Chile gasta sólo 0,1% del PIB en protección ambiental, la cifra más baja de la OCDE

El Gasto Público en Protección Ambiental (GPPA) por persona en Chile es de 8.900 pesos, así lo determinó un inédito estudio del Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se elaboró de acuerdo a estándares internacionales.

La investigación, denominada Estimación del gasto público en protección ambiental en Chile, advierte que en 2012 el país invirtió 145.042 millones de pesos, unos $260 millones de dólares, en protección ambiental, cifra que equivale a 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

A nivel de contaminación atmosférica, uno de los principales problemas que enfrenta la capital y el país por estos días, el gasto en protección del aire representa solo 4,2% del GPPA (unos 10 millones de dólares).

El GPPA puede definirse como aquel gasto realizado para financiar actividades cuyo propósito fundamental es la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y otras formas de degradación del ambiente.

"El estudio sobre gastos de protección ambiental se refiere al año 2012 y estamos comprometidos en realizar un seguimiento de estos gastos porque nos permite priorizar y perfeccionar la política ambiental.  Somos un país pequeño y con múltiples demandas y enormes desafíos en todo ámbito", dice a La Tercera Rodrigo Pizarro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la Cepal, la cifra, es la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), selecto grupo de países que integra Chile desde 2010.

"El gobierno de la Presidenta Bachelet reconoce que tenemos un déficit importante en materia ambiental, y que se requieren recursos adicionales, por esta razón el gobierno está impulsando una serie de iniciativas para atender nuestra problemática ambiental como son: la creación de un Servicio de Biodiversidad, la Ley de Reciclaje, los Impuestos Verdes, y la Estrategia de Descontaminación, entre otros. Estas iniciativas significan nuevos y sustantivos recursos para la política ambiental de manera de asegurar la calidad de vida de las personas y proteger nuestro medio ambiente. Esperamos que el Congreso y la ciudadanía tome nota de este estudio y reconozca la necesidad de avanzar en las iniciativas de política pública que estamos impulsando", agrega Pizarro.

Los resultados se obtuvieron utilizando la metodología de Clasificación de las actividades y gastos para la protección del medio ambiente (CAPA), en 30 servicios del gobierno central, pertenecientes a 9 ministerios.

Tres actividades concentraron el 70% del gasto: la protección de la biodiversidad y el paisaje, la gestión de las aguas residuales y otras actividades de protección ambiental, entre las que se incluyen la evaluación de impacto ambiental, la fiscalización y el monitoreo, el fortalecimiento de la institucionalidad y la generación de información.

Los ministerios que más contribuyen al GPPA son los de Agricultura, Interior y Medio Ambiente, a los cuales se atribuye el 80% del total estimado.

Este tipo de estudios buscan identificar ¿quién gasta los recursos?, ¿cómo se gastan los recursos? y ¿para qué se gastan los recursos?. Entre las principales dificultades para su realización, dice el informe, destaca "la imposibilidad de contar con el concurso de todas las instituciones relevantes y la falta de información desagregada en los registros contables de los servicios involucrados. Asimismo, en algunas ocasiones no fue posible distinguir ciertos gastos en protección ambiental que formaban parte de programas con énfasis no ambientales. En otros casos, no se pudo desagregar la información según rubros de protección".