Colombia, luces y sombras de la política de seguridad de Uribe

Este sello no sólo resonó tanto con el electorado que le garantizó una gestión prolongada y popular sino que también, al adoptarlo, su sucesor Juan Manuel Santos se garantizó la presidencia.

¿Pero qué es la "seguridad democrática"? ¿Podría convertirse en un modelo de exportación?.

No hay consenso sobre qué significa este concepto.

Si uno recurre a la enciclopedia de internet Wikipedia, está definida como la "política gubernamental del presidente Álvaro Uribe Vélez que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro de la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales".

Tampoco hay consenso sobre cuán exitosa ha sido, pues aunque pocos niegan sus logros, muchos cuestionan lo que se sacrificó para conseguirlos.

ANTES Y AHORA
En 2001, cuando era candidato, Uribe escribió un manifiesto de cien puntos en el que prometía una "Colombia sin guerrilla y sin paramilitares".

En ese entonces, en el país había casi 29.000 homicidios al año, siete secuestros al día y la guerrilla (nacida en la década de los años 60) y los paramilitares (surgidos en los 80) estaban fortalecidos. Colombia era casi "un Estado paria", según los uribistas.

Cuando Uribe llegó al poder, invirtió grandes cantidades de recursos en el fortalecimiento de las fuerzas militares y se propuso crear una red de informantes civiles.

Ocho años más tarde, Colombia todavía tiene guerrilla y paramilitares. Sin embargo, el país se percibe como más seguro, se viaja más tranquilamente por las carreteras y se han reducido sustancialmente los homicidios y los secuestros.

¿ÉXITO PASAJERO?
Hace pocos días, cuando presentó el balance de su gestión, el ministro de Defensa Gabriel Silva comparó la seguridad democrática con una "segunda independencia" y a Uribe con Simón Bolívar.

Pero no todos aplauden tan fuerte. En conversación con BBC Mundo, el analista León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, reconoce que "Uribe logró desalojar a las guerrillas de los grandes centros de producción, que era su gran obsesión", pero subraya que el desplazamiento forzado se incrementó y sucedió incluso en zonas donde "supuestamente se desmovilizaron los paramilitares".

Valencia añade que a partir de 2008 Colombia empezó a retroceder en materia de seguridad y dice que ese año los homicidios volvieron a incrementarse y que la situación en algunas ciudades, como Medellín, volvió a las peores épocas del narcotráfico.

El analista atribuye el deterioro de la seguridad en Medellín al rompimiento del acuerdo de paz que el gobierno nacional hizo con el principal grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"Lo que está pasando en Medellín en estos momentos es que está haciendo agua la política de seguridad democrática", afirma.

CIFRAS A FAVOR
No obstante, los defensores no dan su brazo a torcer. El experto Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, le dice a BBC Mundo que "la seguridad democrática ha mejorado sustancialmente la percepción de seguridad de los colombianos y de la comunidad internacional sobre Colombia".

Pero el caricaturista político Vladimir Flórez "Vladdo" afirma que "el 7 de agosto de 2002 –cuando Uribe llegó al poder– no fue el primer día de la creación en materia de seguridad, porque ya había procesos que venían en marcha desde antes, como el fortalecimiento del ejército y el Plan Colombia, iniciados bajo el presidente Andrés Pastrana".

Sea como fuere, Rangel anota que su fundación evaluó la seguridad en 27 ciudades y encontró que "bajaron de manera significativa los delitos de mayor impacto, como homicidio -a menos de la mitad-, secuestro -en un 90%- y hurto de autos".

Los números no logran convencer a Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las más conocidas organizaciones defensoras de derechos humanos del país, quien no duda en decirle a BBC Mundo que "la seguridad democrática ha sido más propaganda que realidad".

"A grandes rasgos, los homicidios bajaron con Uribe, pero los asesinatos atribuidos a miembros de la fuerza pública se duplicaron", subraya Gallón y asegura que la política de seguridad incrementó prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los "falsos positivos".

Se trata de asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos inocentes presuntamente cometidos por el ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. La fiscalía está investigando más de 1.700 casos hasta ahora denunciados.

Amigos del gobierno, como Rangel y el senador Roy Barreras, no defienden lo que pasó pero indican que el gobierno de Uribe enfrentó los "falsos positivos" y los puso al descubierto.

SOMBRAS
El de los "falsos positivos" no es el único escándalo que ha enfrentado el gobierno. Hay también denuncias contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia que depende de Uribe, por interceptaciones y seguimientos ilegales, y hasta por vínculos con los paramilitares.

"Si este gobierno perseguía e interceptaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué podía esperarse con los periodistas, los defensores de derechos humanos y la oposición?", le comenta a BBC Mundo el director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Curiosamente, fue para indicar que no hay lugar para ese tipo de abusos que se le puso el apellido de "democrática" a la política de seguridad.

El ex magistrado y ex candidato presidencial de la izquierda, Carlos Gaviria, le dijo a BBC Mundo que Uribe tomó el término "seguridad democrática" de unos talleres que organizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, entre 1999 y 2001.

"La idea era diferenciar la seguridad democrática de la seguridad nacional que se manejó en los años 70 y que se relacionaba con los abusos cometidos por las dictaduras en el Cono Sur", indica Gaviria.

Según el jurista, "la seguridad de Uribe fue bastante irrespetuosa de los derechos humanos y, con el pretexto de protegerlos, lo que hizo fue irrespetarlos y violarlos".

Uribe responde que los excesos fueron casos "aislados", se queja de las "falsas denuncias" y pide que su política de seguridad se mantenga.

Sus seguidores lo defienden con tenacidad. Fernando Londoño Hoyos, quien fue el primer ministro del Interior que tuvo Uribe, escribió en el diario El Tiempo: "Se han hecho todos los intentos por llenar de sombras la hazaña de la seguridad democrática. En vano. El ciudadano común sabe que puede recorrer los caminos de Colombia sin esperar el asalto de la guerrilla en cada recodo del camino".

Ese mérito se lo reconocen personalidades como el abogado Andrés Isaza, pero lamenta que "a veces se haya saltado la ley para lograrlo y que haya sido maquiavélico, donde el fin justifica los medios".