Columna de Álvaro Vargas Llosa: Kuczynski: el golpe que no pudo ser

Un año y menos de cinco meses después de asumir la Presidencia, Pedro Pablo Kuczynski ha sido objeto de un procedimiento de vacancia que solamente ha ocurrido tres veces antes en la bicentenaria historia del Perú y que desató una crisis política grave por más que el mandatario haya logrado superar el intento de destituirlo (el golpismo encubierto obtuvo 79 votos pero necesitaba 87, dos tercios del Congreso). Para que los lectores entiendan lo sucedido, planteo y respondo cinco preguntas.

¿De qué se acusaba al Presidente Kuczynski?

Es difícil, en el torbellino político, separar la paja del trigo. Hay que diferenciar entre la acusación por la que se quiso aplicar el texto de la Constitución que permite declarar la vacancia de la Presidencia y las otras acusaciones, relacionadas con los mismos hechos, que son parte del debate público pero no lo fueron del proceso mismo.

Los hechos tienen que ver con la etapa, entre 2004 y 2006, en que PPK fue ministro y primer ministro. Se ha hecho público que durante esos años Westfield Capital, empresa inscrita en Estados Unidos desde comienzos de los 90 de la que el mandatario era accionista único, fue contratada como consultora financiera por Odebrecht, concesionaria del Estado peruano en una obra vial y un proyecto de infraestructura agrícola, para colocar papeles en el mercado de capitales. Entre 2004 y 2007, Westfield Capital recibió pagos de Odebrecht relacionados con sus consultorías financieras por un monto total de 782 mil dólares, de los cuales 62 mil ocurrieron ejerciendo PPK función pública (2004-2006).

Esto levantó sospechas de conflicto de interés (confusión de lo público y lo privado), infracción constitucional (está prohibido que el funcionario ejerza una actividad lucrativa) e incluso corrupción (Odebrecht ha reconocido haber pagado un enorme soborno al entonces Presidente Alejandro Toledo). Sin embargo, la acusación del Congreso era por "faltar a la verdad" cuando, en respuesta al propio Parlamento, PPK negó haber tenido vínculos o recibido dinero de la empresa brasileña. Por razones que explico más adelante, sólo la mentira fue materia del proceso de vacancia de la Presidencia, no un posible conflicto de interés, eventual infracción constitucional o hipotético soborno.

¿Tenía la acusación contra Kuczynski fundamento?

PPK sostiene que no mintió porque él no tuvo nunca relación con Odebrecht ni gestionó la compañía Westfield, de la que era sólo un accionista pasivo, pues la administración estaba a cargo del chileno Gerardo Sepúlveda. Asegura también que nunca fue informado de los contratos de Westfield con Odebrecht porque erigió una "muralla china" entre su papel de dueño y la gestión (término y práctica muy conocidas en el mundo financiero). Las concesiones que obtuvo Odebrecht fueron anteriores a la contratación de Westfield y los contratos entre Odebrecht y Westfield (también el Banco de Crédito del Perú) se realizaron entre privados. A diferencia de lo que ha sostenido en relación con Toledo, a quien dijo haberle pagado un soborno de 20 millones de dólares, la empresa brasileña nunca ha afirmado que compró la voluntad de PPK para obtener las concesiones. Es más: la propia Odebrecht dijo en su momento, mucho antes de estallar este escándalo, que PPK había sido "una piedra en el zapato" para el otorgamiento de una de las concesiones.

Los pagos a Westfield fueron todos por servicios reales, a través del circuito financiero, y fueron declarados a las autoridades fiscales. En el caso de PPK, está comprobado que declaró los dividendos recibidos en Westfield y que tributó sobre ellos. Lo que exige estirar la credulidad es que no supo hasta el intento golpista de vacancia que la empresa había sido consultora de Odebrecht.

¿Violó PPK la ley?

En realidad esta pregunta era ajena al proceso de vacancia porque sólo se le ha acusado de mentir. Sin embargo, era la pregunta realmente importante. La fiscalía ha abierto una investigación y tendrán que ser las instancias jurisdiccionales las que determinen eso. Nada, hasta ahora, permite suponer que PPK violó la ley. La Constitución dice que el funcionario no podía gestionar intereses o desarrollar actividades lucrativas, pero no impide ser accionista pasivo de una empresa, algo que son también muchos funcionarios ahora mismo (incluyendo los que tienen acciones a través de una AFP, por ejemplo).

Desde mi punto de vista, lo que sí hay es una torpe apariencia de incompatibilidad o conflicto de interés, faltas normalmente administrativas en muchos países, que PPK debió evitar porque la gran muralla china debe ser siempre la que separe a la política de los negocios. Es cierto que no es fácil evitarlo si uno no tiene información acerca de qué contratos firma la empresa de la que es accionista. Pero para evitar, precisamente, el riesgo de que esa empresa ejerciera actividades en áreas en las que el ministro tenía competencia, lo ético hubiera sido desprenderse de ella o colocarla bajo alguna estructura ciega.

¿Violó el pedido de vacancia de la Presidencia la Constitución del Perú?

