medicamentos, que habrían cometido los imputados, eventualmente puede implicar un aumento de la pena que arriesgan los acusados.

El tribunal acogió la solicitud del querellante, el ex diputado Jaime Mulet, quien sostiene que los imputados deberían pagar con penas de cárcel y no con el pago de dinero a fundaciones de beneficencia y la asistencia a clases de ética, como se había establecido en el acuerdo.

En este sentido Fernando Santelices, abogado del ex parlamentario,  había aseverado previamente que con la suspensión condicional no se daban los requisitos de cárcel, mientras que en un juicio oral se puede llegar a discutir una pena de entre 3 años y un día a cinco años.

Los 10 imputados en el caso son: Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.

La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de "delación compensada", en la que admitió irregularidades y entregó información, recibiendo una multa de US$1 millón. Posteriormente, en marzo de 2011, el entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza, formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.

En otra arista del caso a comienzos del año pasado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicó una multa de US$20 millones a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a Farmacias Ahumada (Fasa) para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.

El fallo del TDLC Libre Competencia consideró numerosas pruebas recogidas en la investigación del Ministerio Público.