Codelco demanda a Contraloría y la acusa de impedir gestión de la firma

A la Justicia decidió llevar Codelco a la Contraloría General de la República (CGR), tras la auditoría que le realizó ese organismo en que se detectó, en mayo pasado, irregularidades en ciertos contratos de compra de bienes y servicios entre partes relacionadas.

A través de una demanda de nulidad de derecho público de 85 páginas, el abogado de la cuprera, Nikolai Bakovic, secundado por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Luis Cordero; acusó que la Contraloría ignoró las normas por las cuales se rige Codelco, es decir, la Ley de Sociedades Anónimas y, de obligarla a seguir las normas de contratación de un servicio público, se vería afectada la competitividad de la empresa, impididendo así una correcta gestión de la minera. En el juicio, la representación de Contraloría la asumirá, tal como suele hacerse en estos juicios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"La CGR, en una intempestiva modificación de la que había sido su posición histórica e incluso yendo en contra de sus propios dictámenes, ha resuelto cambiar de criterio apartándose del ordenamiento jurídico, al aplicar a Codelco una suerte de combinación regulatoria absolutamente impropia y contraria a normas legales expresas, incurriendo así en un vicio de violación de ley (…), Motivo por el que resulta procedente y necesario que declare la ineficacia por nulidad de las materias que se señalarán y que forman parte del Informe Final", se lee en la demanda ingresada al 25° Juzgado Civil de Santiago.

Lo que pide el equipo legal de la empresa estatal no es que se deje sin efecto la fiscalización, sino que se apliquen las normas por las cuales se rigen la contratación de servicios con partes relacionadas. "La pretensión de someter a Codelco a normas que no le son directamente aplicables, genera una seria afectación de sus intereses e impide la normal y fluida administración de la compañía, inserta en un mundo altamente competitivo en que las decisiones eficientes, probas y eficaces deben adoptarse en tiempos acordes a la velocidad de los negocios", recalcan.

"El Estado, en su actividad empresarial, ha de regirse por las mismas normas que el sector privado, sin privilegios ni estatutos especiales, pero tampoco con restricciones que hicieran inoperante o que afectaran en forma relevante su actividad empresarial", destaca la demanda, recordando la génesis de la minera en la década de los 70: una empresa estatal, pero comportándose como una privada.

Codelco además recuerda que en 2009 se modificó su gobierno corporativo y se dejó claramente establecido que sus actos se regirían por las leyes de Sociedades Anónimas y del Mercado de

Valores, salvo que una ley específicamente incluya a Codelco, lo que no ocurrió con la creación, en 2006, de le Ley de Compras Públicas, que Contraloría intenta aplicar a Codelco.

"Ni la Ley Orgánica General de Administración del Estado ni la Ley de Compras Públicas, normas legales de carácter general que la CGR pretende aplicar a Codelco en su informe final, hacen 'referencia expresa a Codelco', como exige el artículo 25 del DL N°1.350 (que creó a Codelco), de modo tal que resulta inusitado y ciertamente contrario a la ley, que la CGR insista en su aplicación", destaca la demanda.

Codelco también insiste en que la Ley de Compras Públicas (LCP) y la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), son diametralmente opuestas en cuanto al trato de las compras entre partes relacionadas, que es una de las principales objeciones del informe de Contraloría. "No debe perderse de vista, como se adelantó, que la LCP sanciona con la nulidad las denominadas operaciones relacionadas, en contraposición al tratamiento que la LSA -y la normativa interna de esta parte- entrega a dichas operaciones, circunstancia que importa una diferencia irremontable y efectos ciertamente perjudiciales, considerando las particulares características del mercado minero y el tamaño y relevancia de esta parte dentro de dicho mercado, que hace muy frecuente y muchas veces ineludible, esta clase de operaciones".

Incluso, dice que si Codelco acogiera la regla general de licitaciones públicas, el perjuicio jurídico se manifiesta en un aumento innecesario de la burocracia asociada a los actos y contratos requeridos para el desarrollo de su giro, que afectan de forma concreta y demostrable su gestión.

"Debe tenerse presente que Codelco compite en el mercado internacional del cobre, y que la adopción de licitaciones públicas como regla general implicará destinar más tiempo (horas/persona) y mayores recursos para la gestión de contrataciones que no necesariamente lo ameritan", destaca la demanda.