Comisión aprueba que todas las instituciones de educación superior deben ser complejas

La Comisión de Educación de la Cámara continuó ayer la votación de la reforma a la educación superior. Finalmente, se presentaron 522 indicaciones para modificar el proyecto y algunos de los puntos más conflictivos durante la sesión se concentraron en la acreditación.

En ese sentido, los diputados aprobaron que todas las instituciones de educación superior deben ser complejas, lo que se traduce en que tendrán que estar certificadas obligatoriamente en cinco áreas: docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación e innovación; y, vinculación con el medio.

Estas dimensiones serían las herederas de las actuales áreas de acreditación institucional, de las cuales sólo docencia de pregrado y gestión institucional son obligatorias. Investigación, docencia de posgrado y vinculación con el medio son voluntarias.

Por eso, este cambio causó diferencias no solo entre los diputados de Chile Vamos, sino también entre la Nueva Mayoría por el impacto que pueda causar en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Tras una larga discusión en la comisión, se definió dejar una excepción para los planteles técnicos. Así, a ellos se les exigirá también ser instituciones complejas, pero podrán optar entre tener generación de conocimiento, creación o innovación.

Alberto Robles (PR), explicó que el artículo se aprobó, pero se hizo una diferencia entre las universidades y el mundo técnico. "No podemos pensar que los CFT o IP tengan creación de conocimiento. Hay algunos que ahora son buenos y difunden conocimiento, pero no lo crean", dijo el diputado.

Según Jaime Bellolio (UDI), la idea de que todas las áreas sean obligatorias es impracticable. "No se puede exigir a todo el sistema que sea complejo. Solo 13 universidades cumplen hoy con la condición que se busca hacer obligatoria y que es estar acreditada en todas las áreas. Esto a la larga implicaría cerrar muchas instituciones o relajar el estándar de lo que se entiende por investigación", señaló.

Mario Venegas (DC) explicó que se dejaron estándares distintos para las universidades y los IP y CFT "porque son sistemas diferentes".

Juan Pablo Guzmán, rector del IP Santo Tomás y presidente de Vertebral -agrupación de IP y CFT acreditados- subrayó que tiene que haber consistencia entre lo que se le pide a las instituciones, la misión que se define para ellas y el apoyo que se les da: "El proyecto es inconsecuente, porque no agrega una forma de financiamiento para esta nueva exigencia".

Para Patricia Noda, secretaria ejecutiva de Vertebral, "la innovación para los planteles técnicos es una buena tarea y un desafío. Uno de sus ejes podría ser tener una mayor vinculación con el sector productivo y generar líneas de trabajo en torno a la innovación, pero para eso debe haber programas de apoyo financiero". Agregó que hay instituciones que cuentan con innovación, pese a que no es obligatoria.

Guzmán añadió que "para las universidades hay aportes a la investigación, porque se entiende como parte de su rol público, si los institutos y centros de formación técnicos tendrán que tener investigación, entonces también deberían recibir apoyo financiero". Sostuvo que este financiamiento "no necesariamente tiene que ser por fondos directos, pueden ser fondos concursables, por ejemplo".

Además, ayer se aprobó que se considerará una institución acreditada con más de cuatro años de certificación, con un máximo de siete años. En tanto, un plantel visado por cuatro años será considerado en estatus "condicional" y deberá pasar nuevamente por el proceso de acreditación.

Durante esta madrugada, la comisión seguía votando el proyecto hasta su total despacho.