Comisión sugiere fin de aportes de empresas, limitar reelección de alcaldes y transparencia en gastos de Defensa

En 217 páginas y cinco capítulos el consejo anticorrupción convocado por la Presidenta Michelle Bachelet sugiere múltiples medidas pro transparencia y probidad, entre ellas, reformar el sistema de financiamiento de la política, tanto en épocas de campañas como en el funcionamiento diario de los partidos, terminando con los aportes de las empresas.

Donde no existió acuerdo al interior de la comisión fue en el fin total de la reserva de los aportes de privados, ya que algunos miembros apoyaron la idea de mantener el secreto de quienes donen hasta 20 UF (casi $500 mil).

Se plantea rigidizar el tránsito de las autoridades desde sus cargos públicos al sector privado, con un plazo de veda de un año, limitar las reelecciones de los alcaldes a sólo dos mandatos, homologar las exigencias de presentar declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades de los poderes judiciales y legislativos con las del Ejecutivo, profundizar normas sobre el lobby y sus gestores.

El grupo liderado por el economista Eduardo Engel propone, además, transparentar gastos en Defensa, junto con eliminar la Ley Reservada del Cobre.

Asimismo, se sugiere legislar sobre la propaganda electoral tanto en sus plazos para efectuarla -se plantea un lapso de precampaña 30 días antes de las primarias- como en los lugares para exhibirla.

Una franja radial obligatoria es otra de las propuestas de la comisión.

También se incorpora fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.

REGULACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:

En el segundo capítulo del informe de la comisión Engel, referido a los conflictos de interés, se proponen fuertes restricciones para las principales autoridades públicas. Específicamente, se plantea que ministros y subsecretarios, además de toda autoridad de una institución fiscalizadora, no podrá trabajar, entregar servicios o establecer vínculos comerciales por un plazo de un año -desde el cese de sus funciones en el Estado- con organizaciones privadas que hayan estado bajo el área de supervisión de esa autoridad.

En otro punto, se señala que cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o delito simple deberá quedar inhabilitada para postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de diez años. Asimismo, en el informe se propone prohibir la postulación a un cargo en el mismo distrito, circunscripción o comuna en la que ejerza un cargo un cónyuge, conviviente o pariente de la persona que pretende competir, hasta el segundo grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad.

Además, el consejo asesor pide que se aumenten las multas por incumplimiento de las normativas y que se incorpore una "agravante penal". Esto, en el caso de que un funcionario público falsee u omita información de su declaración de patrimonio y/o intereses.

FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

En el tercer apartado, el consejo propone una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público.

El consejo propone establecer un fondo público de financiamiento a los partidos políticos de aproximadamente $6.900 millones anuales (equivalente al gasto anual en campañas), donde un 20% se distribuya en forma equitativa entre los partidos y un 80% variable según la votación obtenida en la última elección de diputados.

Además, se establece un mecanismo de financiamiento público de los partidos, tanto para sus gastos operacionales como para fortalecer su accionar programático. El consejo propone, además, que las personas jurídicas (empresas) tengan prohibido aportar a partidos políticos y a campañas electorales. Además, se propone asegurar que durante los días de elección exista transporte público local gratuito para todos los electores, asegurando que este no interfiera en las condiciones de competencia.

También se propone reducir significativamente los límites de gasto total permitidos para campañas políticas en todo tipo de elecciones, y la prohibición de utilizar monumentales y palomas durante las campañas. Además, se propone ampliar la figura de cohecho para incluir una serie de prácticas irregulares que pueden darse en las campañas como, por ejemplo, la entrega de dinero o regalos a personas o grupos.

Asimismo, se establece la pérdida del cargo y la prohibición de desempeñarse en un cargo público como sanción ante infracciones graves a las regulaciones del financiamiento y gasto electoral.

MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS

El consejo anticorrupción plantea en el documento que en los últimos años se han conocido "casos emblemáticos de conflictos en el ámbito privado, como el uso de información privilegiada, colusión en algunos mercados e infracciones contra accionistas minoritarios".

En este contexto se propone "adecuar penas, tipificación y prescripciones de los delitos de corrupción de acuerdo a los estándares internacionales" y crear una fiscalía de alta complejidad, con facultades y recursos para "investigar y perseguir los delitos de corrupción. Se propone, por ejemplo, dotar a las autoridades fiscalizadores de mayores facultades intrusivas como acceso al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

La Comisión propone también potenciar las denuncias de ilícitos fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes. Se propone eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas por parte de los organismos reguladores y revisar sanciones a estos delitos para asegurar proporcionalidad respecto del daño causado.

También se propone fijar criterios generales para transacciones que no son habituales dentro del giro de la empresa, como las donaciones que gocen de beneficios tributarios y crear nuevas capacidades de detección de fraudes e irregularidades.

Proponen también eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas por parte de organismos reguladores, sin perjuicio de la existencia de plazos de prescripción

INTEGRIDAD, ÉTICA Y DERECHOS CIUDADANOS:

En este capítulo se propone la creación de una oficina de Defensoría Ciudadana. El objetivo de esa instancia, plantea el informe, es velar por los "derechos de los ciudadanos frente a actos de la administración pública donde recae su competencia".

Además, enumera una serie de medidas para el Congreso. Específicamente, pide incorporar a las comisiones de Ética y Transparencia de la Cámara y el Senado a personas independientes, que tengan conocimiento sobre temas de "integridad", y que no hayan sido parlamentarios anteriormente. "Estas personas pueden ser seleccionadas por el Sistema de Alta Dirección Pública y la aprobación de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio de cada Cámara, previa audiencia pública", se lee en el documento.

En esta área, se plantea, incluso, la cesación del cargo como una de las medidas de mayor dureza para el diputado o senador que "promueve o vota asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos o a sus parientes más cercanos, así como también por el uso indebido de asignaciones parlamentarias o por utilizar formas de financiamiento electoral ilegal".