La iniciativa de destitución del Presidente se basa en un artículo de la Constitución que es sumamente claro respecto de algunas causales que justifican la vacancia -como la muerte o incapacidad física- pero muy difuso respecto de la empleada en este caso: "Permanente incapacidad moral". El término aludía, originalmente, a la salud mental; con el tiempo se mantuvo su uso sin reparar en que, con la acepción moderna, a cualquier cuestionamiento se le podía poner el pretexto "moral" para dar un golpe contra el Presidente.

La Constitución permite asimismo iniciar acciones para destituir al mandatario si comete lo que se considera un delito, pero ese proceso -un antejuicio en el Congreso como paso previo para que el Poder Judicial intervenga- es largo y exige la existencia de pruebas, testigos y una pormenorizada investigación. Pero eso sólo se puede hacer hasta un máximo de cinco años después de dejado el cargo. En cualquier caso, tampoco estaba en el ánimo de la oposición un proceso serio y largo. La única forma de emplear el método "exprés" era utilizar la figura de la permanente incapacidad moral, que no exige acusación constitucional mediante antejuicio político.

Dado lo difuso del término, para decidir si el proceso de declaración de vacancia violó la Constitución y equivalió a un golpe del Parlamento contra el Presidente, hay que tener en cuenta el espíritu de la Constitución, la naturaleza del sistema presidencial peruano, los antecedentes históricos y el contexto político e institucional del país. Si se tiene todo eso en cuenta, se verá por qué se ha utilizado tan pocas veces en la historia ese procedimiento y por qué es tan grave emplearlo. En este caso, no hay indicios de permanente incapacidad moral del Presidente por hechos criticables ocurridos hace casi década y media y sí, en cambio, enormes riesgos institucionales en un país de democracia tierna y débil.

Un agravante es que la mayoría que controla el Congreso, el fujimorismo, es casi sinónimo en la política peruana de destrucción de instituciones democráticas y corrupción (Fujimori fue, él sí, destituido por incapacidad moral).

En este mismo periodo de gobierno, las pruebas de que el fujimorismo quiere erosionar las instituciones democráticas son abrumadoras. Han presentado, por ejemplo, una acusación constitucional contra el fiscal de la nación en venganza porque la fiscalía está avanzando en sus investigaciones sobre los vínculos de un ex secretario general de ese partido con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y por indicios de que Odebrecht participó en el financiamiento ilegal de la campaña de Keiko Fujimori. El fujimorismo también está tratando de destituir o suspender a magistrados del Tribunal Constitucional porque esa instancia puede ser decisiva si su lideresa tuviera que iniciar acciones para paralizar medidas cautelares graves.

¿Por qué se llegó a esta crisis?

Las razones inmediatas son que el electorado dividió el poder en las últimas elecciones entre un presidente de una agrupación determinada y un Congreso con mayoría opositora con graves antecedentes políticos y éticos. Pero eso hubiera podido superarse si todos los intentos de PPK de establecer un modus operandi entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hubieran recibido una respuesta negativa menos contundente. Desde el primer día el fujimorismo, que sigue sosteniendo que le robaron la elección presidencial, ha hecho muy evidente su estrategia de derribo contra PPK. Por eso, por ejemplo, censuraron en el Parlamento -o provocaron la renuncia so pena de censura- a cinco ministros de PPK. Más tarde tumbaron a un gabinete entero.

Hay que decir que el Presidente contribuyó a su propia crisis al no fijar una línea roja desde el inicio que le señalara al fujimorismo los límites. Pudo haber respondido a la censura de su primer ministro de Educación pidiendo la confianza del Congreso para el gabinete. En el ordenamiento peruano, si el Congreso niega la confianza a dos gabinetes, el mandatario puede disolver legalmente el Parlamento y convocar elecciones legislativas (que dado el desgaste del fujimorismo y la entonces razonable popularidad de PPK habían producido una composición parlamentaria muy distinta). Kuczynski, en lugar de ejercer un liderazgo firme, coqueteó con la idea, por ejemplo, de indultar a Fujimori. Hizo otras concesiones y se mostró contemporizador en los momentos de mayor agresividad contra él. El proceso de vacancia tiene mucho que ver con la percepción de que es un Presidente débil.

¿Qué cabe esperar de ahora en adelante?

El empeño del fujimorismo por copar las instituciones tanto para protegerse de las investigaciones como para ejercer el poder que las urnas no le concedieron continuará. De eso hay absoluta seguridad. Con una novedad importante: la división de la bancada fujimorista: 10 de ellos se abstuvieron, incluyendo Kenji Fujimori, rival de su hermana Keiko. Todo indica que esos nueve se alinearon con él. Lo que no está del todo claro es si el Poder Ejecutivo responderá con docilidad o firmeza al fujimorismo mayoritario. El clima político seguirá envenenado durante un buen tiempo y quizá el ruido político haga difícil que el crecimiento económico, que estaba retomando impulso, alcance en 2018 el 4% que pronostican los más optimistas.

¿Podrá acabar su mandato Kuczynski? El movimiento en favor de la democracia, principal fuerza del Perú (conocida también como "antifujimorismo") lo sostendrá. No puede descartarse del todo que, habiéndose visto con la soga al cuello por la acción desleal del fujimorismo y un sector de la izquierda dura, que fue la que inicialmente presentó la moción para la vacancia, PPK reaccione y dé a su liderazgo un tono y dimensión que han faltado en todo este tiempo. Si así fuera, quizá vengan tiempos algo mejores.