Colombia presenta queja ante Interpol por orden de arresto contra ex ministro

El Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo hoy que su gobierno presentó una queja ante la Policía Internacional (Interpol) por una orden de arresto contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, expedida por un juez de Ecuador a raíz de un ataque militar colombiano en ese país.

La orden fue impartida por el juez Daniel Méndez, de la población amazónica de Sucumbíos, quien investiga a Santos por el bombardeo que el Ejército colombiano efectuó el 1 de marzo de 2008 contra un campamento guerrillero.

En el ataque, que además produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, murieron 25 personas, entre ellas alias "Raúl Reyes", segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La decisión del juez prendió las alarmas en el gobierno colombiano ante la posibilidad de que Santos sea detenido por la Interpol, pues desde que renunció al cargo de ministro de Defensa, en mayo pasado, se encuentra en el exterior.

"No lo dejamos tocar. Lo primero que tiene el (ex) ministro Santos es un pasaporte diplomático. Nosotros hemos elevado, desde que se supo la acción temeraria del juez ecuatoriano, un juez que usurpa la justicia, porque no tiene competencia para ello, nuestra queja ante Interpol y seguiremos trabajando en eso", dijo Uribe.

Según versiones de prensa procedentes de Quito y conocidas en Bogotá, la oficina de la Interpol con sede en Ecuador recibió hoy la orden de captura de parte del juez Méndez, tras lo cual la solicitud debe ser calificada por la central del organismo, en Francia.

El diario El Tiempo reveló que se analizaron varios escenarios para evitar la detención y se habló de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la Corte de La Haya.

A dicha reunión asistieron los ministros del Interior y Justicia, Fabio Valencia; de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; y el encargado de la cartera de Defensa, general Freddy Padilla; así como el fiscal general, Mario Iguarán; y el jefe del servicio secreto y de migración DAS, Felipe Muñoz.

Un comunicado expedido al término del encuentro aseguró que el bombardeo se fundamentó "en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo", contra un "objetivo legítimo" y con "estricta observancia del derecho internacional humanitario".