Comité de Ministros debe zanjar futuro de proyectos por US$8.800 millones

Dura tarea tendrá, desde ahora y hasta el fin de la actual administración, el Comité de Ministros. La instancia interministerial ha cobrado gran relevancia en los últimos años, dada su facultad de dar el visto bueno o de rechazar proyectos de inversión posterior a la etapa de evaluación ambiental.

En los próximos meses -el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo es antes del cambio de mando, en marzo de 2018- el Comité de Ministros deberá revisar un total de 9 proyectos, que suman US$ 8.800 millones en inversión. Además del proyecto Dominga (que costará unos US$ 2.500 millones), en el listado aparece el proyecto minero Cerro Casale (US$ 5.210 millones de inversión), y la central termoeléctrica Los Rulos, propiedad de IC Power, que se planea instalar en la zona de Limache, Región de Valparaíso.

A estos se suman otras obras de menor tamaño, como el Terminal Multipropósito Oxiquim, en Quintero (US$ 126,1 millones) y la central hidroeléctrica Nido de Águila, en la zona de Pacific Hydro, que costará US$ 280 millones y que se planea instalar en la Sexta Región.

La cifra podría crecer todavía más, pues hay otros tres proyectos que se encuentran judicializados, y que eventualmente también llegarán al Comité de Ministros. Se trata de la línea de transmisión Cardones-Polpaico de Interchile; la ampliación del embalse Ovejería, de la División Codelco Andina; y el centro de distribución El Peñón, de Walmart Chile; que en conjunto suman cerca de US$ 1.300 millones, lo que empinaría el monto total hasta los US$ 10.000 millones.

Cuestionamientos

Según Ricardo Irarrázabal, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante la administración de Sebastián Piñera, una rápida resolución del comité es importante, puesto que su decisión se puede reclamar ante tribunales ambientales y la Corte Suprema vía recursos de casación. "Todo ello supone un largo período para que el proyecto pueda, finalmente, iniciar la construcción, ya que aunque la RCA favorable permite en principio la construcción del proyecto, son pocos los que toman el riesgo de iniciar su ejecución sin que esta esté a firme", dijo.

Irarrázabal agregó que el rol de este organismo resulta "confuso" en la actualidad, y propone eliminarlo. "Este órgano es una rareza dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sería preferible que no existiera, que las reclamaciones pasaran directo a los Tribunales Ambientales, o que existiera una reclamación administrativa a un panel de índole técnico", añadió la ex autoridad.

Defensa del Comité

El director ejecutivo del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, defendió la figura del comité, y destacó las cifras conseguidas durante este gobierno. "Éste órgano ha sesionado en 29 ocasiones, resolviendo un total de 148 recursos de reclamación, los que se encuentran asociados a 40 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)", afirmó.

Moscoso agregó que estas cifras "dan cuenta de un avance significativo si se compara con la administración pasada, que sólo sesionó en 12 ocasiones y resolvió sólo 43 recursos, asociados a 26 RCA". El actual gobierno tuvo que zanjar, por ejemplo, el proyecto HidroAysén, que la anterior administración no revisó pese a que los plazos estaban cumplidos.

"Es importante destacar que entre el 11 de marzo de 2014 y el 23 de mayo de 2017 se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un total de 2.874 proyectos; de ellos, 60 han sido judicializados. Es decir, sólo el 2,08% de los proyectos ingresados al SEIA en el período indicado han sido impugnados ante los tribunales de justicia", sostuvo Moscoso.