Chile es 48 en el mundo en ranking global de facilidades para hacer negocios

Chile se mantuvo en el puesto 48 entre los países con mayores facilidades para hacer negocios gracias a la nueva ley de insolvencia, según el informe anual que publica el Banco Mundial y que considera 189 economías de todo el mundo.

De acuerdo al “Doing Business 2016: Midiendo la calidad regulatoria y la eficiencia”, el país mejoró su puntaje desde 70,86 puntos a 71,49 puntos, con lo que quedó por debajo de México, que avanzó del puesto 42 al 38. Con este resultado Chile superó a Perú, que retrocedió del lugar 45 al 50, y Colombia, que bajó de la ubicación 52 a la 54. El ranking mundial es encabezado por Singapur, Nueva Zelanda y Dinamarca.

Mientras México y Perú implementaron dos reformas en el último año, Chile y Colombia adoptaron una.

En el caso de nuestro país, el análisis destacó la nueva ley de insolvencia que comenzó a regir en octubre del año pasado y que estableció tribunales especializados con jurisdicción exclusiva para los casos de quiebra.

La legislación “clarificó y modernizó todas las provisiones relacionadas con la reorganización y la liquidación” y “enfatizó la reorganización de negocios viables como una alternativa preferida a la liquidación”, aseguraron los expertos.

“Chile facilitó la continuación del negocio de un deudor durante los procesos judiciales de insolvencia al prohibir el término de los contratos sobre la base de la insolvencia”, destacó el análisis.

Además, se creó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se encarga de la administración general de los procesos judiciales de bancarrota.

“Siguiendo las buenas prácticas internacionales, la nueva ley mejoró la participación de los acreedores en los procesos judiciales de insolvencia e introdujo muchas nuevas provisiones sobre la reorganización, incluyendo estándares mínimos y procedimientos de votación”, puntualizó el informe.

En tanto, uno de los factores que jugó en contra fue la reforma tributaria, ya que la nación hizo más costo el pago de impuestos al elevar el gravamen corporativo.